Un decreto quitaría derechos a mujeres pescadores, a comunidades indígenas y restringiría diversas actividades que comunidades locales realizan en la costa.
Por: Ana Clara Jovino
Agencia Adital
Junio de 2015
El último martes 16 de mayo se realizó una videoconferencia entre el Movimiento de Pescadoras y Pescadores Artesanales (MPP) y representantes del gobierno federal. El objetivo era hacer que el movimiento y el gobierno discutieran la metodología de trabajo para alterar algunos puntos del Decreto 8425, garantizando que sea una propuesta construida con los movimientos. El Decreto fue aplazado por 30 días.
Antes de esto, venían ocurriendo actos y manifestaciones del MPP en todo Brasil. Ellos ocuparon las superintendencias del Ministerio de Pesca y Acuicultura (MPA) y las agencias del INS [Instituto Nacional de Seguridad Social] en más de 10 Estados, exigiendo la revocación del mencionado decreto. También se hizo una petición presionando a la presidenta Dilma Rousseff.
El Decreto 8425 fue publicado el pasado 1º de abril; éste establece nuevas reglas sobre la definición del pescador artesanal, para que él tenga acceso a políticas públicas y sociales y a derechos laborales y previsionales. El Estado tomó esa decisión sin dialogar con las comunidades de pescadores, lo que niega el derecho a la identidad de esos grupos tradicionales, impidiendo que muchos de sus integrantes sean beneficiados.
Si el decreto se aprueba, sólo será considerado pescador artesanal quien hace la captura del pescado, lo que no incluye a la mayoría de las mujeres, responsables de la producción familiar tradicional. De acuerdo con María José Pacheco, secretaria nacional de la Pastoral de Pescadores, en entrevista con Adital, las mujeres también son consideradas pescadoras. «Las mujeres arreglan redes para la pesca de cangrejo, por ejemplo, una parte pesca y otra se beneficia. Con este decreto, ellas no estarán más aseguradas, es como si se dijera que un agricultor es sólo quien planta”, denuncia la secretaria.
Además, sólo será definido como pescador artesanal aquel que tiene su sustento exclusivamente en la pesca, lo que convertiría en ilegal las actividades que ejercen en época de veda, como trabajar en carpas de playa o cultivar açaí. Otra restricción del decreto es que quien pesca para subsistencia, lo que incluye el consumo familiar, intercambio y trueque, una característica de las comunidades, no tendría acceso al RGP (Registro General de la Pesca).
Por otro lado, los empresarios del mundo de la pesca, aquellos con embarcaciones de arqueo bruto de hasta 20 AB, serán considerados pescadores artesanales. El MPP considera esto como una maniobra del gobierno, pues muchos emplean a pescadores y no pagan derechos laborales.
En los próximos 29 y 30 de junio, los líderes de los movimientos se reunirán con representantes del Estado, de la Secretaría General y del Ministerio de Pesca en Brasilia. Según la presidente de la colonia Z-4 de la Isla de Maré, Marizelia Carlos Lopes, ellos pretenden exponer sus argumentos para que el decreto sea revocado. Hasta entonces, harán una pausa en los actos y manifestaciones. «Por ahora, no vamos a manifestarnos, pero si no notamos un cambio de postura del gobierno, tendremos que actuar”, anuncia Marizelia.
