A los barcos sospechosos de estar involucrados en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada se les puede denegar la entrada a los puertos de forma categórica o autorizarla únicamente para su inspección, denegando el permiso para la descarga de pescado, el repostaje o el reabastecimiento.
Santiago, 07 de junio de 2016. (dw.de)– Barbados, Chile, Costa Rica, Cuba, Dominica, Guyana, San Cristóbal y Nieves y Uruguay adhirieron al acuerdo jurídicamente vinculante de la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto, que entró en vigor el domingo 5 de junio y es jurídicamente vinculante para los 29 países y la organización regional que ya lo han suscrito.
Las partes del acuerdo están obligadas a implementar diversas medidas, al tiempo que gestionan los puertos que están bajo su control, con el objetivo de detectar la pesca ilegal, impedir la descarga y venta de pescado capturado indebidamente y garantizar que la información sobre los buques que pescan de forma poco escrupulosa se comparta a nivel mundial.
Denegarán entrada a puerto de barcos sospechosos
Estas medidas incluyen exigir a los buques pesqueros extranjeros que soliciten autorización para entrar a los puertos con la suficiente antelación, aportando información detallada sobre sus identidades, sus actividades y el pescado que llevan a bordo. El desembarque solo podrá llevarse a cabo en los puertos designados y equipados para la realización de inspecciones eficaces.
A los barcos sospechosos de estar involucrados en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada se les puede denegar la entrada a los puertos de forma categórica o autorizarla únicamente para su inspección, denegando el permiso para la descarga de pescado, el repostaje o el reabastecimiento.
Una vez que a un barco se le deniega el acceso a un puerto, o que las inspecciones detectan problemas, las partes deben trasladar esa información al país cuyo pabellón enarbola el buque e informar a las demás firmantes del acuerdo y a las autoridades portuarias en los países vecinos.
El acuerdo busca proporcionar a la comunidad internacional una herramienta valiosa para cumplir la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que incluye un objetivo explícito sobre la conservación y el uso sostenible de los océanos y un objetivo secundario específico sobre la pesca ilegal.
