Lo ocurrido en la Región de los Lagos y en particular en Chiloé nos ha llamado nuevamente a reflexionar sobre lo mal que se ha construido en Chile la relación con los elementos de la naturaleza y, en este momento en específico, con el mar.
Por: María Cristina Ñancucheo, mayo de 2016
El modelo económico implementado en el país ha enriquecido a empresarios irresponsables en desmedro de comunidades locales que habitan y van a seguir habitando los lugares, incluso cuando los inversionistas hayan ido heredándonos un desierto, un mar muerto y/o terrenos que no sirven para nada. Este modelo nuevamente cuestionado, promotor de la libre competencia y enemigo de la más mínima regulación estatal, permite la concentración económica, lo que es una contradicción fundamental a la hora de proponer nuevas formas de desarrollo.
La situación ocurrida en el sur del país, generada por una suma de factores naturales y, por supuesto, antrópicos, me hace reflexionar sobre ¿por qué el Estado siempre le ha dado la espalda al mar si tenemos miles de kilómetros de costa? ¿Por qué los planificadores se han centrado, históricamente, en ordenar el uso de los recursos de la tierra? ¿Por qué si el mar es fuente importante de alimentos, recreación y obtención de ingresos, centramos su uso sólo en la explotación de sus recursos y de él mismo?
El instrumento rector de ordenamiento costero en Chile es la Política Nacional de Uso del Borde Costero (PNUBC/1994) que establece como principal mandato, la generación de una zonificación regional que es administrada por una Comisión Regional y que aprueba el establecimiento de concesiones de todo tipo, que deben ser acordes con los objetivos planteados por la propia zonificación. Sin embargo, este instrumento no se ha transformado en el apoyo para la gestión del litoral que se esperaba. La PNUBC, al no ser un instrumento de tipo normativo, sino indicativo, se ha transformado en una «carta de navegación relativa», ya que hace colapsar permanentemente proyectos de alta inversión con otros de escala más local.
Desde el punto de vista de la administración del borde costero, existen seis figuras de afectación que tienen diferentes objetivos y son entregadas a diferentes administradores: los Parques Marinos y las Reservas Marinas son administradas por SERNAPESCA; las concesiones marítimas y de acuicultura, por instituciones públicas o privados; las Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos (AMERB) por organizaciones de pescadores artesanales; las Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos (AMPC-MU) por organizaciones público-privadas, y; el Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) que es entregado a comunidades indígenas o asociaciones de ellas que hayan hecho uso consuetudinario.
Quisiera detenerme en el ECMPO ya que éste surge producto de la demanda que las comunidades Lafkenche hacen luego de la promulgación de la primera ley de pesca del año 1991. A mediados de los 90, se dan cuenta que el mar se estaba privatizando y que ya no podrían realizar las actividades que tradicionalmente y desde tiempos inmemoriales realizaban en torno al lafkenmapu: porque no los dejaban entrar a los mariscadores tradicionalmente utilizados, o porque debían estar inscritos en el Registro Pesquero Artesanal para poder extraer los mariscos, algas y peces que siempre habían extraído.
El ECMPO como figura de administración se rige por la Ley 20.249/2008 (también conocida como Ley Lafkenche pues, la organización Identidad Territorial Lafkenche participó activamente en el proceso de tramitación), y tiene como objetivo resguardar el uso consuetudinario a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades indígenas vinculadas al borde costero. La ley establece, además, que se respetan los derechos ya constituidos por otras figuras de administración y por los otros usuarios del borde costero.
Hasta el momento, la implementación de la ley Lafkenche ha tenido serios retrasos en su aplicación: sólo 9 solicitudes han sorteado por completo el largo y engorroso proceso de tramitación y se encuentran entregadas o en proceso de serlo, a la comunidad o asociación de comunidades solicitante. Parte de las dificultades que ha debido superar la tramitación de los ECMPO para devolverle el legítimo derecho a los pueblos originarios sobre el uso del borde costero, dice relación con el peso de la historia colonialista aprendida por las instituciones del Estado, pero también por los otros usuarios del mar con los que, por la razón o la fuerza, debemos compartir el uso de nuestro borde costero.
Lo anterior se traduce en que pescadores artesanales de todas las categorías y por supuesto la pesca industrial y grandes empresas acuícolas hayan puesto las alarmas de que “los indígenas” les quitarán el mar y les prohibirán el ingreso cuando se haya establecido un ECMPO, a pesar de que la ley 20.249 mandata lo contrario. Cabe mencionar que la ley Lafkenche indica que los pueblos originarios pueden solicitar un ECMPO en toda la franja de borde costero, que incluye los terrenos de playa, la playa y el mar territorial hasta las 12 millas. Al imaginarse la extensión que podría tener un ECMPO, aparece otro argumento no pocas veces repetido: ¿Para qué quieren tanta costa si ni trabajan en el mar? Volvemos entonces, a trasladar un problema de prejuicios aprendidos y el mismo reclamo que se produce por la restitución de tierras al Pueblo Mapuche, aparece entonces cuando nos trasladamos al maritorio: devolverle grandes extensiones de territorio a los indígenas es “atrasar el desarrollo”. Lo que muchos olvidan o, simplemente no saben, es que para los pueblos originarios vivir en armonía con los otros elementos de la naturaleza es clave para el küme mongen (buen vivir) y para el az küme felen (armonía espiritual) y eso se logra con la co-habitación, no con la explotación.
Coherente con lo anterior, la ley Lafkenche plantea la necesidad de mirar no sólo los usos productivos del borde costero, sino que resguardar la costumbre en el amplio sentido de la palabra, por lo que la solicitud de un ECMPO se justifica en función de usos pesqueros, medicinales, de conectividad, recreativos, espirituales, entre muchos otros. También se parte de la base que el borde costero es un espacio en donde conviven diversos usuarios e intereses y, por lo mismo, no debemos desconocer que en el último tiempo, y luego de un trabajo sistemático de difusión de parte de los dirigentes Lafkenche, son muchos los sindicatos de pescadores artesanales que han visto como una oportunidad para ordenar sus actividades, que las comunidades aledañas estén solicitando un ECMPO.
Ahora bien, cuando se está frente a instrumentos de ordenamiento que no han logrado cumplir del todo su objetivo, y además, se está frente a una de las peores crisis territoriales que haya vivido este país, se hace necesario contar con políticas serias, que permitan hacer un seguimiento o monitoreo a las condiciones físico-químicas del litoral que nos permitan aprender a convivir con fenómenos como la marea roja porque no son nuevos y, por ende, seguirán sucediendo. Por otro lado, debemos repensar nuestra relación con el litoral, desde el Estado por supuesto como ente regulador, pero también desde las propias localidades.
El ECMPO, entonces, se transforma en una excelente oportunidad para sentarse a discutir entre los diversos usuarios que allí existen cuál es el la mejor forma de compatibilizar los usos que cada uno hace, conjugando no sólo los aspectos económicos, sino también aquellos aspectos de habitabilidad del mar: recreativos, medicinales, alimenticios, porque la gracia de esta figura de administración, como ya se mencionó, es que el uso consuetudinario no es sólo uso tangible, sino que considera aquellos intangibles que son especialmente relevantes para mantener la costumbre y la identidad.
La organización Identidad Territorial Lafkenche lo ha venido planteando desde mediados de los 90: los pueblos originarios existimos y usamos el borde costero, somos un actor más que no ha sido considerado y así como nos quitaron las tierras, también nos están quitando el mar. Por eso fueron contraparte en la tramitación de la ley Lafkenche; por eso se movilizaron y presentaron indicaciones durante la discusión de la ley larga de pesca y llegaron incluso al Tribunal Constitucional; por eso vuelven a ingresar solicitudes de ECMPO una y otra vez cuando éstas son rechazadas, con el afán de que se pueda resguardar algo de espacio para las futuras generaciones.
La invitación entonces es que los diversos actores del borde costero pongan atención en el ECMPO, ya que el considerar a los diferentes usuarios es una oportunidad para repensar la relación con el mar con miras a generar actividades verdaderamente sustentables. Ya es hora de que los actores directamente involucrados puedan ejercer gobernanza sobre este espacio que utilizan, mirándose a la cara para establecer acuerdos de uso y convivencia.
Es necesario cambiar el paradigma relacional con los pueblos originarios y sentarse a conversar desde la confianza y desde la construcción compartida ¿Por qué las comunidades titulares de un ECMPO en Chiloé, en Arauco, en Fresia, en Teodoro Schmidt no pueden sentarse con los otros usuarios (pescadores artesanales, empresarios acuícolas, empresarios turísticos, universidades, grupos ecologistas, municipios) a conversar sobre cómo se establece esta nueva relación con el mar? Los invito a discutir con los ocupantes ancestrales del litoral cómo nos autoregulamos para sanar el mar, para realizar actividades productivas de manera responsable que sean acordes con los lineamientos internacionales y que permitan asegurar la alimentación y el disfrute del mar a las futuras generaciones. Ese es el desafío.
