Ante la ciudadanía congregada en la plaza de Santiago, Gino Bavestrello, dirigente del Consejo Nacional de Defensa de Patrimonio Pesquero (Condepp), aseguró que «la Ley Longueira a los pescadores artesanales les prohibió pescar, pero a los ciudadanos les prohibió comer pescado». Esa es la razón -afirmó el dirigente- que en este lanzamiento de campaña esten presentes estudiantes, trabajadores, dueñas de casa y organizaciones ciudadanas».
Santiago de Chile, 15 de Junio de 2015. (Ecocéanos News)– Una masiva caminata y recolección de firmas destinada a lanzar la campaña por la anulación de la corrupta ley general de pesca y acuicultura, realizaron este lunes en Santiago, pescadores artesanales, estudiantes, pobladores, la organización Ecoceanos y movimientos sindicales.
La actividad se inició en la Plaza de Armas de la capital y a través del paseo Ahumada llegó al frontis de la casa central de la Universidad de Chile donde se demandó fin a la corrupción y se denunció que la Ley Longueira es hija del dinero empresarial, del cohecho y del soborno.
Ante la ciudadanía congregada frente a la Catedral de Santiago, Gino Bavestrello, dirigente del Consejo Nacional de Defensa de Patrimonio Pesquero (Condepp), aseguró que «la Ley Longueira a los pescadores artesanales les prohibió pescar, pero a los ciudadanos les prohibió comer pescado». Esa es la razón -afirmó el dirigente- que en este lanzamiento de campaña esten presentes estudiantes, trabajadores, dueñas de casa y organizaciones ciudadanas».
«Lo que buscamos es anular la Ley Longueira, comenzar una moratoria a la privatización de los peces y mientras tanto, entre todos los sectores sociales, comenzar a construir una nueva Ley de Pesca democrática y que respete los derechos de todos los ciudadanos y pueblos indígenas», agregó Bavestrello.
Puntualizó además que «anular la Ley Longueira no generará un caos en el mar, ni tampoco un carrera olímpica, sino que debe regir la Ley de 1991 en que los peces continúan siendo propiedad del Estado y el Estado debe administrarlos de manera equitativa y sustentable. Aca no habrá Ley de La Selva, como dicen los industriales, aca habra una Ley justa, democrática, transparente para todos los sectores».
En la ocasión también la presidenta de los estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Valentina Saavedra, afirmó que «esta lucha la vemos como propia, por la defensa de nuestros derechos, de los recursos naturales del país y que hoy se entregan sin ningun tipo de reflexion a los empresarios, a unas pocas familias empresariales que finalmente estan lucrando con nuestros derechos. Son las familias que finalmente estan lucrando con nuestra salud, con nuestra educación con nuestra agua y nuestros territorios».
La presidenta de los estudiantes de la U. de Chile agregó que «aca son recursos que se les arrebatan a todos y se favorece a una porción pequeña de familias empresariales en desmedro de todos los pescadores, de la sociedad, incluso arrebatándole al mismo Estado la posiblidad de administrar sus propios recursos pesqueros».
La actividad también fue apoyada por diversas organizaciones ciudadanas. Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecocéanos, organización ciudadana que ha venido acompañando esta iniciativa, señaló que «la ley de privatización pesquera constituye la mayor expropiación de bienes nacionales y de recursos naturales del período posterior a la dictadura cívico-militar. Fue perpetrada por diputados y senadores que recibieron altas cantidades de dinero de las siete mega compañías pesqueras industriales beneficiadas con el 92 por ciento de las cuotas de pesca. Los ciudadanos de Santiago y pescadores artesanales del país, le han mostrado tarjeta roja a la ley de pesca y al gobierno».
EL objetivo de esta campaña apoyada también por el movimiento sindical CIUS y los pobladores de Ukamau, es recolectar 300 mil firmas para demandar a la presidenta Bachelet que anule esta ley y se establezca un periodo de discusión democrática e informada para crear una nueva ley de Pesca.
En la ocasión además estuvieron presentes los diputados comunistas Hugo Gutierrez y Daniel Nuñez quienes han solicitado informes al parlamento para buscar mecanismos de anular esta Ley. Gutierrez además es parte de querellas contra senadores que han sido vinculados con dineros entregados por las grandes empresas pesqueras.
La Ley Angelini- Longueira símbolo de la corrupción del parlamento y el dinero empresarial
La ley Angelini-Longueira de pesca despojó de todos sus derechos al 90 por ciento de los 91.000 pescadores artesanales propiamente tales, y eliminó a legalmente los pueblos originarios,-Mapuches, Kaweskar,Rapa-Nui-, del acceso y uso de las pesquerías nacionales, ya que le otorgó derechos exclusivos de propiedad, acceso y uso pesquero, sólo a los propietarios de embarcaciones industriales y artesanales. También le quitó al Estado la propiedad de los recursos pesqueros de la Nación y su capacidad de entregar derechos de acceso y uso de los recursos hidrobiológicos, transfiriéndoselo de manera exclusiva al mercado.Esto a través de la creación de licencias de pesca renovables automáticamente cada 20 años, y cuotas individuales de pesca plenamente transables, las que pueden ser compradas, vendidas, hipotecadas, arrendadas e incluso heredadas por sus nuevos propietarios.
La actual investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Delitos Económicos de Alta Complejidad y el accionar del Servicio de Impuestos Internos han demostrado lo que es vox populi: que la ley Longueira de pesca y acuicultura es hija del dinero empresarial y de la corrupción parlamentaria. Hasta la fecha existen 12 parlamentarios, 1 importante abogada de la Subsecretaría de pesca, 4 mega compañías y una Asociación de Industriales pesqueros denunciados por situaciones de coima y cohecho.
