Los pescadores artesanales, siendo productores independientes, no han sido capaces de controlar los medios de su reproducción social y recurrentemente su dinámica y conflicto se enmarca en un ámbito que se caracteriza desde el comportamiento de masas, es decir, solo pedir. El sector debe apelar a construir su propia visión de futuro, e incluso su propia normativa, y por supuesto defenderla, para así lograr obtener el poder necesario que posibilita controlar su futuro por la alimentación de nuestra generación así como las futuras.
Por: Lester Chávez Campbell, Ingeniero en Acuicultura y Pesca
Asesor Técnico – Mesa Comunal de Pesca de Lebu
La actividad extractiva en Chile tiene un punto de inflexión con la aparición de la Ley General de Pesca y Acuicultura del año 1991. Esta Ley inicia la consolidación del proceso de “modernización” y ajuste al contexto neoliberal impulsado desde la dictadura liderada por Pinochet. Aquel proceso se caracteriza esencialmente por una abertura hacia los mercados internacionales a partir de la exportación de materias primas y/o elaboración básica o de primer orden, la desindustrialización nacional y privatización de los principales recursos naturales.
La apertura de los mercados iniciada en dictadura, gatillo un aumento descontrolado del esfuerzo pesquero producto de la enorme demanda sobre nuestros alimentos marinos que se ejerció desde diferentes países, como España, EEUU y Japón. Aquello, se produjo en un contexto en el que existía un bajo nivel de control y conocimiento asociado a las poblaciones marinas, así como un régimen de libre acceso en el ejercicio de la actividad extractiva. Imaginémonos lo que significa satisfacer la demanda de alimentos por países con poblaciones 10 veces mayores a las nuestras.
La presión sobre el ejercicio de la actividad de personas que realizaban la labor extractiva fue muy tentativa desde la perspectiva económica, de allí la fiebre del loco entre otras. Por tal razón, una cosa son las dinámicas que gatillaron la sobre-explotación de muchos recursos bentónicos como el loco, el erizo, el chorito, entre otros, y otra el vehículo que movilizó aquello (pescadores artesanales). Un símil de lo que acontece actualmente en el sistema capitalista, donde la propiedad privada es el resultado y vehículo movilizador del capital, ya que lo trascendental es el proceso de apropiación de valor y su aprobación colectiva.
Con la Ley de Pesca y Acuicultura del año 1991 se produjo un cambio sustantivo en la mirada de la administración de los alimentos marinos. Así se paso de un régimen de libre acceso a uno de propiedad común administrado por el Estado. Así, se formo una “comunidad” que tenia la exclusividad de la extracción de los recursos pesqueros, los que para ser reconocidos por el Estado debían en primera instancia estar inscritos en un Registro Pesquero. De allí, el Registro Pesquero Artesanal y Registro Pesquero Industrial. La dinámica acontecida desde esta transformación se ha caracterizado por una relación de “inspección-sanción”.
Este proceso de modernización impulsado por el Estado y ejecutado por los diferentes gobiernos pos Ley General de Pesca y Acuicultura se caracteriza tanto por la administración, como por el diseño centralizado de las políticas públicas a través de la Subsecretaría de Pesca, y la descentralización de la fiscalización y control, a nivel de dirección regional, por parte del Servicio Nacional de Pesca. Ambas instituciones han tenidos rotundos fracasos en las misiones encomendadas por la normativa pesquera.
Por un lado, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura producto de su elevado nivel de centralismo y desconocimiento respecto de la dinámica real que acontece en las caletas y sectores históricos de extracción de los pescadores artesanales, han generado entre otras; a) políticas públicas que tienden a la homogenización de la dinámica del sector pesquero artesanal al contexto neoliberal, de hecho, en Chile se han diseñado tres políticas pesqueras globales en los años 1994, 2001 y 2013, sin embargo, ninguna se ha aplicado, b) la creación de instrumentos de fomento productivo como el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal (FFPA) y el Fondo de Administración Pesquera (FAP), que al menos en la octava región no son capaces de mostrar un ejemplo exitoso del cual vanagloriarse respecto de una mejora en la transformación y adición de valor de los recursos pesqueros extraídos por los pescadores artesanales y administrada directamente por ellos, c) la limitación de la pesca artesanal a una actividad productiva, por lo que el abordaje y diseño de los programas dirigidos a éstos son sesgados desde su origen, donde se parte desde el supuesto que un incremento en el ingreso es suficiente para dar el salto cualitativo que se requiere en el sector, de hecho, recurrentemente los programas diseñados y ejecutados por el Gobierno de turno choca con las tradiciones, creencias y visiones del sector pesquero artesanal por lo que la dinámica se sustenta en el choque recurrente y d) la prevalencia, en determinados aspectos y recursos pesqueros, de favores hacia el sector pesquero de mayor ingreso y capacidad de captura, es decir, la pesca industrial, contradiciendo lo que plantean los principales instrumentos de gestión de recursos pesqueros a nivel mundial que promueven una protección de la actividad pesquera costera y/o artesanal.
Respecto del Servicio Nacional de Pesca, esta es la institución que posee la peor valoración y mayor opinión negativa desde el sector pesquero artesanal. Las directrices diseñadas desde esta institucionalidad no han sido capaces, ni siquiera de disponer de un nivel de registro apropiados y acorde a lo que acontece en la realidad, por lo que las estadísticas de desembarques o están sobre-reportados y/o sub-reportados, donde, un elemento crítico es la escasez de funcionarios, por ejemplo, en la Provincia de Arauco hay 8 personas para fiscalizar más de 250 km de costa. Además, la relación con el sector pesquero artesanal se caracteriza por un conflicto permanente, cuyos principales costos lo asumen los profesionales y/o funcionarios que trabajan fiscalizando en terreno, ya que en vez de generar nuevos procesos de fiscalización con una nueva mirada más integradora siguen los problemas (conflictos) que solo son solucionados con incentivos de corte económico hacia sus funcionarios que solo buscan que éstos sigan soportando el conflicto permanente.
Este proceso de fiscalización y los instrumentos de control aplicados por esta institución se enmarcan en lo establecido por la Ley General de Pesca y Acuicultura, por lo que si cambia ésta, cambia también la relación entre ambas partes. De hecho, los pescadores artesanales en pocas ocasiones comprenden que es la Subsecretaria de Pesca la institución que los tiene cercenados y coartados, por lo que gatillan su conflicto contra el Servicio Nacional de Pesca que solo cumple lo mandatado por la Ley.
Otro elemento central en la dinámica del sistema capitalista avanzado que actualmente nos rige, es la relevancia que adquiere la ciencia y el método científico respecto de lo que es correcto hacer. Sin embargo, si bien la ciencia y los científicos solo son una comunidad de personas que aceptan como validos los criterios de validación establecido por la metodología de estudio y análisis, porque niegan el saber y avasallan respecto de otras formas de comprender la naturaleza y lo que nos rodea.
Así, el proceso de modernización se ha caracterizado por un elevado grado de negación del saber de los pescadores artesanales, el que ha sido teorizado bajo la modalidad de Conocimiento Ecológico Tradicional. Así, el mundo técnico actúa muy escépticamente respecto de las explicaciones y soluciones de ciertos temas “técnicos” planteadas desde el sector pesquero artesanal.
Un ejemplo relevante es lo acontecido en la comuna de Lebu posterior al terremoto y tsunami del año 2010, donde, producto del levantamiento tectónico, estimado en 170 cm +/-10 cm, se perdió el calado del río Lebu. Aquello, gatillo que la barra del río recurrentemente se embancaba por lo que la Dirección de Obras Portuarias gasto más de 700 millones de pesos en procesos de dragado. Ante esta situación pescadores artesanales e Lebu se organizaron y juntaron 11 millones de pesos con lo cual construyeron un espigón en la rivera norte de la desembocadura del río Lebu. Esta situación gatillo un serio conflicto con la dirección regional de Obras Portuarias quienes querían obligar a los pescadores de quitar lo construido ante lo cual éstos se negaron rotundamente. Así, la institución pública obligo a los pescadores a firmar un documento que establecía que en caso de cualquier accidente éstos serian los responsables.
Sin embargo, desde la construcción del espigón el río dejo de embancarse, de hecho, un estudio realizado 1 año más tarde por la Dirección Nacional de Hidráulica concluyo que esa era la solución para evitar el embancamiento, debido a la existencia de una corriente formada por el oleaje. Actualmente se está terminando un espigón financiado por la Dirección de Obras Portuarias en el mismo lugar y dirección que la planteada por los pescadores artesanales aunque de mayor envergadura que el realizado por éstos.
El proceso de modernización también por su parte ha llevado a la sobre-explotación los principales recursos alimenticios presentes en nuestro mar, de hecho, el 48% de las principales pesquerías nacionales se encuentra en condición de sobre-explotación y/o colapso. Este proceso de sobre-explotación está generando cambios en la dinámica y relación del pescador con su entorno que están, en cierta forma, echando por tierra los paradigmas tradicionales que sustentan el estudio conceptual de la sobre-explotación como La Tragedia de los Comunes, El Juego del Prisionero y la Lógica de Acción Colectiva.
Así, los diferentes procesos de apropiación territorial que se empiezan a visualizar en la costa nacional están generando serios inconvenientes en la administración de determinadas pesquerías acostumbradas al control del Estado. Un caso relevante es el acontecido en el recurso Reineta. Es menester indicar que nunca la subsecretaria de pesca se ha abierto a la posibilidad de aceptar lo que se planteo por la flota lebulense que extrae el 70% de los desembarques declarados de este recurso, y que hubiese ordenado y evitado la compleja situación actual.
El proceso de modernización y la sobre-explotación ha generado una división del proceso extractivo que ha marginado a diversos puertos y caletas pesqueras artesanales en el país. En este contexto, se visualizan lugares de la costa que solo extraen y desembarcan y otros en los cuales se concentra la transformación de los recursos pesqueros. Esta dinámica mantiene en la incertidumbre e impide el impulso de las primeras zonas, que generalmente están alejadas de los grandes centros urbanos. Este caso es lo que ocurre en la octava región, donde en la ciudad de Lebu, que es el mayor puerto pesquero artesanal del sur del país, no existen plantas de transformación que den valor a las capturas realizadas por los pescadores, las que se van a comunas como Coronel, Talcahuano, Santiago y Valparaíso, con lo cual solo se exporta el potencial empleo que generaría en estas zonas rezagas.
Por último (por ahora) este proceso de modernización ha generado la dominación de una concepción habitual de las caletas de pescadores en torno a la idea de comunidad, dominado con ello el sentido común de aquellas personas que no conocen la dinámica concreta del sector y que incluso, muchos profesionales de ciertas áreas del conocimiento han acentuado y contribuido a la percepción folclórica del sector. Actualmente analizar las caletas y su dinámica bajo este prisma es un error, sino, más bien hay que hacerlo desde una perspectiva de comunidades hibridas, donde lo local y global chocan recurrentemente. Además, en la pesca artesanal en una misma caleta se pueden apreciar multi- territorios que se yuxtaponen continuamente.
De hecho, el sector pesquero artesanal, siendo productores independientes, no han sido capaces de controlar los medios de su reproducción social y recurrentemente su dinámica y conflicto se enmarca en un ámbito que se caracteriza desde el comportamiento de masas, es decir, solo pedir. El sector debe apelar a construir su propia visión de futuro, e incluso su propia normativa, y por supuesto defenderla, para así lograr obtener el poder necesario que posibilita controlar su futuro por la alimentación de nuestra generación así como las futuras.
