En un país que avanza en un proceso constituyente, es necesario repensar el actual diseño de políticas públicas en salud, con el fin de garantizar este derecho, sobre todo para la gente más vulnerable. Hasta ahora 70 municipios buscan imitar la farmacia popular de Recoleta, y serán muchos más con el transcurrir del tiempo.
Por: Alejandro Navarro, Senador del MAS
La aceptación por parte de farmacias Ahumada en el año 2008 de la existencia de colusión en la fijación de precios de 222 medicamentos comercializados por Salcobrand, Cruz Verde y Fasa, generó gran escándalo en la opinión pública y desató la indignación de la ciudadanía.
Es así como en marzo del 2009, iniciamos una campaña ciudadana para promover la creación de una farmacia estatal que potencie la competencia entre las 3 grandes cadenas que existen actualmente, porque la solución a este problema, no pasa por multar a las grandes cadenas, sino por establecer mecanismos para que la gente tenga acceso a medicamentos a precio justo.
Es así como el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, con la autorización del Instituto de Salud Pública, abrió las puertas de la primera farmacia popular para hacer frente a esta problemática. Si bien, en principio esta beneficiará sólo a los miembros de la Cooperativa de Salud de Recoleta, en los próximos días se busca extender esta garantía a toda la comunidad.
Esta experiencia local abre el debate respecto a la necesidad, hoy, de implementar a lo largo y ancho del país una Cadena de Farmacias Populares, que permitan a las personas acceder a sus medicamentos a precios razonables.
Existe amplia experiencia internacional al respecto. Es así como en Canadá está el Consejo de Exámen de Precios de Medicamentos Patentados (Patented Medicine Prices Review borrad), organismo federal con facultades fiscalizadoras, encargado de velar, entre otros, por precios no excesivos en la venta de medicamentos patentados.
Esta corporación está encargada de regular la venta al por mayor del medicamento entre el productor y las farmacias, a fin de que éstas tengan de forma obligatoria un stand con medicamentos a valores asequibles.
Del mismo modo en Brasil, el acceso a medicamentos se garantiza a través de una farmacia estatal, creada mediante el «Programa de Farmacia Popular», destinado a la atención igualitaria de las personas, sean usuarias o no de los servicios públicos de salud.
Son destinatarios especialmente las personas que tienen dificultades para adquirir los medicamentos que necesitan en los establecimientos farmacéuticos comerciales, y que en los casos de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, el uso irregular de los remedios compromete los resultados del tratamiento.
El Programa de Farmacia Popular de Brasil opera en dos líneas de acción: la propias unidades, en funcionamiento desde junio de 2004, que son productos en colaboración con los municipios y Estados, y el sistema de copago, lanzado en marzo de 2006, desarrollado en asociación con las farmacias privadas y farmacias públicas. En las unidades propias del programa el usuario recibe un servicio personalizado, llevado a cabo por personal calificado.
En tanto, en Cuba, están las farmacias estatales. La universalidad de la gratuidad que posee este país en cuanto a atenciones médicas, hace que la venta de medicamentos se realice en boticas del Estado. Los medicamentos son adquiridos por la población, bajo prescripción médica, en establecimientos de la red de farmacias al que es asignado cada ciudadano. El costo es relativamente bajo para el nivel de ingresos del individuo, siendo totalmente gratuito para aquellas personas discapacitadas, enfermos de VIH y en caso de epidemia.
Asimismo, en Venezuela cuentan con el programa Misión Mercal, proyecto social de abastecimiento popular para toda la población. Esta misión no solo vende medicamentos, sino también bienes de consumo básicos como alimentos, materiales de higiene y limpieza, y productos de la canasta básica a un precio justo. Mercal cuenta con edificios estandarizados, construidos en mampostería y distribuidos en todos los barrios populares de Venezuela. La diferencia de sus productos puede llegar de 35 % a 40 % por debajo de los precios de mercado.
En un país que avanza en un proceso constituyente, es necesario repensar el actual diseño de políticas públicas en salud, con el fin de garantizar este derecho, sobre todo para la gente más vulnerable. Hasta ahora 70 municipios buscan imitar la farmacia popular de Recoleta, y serán muchos más con el transcurrir del tiempo.
Ante este escenario, se vuelve urgente legislar sobre el asunto con el fin de avanzar hacia una sociedad que garantice a sus ciudadanos, el derecho a sanarse.
