En noviembre comenzó oficialmente la revisión de la corrupta Ley de Pesca por parte de la FAO, luego que a principios de año, el gobierno de Bachelet solicitara a esta oficina de Naciones Unidas referirse a este cuerpo legal. En la fotografía aparecen cuando el subsecretario de Pesca y el Ministro de Economía firmaron el acuerdo de revisión con una oficial de FAO.
Santiago de Chile, 27 de Noviembre del 2015 (Ecocéanos News)– El abogado de la Universidad Catolica de Valparaíso, Jorge Bermúdez y el economista de la Universidad de Concepción, Jorge Dresdner, junto a un representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), están trabajando desde comienzo de Noviembre en la revisión de la polémica ley general de pesca y acuicultura, denominada popularmente ley Longueira de privatización de los peces.
El proceso anunciado en el mes de abril sufrió algunos retrasos por temas de burocracia administrativa. El proceso de revisión tiene un plazo de 8 meses, estimándose que el gobierno chileno cuente con el estudio a mediado del próximo año.
El análisis busca establecer si la normativa de la denominada Ley Longueira de privatización pesquera cumple o no con los estándares internacionales de sustentabilidad y protección de los recursos hidrobiológicos.
Bajo escrutinio público
La ley Longueira se encuentra bajo escrutinio público, dado la investigación que lleva a cabo la Fiscalía nacional sobre coimas y cohecho implementado por las empresas y conglomerados pesqueros Corpesca, de propiedad de la familia Angelini, Pesquera El Golfo, de las familias Yaconi-Santa Cruz y la patronal Asipes. Esta situación significará que en las próximas semanas será citado a declarar como imputado, al principal impulsor y operador de la ley de pesca, el ex ministro de economía Pablo Longueira.
Junto a Longueira, están siendo investigados alrededor de 10 parlamentarios, entre ellos los miembros de la comisión de pesca del senado, así como los miembros de la comisión política de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI).
Para el Centro Ecoceanos y «las organizaciones civiles, de estudiantes, de los pueblos originarios y de la pesca artesanal afectados por la corrupta ley de pesca y acuicultura, esperan que este proceso bajo la dirección de la FAO contemple espacios de información y participación de la sociedad civil organizada».
«Es necesario que exista un enfoque menos tecnocrático y mas integral, que incorpore los aspectos sobre el papel del Estado y los derechos de propiedad, equidad y acceso a las pesquerías nacionales, así como a los contenidos de las recientemente aprobadas Directrices Voluntarias de la FAO sobre la Pesca Artesanal en el contexto de la lucha contra el hambre y la desnutrición», señaló Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecocéanos.
