La patronal pesquera FIPES financió a los pescadores artesanales de Corfapa de Aysén, organización de la cual Iván Fuentes, ahora diputado, era presidente y Misael Ruiz, su vicepresidente. Los dineros eran gestionados por el senador Patricio Walker, miembro de una de las familias de la Democracia Cristiana que controlan Aysén. EN la foto aparece Walker y Fuentes en momentos de la campaña a diputado de este último.
Santiago de Chile, 11 de Julio del 2016 (Ecocéanos News). El programa de TVN “Informe Especial” a cargo de la periodista Paulina de Allende-Salazar, confirmó lo que es un secreto a voces en el mundo pesquero, especialmente después de la fraudulenta aprobación parlamentaria de la ley Angelini- Longueira que entregó de manera gratuita y a perpetuidad la propiedad del patrimonio pesquero del país a 7 familias: la cooptación mediante el financiamiento ilegal de las organizaciones y de los dirigentes de la pesca artesanal y de parlamentarios de parte de las grandes compañías industriales regionales.
Esto abre una nueva arista investigativa para la fiscalía en los casos de financiamiento ilegal de la política y fraude al fisco vinculado con la actual ley de pesca y acuicultura, ya que los hechos ocurrieron entre el 2011 y 2013, período en que se negoció y tramitó parlamentariamente esta corrupta ley, la cual hoy los movimientos sociales, ciudadanos , pueblos indígenas y sectores de la pesca artesanal buscan su anulación.
La investigación de TVN señala la existencia desde el 2011 de importantes financiamientos de la patronal FIPES a los pescadores artesanales de Corfapa de Aysén, organización de la cual Iván Fuentes, ahora diputado, era presidente; Misael Ruiz, su vicepresidente y Rodrigo Azocar su asesor. Además demuestra que entre el 2012 y 2013 ambos dirigentes recibieron de la patronal empresarial financiamientos de 1,5 millones de pesos mensuales.
EL informe señala que FIPES – integrada por las pesqueras Friosur, Endepes y PescaChile-, pagó el 2012 alrededor de 124 millones de pesos a diversos dirigentes de la pesca artesanal, aparte de Fuentes y Ruiz. Eso significó que la patronal pesquera pauteara a estos dirigentes en relación a la posición de sus organizaciones con respecto a la ley que impulsaba el hoy procesado ex ministro de economía, ex senador y ex candidato presidencial Pablo Longueira.
El 2011 se configuró una denominada “mesa pesquera” en la cual las grandes organizaciones pesqueras industriales como Sonapesca, Asipes y Fipes se coludieron con las dirigencias de las confederaciones de la pesca artesanal, Conapach y Confepach , para el traspaso de cuotas de pesca del sector industrial a los dueños de las grandes lanchas artesanales, a cambio del apoyo político a la ley de privatización pesquera .
Construyendo un diputado para Aysén
Informe Especial señala que una vez aprobada la ley de pesca y legitimado Fuentes como dirigente social, el senador Patricio Walker (PDC) junto al estudio de su hermano abogado Tomás Walker impulsaron su candidatura como “diputado independiente”.
Para ello, solicitaron un abultado financiamiento a FIPES -en uno de los casos alcanzó los $ 12 millones-, lo cual contó con el visto bueno de Carlos Vial, vicepresidente de esta organización gremial, utilizando para ello a Rodrigo Azócar , asesor de Corfapa Aysén, quien facturaba, y a la empresa Salmones Frío Sur.
Los parlamentarios de Aysén
Aparte del senador Patricio Walker, quien controla la política en esta región patagónica de Chile, aparece el senador Antonio Horvarth, quien fuera presidente de la comisión de pesca del senado el 2012 y presidente de la comisión mixta que finalmente aprobó la ley Angelini-Longueira.
Horvarth durante el período más álgido de la discusión en el parlamento contó como asesora a Valeria Carvajal, gerente general de FIPES, quien le sugería diversos tratamientos a los artículos en discusión.
Carvajal anteriormente fue abogada jefa de la Subsecretaría de pesca (Subpesca) durante el primer gobierno de Michele Bacherlet. Horvath negó que Carvajal sea su asesora.
¿Qué es FIPES?
La Federación de Industrias Pesqueras del Sur (FIPES) representan a las grandes empresas industriales que controlan las valiosas pesquerías de merluza austral, merluza de tres aletas, merluza de cola, congrio dorado y reineta, entre otras, en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Entre ellas destacan Frío Sur -propiedad de la familia Del Río, uno de los principales financistas de la democracia cristiana. Esta empresa a su vez es dueña de Salmones Frío Sur.
También está Emdepes, propiedad de la transnacional japonesa Nippon Suissan Kaisha, propietaria del 100% de las cuotas de merluza de tres aletas en Chile. A su vez es dueña de la compañía salmonera Antártica.
Y PescaChile, de propiedad de la transnacional española Pescanova. Propietaria de la salmonera Acuinova.
La punta del iceberg de la corrupción pesquera austral
Frente a esto, el Centro Ecocéanos señaló que “la investigación de Informe Especial abre el camino para que la Fiscalía Nacional amplíe y profundice las investigaciones sobre cohecho y fraude fiscal vinculada con la corrupta ley de pesca y acuicultura hacia las regiones, empresas pesqueras y parlamentarios de las regiones sur-australes de Chile y dirigentes de la pesca artesanal”.
La organización ciudadana indicó que “ Esto es de gran interés público, debido a la amplia lucha que está realizando la ciudadanía y los movimientos sociales contra el abuso y la corrupción de la casta política-empresarial, la cual se expresa en la exigencia de más de 300.000 ciudadanos de anular la ley Angelini-Longueira de pesca y acuicultura”.
“Fipes debería entregar información sobre que otros dirigentes de la pesca artesanal recibieron esos 124 millones de pesos durante el 2012 ”, afirmó Ecoceanos.
En agosto próximo el gobierno intentará presentar una maquillada ley de pesca compuesta por cambios secundarios denominada “ley de consenso pesquero”. El movimiento social está llamando a rechazar este documento, que intentará reemplazar a la desprestigiada Ley Longueira.
