Dado el escenario de sobreexplotación de varias pesquerías de gran relevancia económica y social, desde Revolución Democrática somos enfáticos en exigir una nueva discusión legislativa, abierta a la ciudadanía, terminando con los privilegios de la industria y que abogue por una verdadera sustentabilidad de los recursos pesqueros, regulando de manera más restrictiva la pesca de arrastre y priorizando una gestión de los recursos pesqueros que permitan la conservación de los ecosistemas marinos.
Por: Daniela Dresdner y Leonardo Gatica
Miembros del Partido Revolución Democrática
08 abril 2016
La pesca en Chile está regulada por la Ley General de Pesca y Acuicultura, modificada por la llamada “Ley Longueira”, un ícono de legislación corrupta y normativa ilegítima en nuestro país. Sin embargo, permitiría la sustentabilidad de las pesquerías. Ante una probable nueva discusión legislativa vale preguntarse: ¿es sustentable la actual Ley de Pesca?
La pesca ha tenido diferentes regulaciones a lo largo del tiempo. Tiene una gran relevancia económica para Chile, ya que junto con Perú y China, es uno de las principales potencias extractivas en esta materia. Representa el 1% del PIB nacional, lo cual puede parecer poco, pero los desembarques del sector pesquero entre 2002-2012 promediaron los 4,2 millones de toneladas, generando exportaciones por más de USD 1.260 millones anuales. Esta presión sobre los recursos pesqueros amerita evaluar si realmente la sustentabilidad de los recursos pesqueros es un elemento central de la Ley.
Primero, los hechos: la discusión legislativa de esta Ley es corrupta, en tanto Corpesca pagó 264 millones al senador Jaime Orpis durante 4 años, desde marzo de 2009 a abril de 2013. Orpis se encuentra formalizado por cohecho, lavado de activos, delitos tributarios y fraude al fisco. Por otro lado, la ley es ilegítima debido a que no se realizó una consulta a los pueblos indígenas que se verían afectados por esta decisión legislativa, como el pueblo Lafkenche, contraviniendo así lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT.
Entrando en materia de sustentabilidad, la ley crea los Comités Técnicos Científicos Pesqueros, que son organismos asesores y/o de consulta en materias científicas relevantes, tales como declarar una pesquería en régimen de plena explotación, de recuperación o de desarrollo incipiente y definir el límite máximo de la cuota global anual de captura de cada pesquería. Esta modificación fue celebrada por diversas organizaciones, ya que incorpora el componente científico en la toma de decisiones. Sin embargo, debido al corto tiempo de vigencia de la Ley y a lo desagregada que se encuentra la información, no resulta fácil poder evaluar el desempeño de los Comités y de la Subsecretaría de Pesca en esta materia.
Otro elemento de análisis, corresponde a la prohibición de la pesca de arrastre sobre montes submarinos. Esta prohibición se materializó recién el año 2015, a través de Subpesca, determinándose que los 118 montes identificados en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) por el proyecto “Biodiversidad de montes submarinos” (2008) serían protegidos. La superficie protegida (68.066 km²), corresponde al 1,85% de la ZEE. Los montes submarinos son ecosistemas únicos y poco conocidos, por lo que celebramos su protección legal; sin embargo, lamentamos que el nivel de protección sea tan bajo.
La pesca de arrastre es el arte de pesca más dañino para los ecosistemas marinos. Básicamente es una gran red que se arrastra por el fondo marino, arrasando con todo los que encuentra a su paso, ya sean peces, moluscos, algas o mamíferos marinos. Este sistema no permite la selección en la captura de las especies, ya sea por vedas, peligro de extinción, tamaño, edad, etc. Los barcos que pueden realizar esta acción tienen que ser de una gran envergadura, dada la potencia que se necesita, solo realizable por pescadores industriales y semiindustriales.
Los lugares que experimentan pesca de arrastre sufren disminución en diversidad y riqueza de especies. Animales cuyo hábitat es el fondo marino declinan drásticamente. La captura de especies no deseadas y que no se encuentran dentro de la cuota de pesca, se eliminan en altamar, lo que se denomina descarte y que puede variar de un 15 a 70 % de la captura, la cual generalmente muere.
Durante la tramitación de la actual ley, la moción que prohibía la pesca de arrastre fue rechazada.
La actual Ley de Pesca favoreció la asignación de cuotas a las empresas que históricamente han explotado los recursos pesqueros a escala industrial, en forma gratuita, por periodos de 20 años y renovables automáticamente, en desmedro de la opción que planteaba la licitación de cuotas. La diferencia es que esta última permitía la apertura del mercado para que nuevas empresas pudieran competir, mientras que la primera cerraba el mercado generando un oligopolio pesquero industrial. Quienes sistemáticamente rasgan vestiduras por el libre mercado, no dudaron a la hora de repartirse la torta entre unos pocos.
La pesca es una importante actividad económica y cultural a nivel nacional, regulada actualmente por una ley que cada día nos parece más ilegítima. Este marco legal constituye un avance en materia de sustentabilidad, sin embargo protege una porción muy menor de nuestro mar y no regula la pesca de arrastre a partir de la base del principio precautorio sobre la afectación de ecosistemas marinos.
Dado el escenario de sobreexplotación de varias pesquerías de gran relevancia económica y social, desde Revolución Democrática somos enfáticos en exigir una nueva discusión legislativa, abierta a la ciudadanía, terminando con los privilegios de la industria y que abogue por una verdadera sustentabilidad de los recursos pesqueros, regulando de manera más restrictiva la pesca de arrastre y priorizando una gestión de los recursos pesqueros que permitan la conservación de los ecosistemas marinos.
