El pescador artesanal de San Antonio Milko Caracciolo estuvo en el centro de Santiago informando a la ciudadanía acerca de las implicancias de la Ley Longueira que privatizó los peces. Afirmó que la Ley Longueira transformo a los pescadores artesanales que no tienen cuotas de pesca, más del 90%, en delincuentes si desarrollan lo que siempre sus familias han realizado, salir a pescar.
«Queremos evidenciar el descontento ciudadano y el apoyo a los pescadores artesanales de Chile luego de las crecientes investigaciones que apuntan a que la Ley de Pesca fue pagada con sobornos y cohecho por las industrias pesqueras de las 7 familias a algunos parlamentarios que la aprobaron a cambio de financiamiento de sus campañas y asesores», afirmó Caracciolo.
Los pescadores también invitaron a la ciudadanía de Santiago al lanzamiento de campaña para recolectar 300 mil firmas para rechazar la Ley Longueira. La actividad se desarrollará el 15 de Junio.
Hasta ahora existen investigaciones sobre la ex diputada Marta Isasi, quien habría recibido 25 millones para su campaña a cambio de aprobar la Ley de Pesca, la ex independiente fue sorprendida incluso en varias sesiones de la Comisión de Pesca siendo asesorada in situ por funcionarios de pesquera Corpesca. Por su parte, el senador UDI Jaime Orpis habría recibido plata para financiar deudas de su campaña y para el pago de 3 de sus asesores. El ex ministro y creador de la Ley, Pablo Longueira, cuyo entorno de asesores también tienen boletas emitidas a pesqueras. El ex presidente y senador Eduardo Frei, cuyo recaudador de campaña es Pedro Yaconi, familia dueña de pesquera Blumar (una de las más grandes de la industria). Andrés Zaldívar, que tiene parientes en cargos directivos de pesquera Corpesca (Angelini). Se cree que las investigaciones podrían develar más ilícitos de otros parlamentarios.
Es por esto que los pescadores artesanales buscan que la Ley de Pesca o «Ley Longueira» sea anulada por cómo se promulgo. Esta moción ya tiene el respaldo de algunos parlamentarios como los senadores Antonio Horvath, Lily Pérez, Carlos Bianchi. Y los diputados Hugo Gutierrez, Maya Fernández, Vlado Mirosevic, Gabriel Boric. Y estamos seguros que otros se seguirán sumando.
Uno de los argumentos que se estudian para lograr la anulación de la normativa se basa en la teoría del árbol viciado, es decir la comprobación de que una determinada legislación nació fruto de la concreción de un delito, que serían los posibles casos de sobornos a parlamentarios que está siendo investigado por la Fiscalía Oriente.
