El objetivo estratégico de Sonapesca es, en lo inmediato, impedir la anulación sin indemnización de la viciada ley de privatización pesquera, así como la demanda de recuperación para la sociedad de la propiedad de los peces del mar chileno. Frente a este posible escenario, Orrego exigió “que el Estado de Chile respete los compromisos y reglas del juego que fijó cuando se hizo la ley el 2013”. La fotografía de abajo fue publicada en El Mercurio.
Santiago de Chile, 10 de agosto del 2016 (Ecocéanos News)– La Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), patronal que agrupa a las principales empresas nacionales y transnacionales de la pesca y acuicultura industrial que operan en Chile, se encuentra en una millonaria operación de maquillaje corporativo. Esta estrategia busca enfrentar el complicado escenario político, ambiental y social que se avecina producto de los cambios culturales en una cada vez mas empoderada sociedad chilena que cuestiona 67 años de hegemonía sectorial de Sonapesca, y colocan bajo la mirada pública a la casta de políticos, burócratas gubernamentales y dirigentes sindicales que han sido cómplices activos del destructivo accionar extractivista industrial, que tiene al 72% de las pesquerías nacionales en un estado de colapso y sobreexplotación (1).
A lo anterior se suma el creciente rechazo público, expresado en las 300.000 firmas de apoyo a la campaña ciudadana y de sectores de la pesca artesanal que exigen la anulación, sin indemnización, de la corrupta Ley de Privatización gratuita y a perpetuidad de los peces del mar chileno. A lo anterior se suma la investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que confirma la viciada tramitación parlamentaria de la denominada “Ley Angelini-Longueira”, impulsada mediante el cohecho y fraude al fisco por Sonapesca, Asipnor (Asociación de industrias pesqueras del norte), Asipes (Asociación de industrias pesqueras del Bío Bío), y Fipes (Federación de industrias pesqueras del sur).
Chile Transparente y el Consejo para la Transparencia, ¿Asesores del “cartel” pesquero industrial de las 7 familias?
El plan de marketing estratégico de Sonapesca contempla cinco líneas de acción comunicacional. Entre ellas destacan el “desarrollo sustentable” de la actividad pesquera industrial, la promoción de la “ pesca responsable”, y la colaboración con las autoridades gubernamentales para “la elaboración de políticas públicas modernas y estables” (2).
Para ello contarán con la asesoría y el lobby proporcionados por los ex directores de Codelco-Chile, Nicolás Majluf y Marcos Lima (PDC), quienes son parte de las redes políticas de Francisco Orrego Bauzá (RN), actual presidente de Sonapesca, abogado y ex subsecretario de minería durante el gobierno de Sebastián Piñera.
En esta operación corporativa destaca la audaz jugada de contratar al abogado Juan Pablo Olmedo (cercano al PPD), primer presidente y consejero del Consejo para la Transparencia. Olmedo tendrá la responsabilidad de asesorar en el diseño e implementación de la autodenominada“Agenda de Transparencia” del “cartel” de las 7 familias y compañías transnacionales que dominan la pesca en Chile.
«Hoy, pensar en estructuras gremiales que estén sólo enfocadas a la legítima defensa de sus intereses, es una visión que no tiene cabida. Tenemos que transformarnos en actores reales, transparentes, serios, creíbles en las discusiones de políticas públicas, y ser un aporte a la economía del país, y en nuestro caso, a nivel regional» , señaló Olmedo a El Mercurio(2).
Este abogado junto a Chile Transparente y el Consejo para la Transparencia elaborarán un “ Manual deLobby y Gestión de Intereses”. En este manual estarán definidos los estándares aplicables a los mega conglomerados pesqueros industriales, así como la creación de un “consejo de ética” y un “consejo consultivo”, los cuales dictarán un reglamento interno. El consejo consultivo de Sonapesca será presidido por Marcos Lima.
Importante es destacar el papel político que jugará en esta estrategia de modernización corporativa la “conexión demócrata cristiana”, ya que entre los principales financistas de este partido gobernante se encuentran las familias Angelini, propietaria de las pesqueras Corpesca, Orizon y SPK; Yaconi, propietaria de pesquera El Golfo/ Blumar; y Del Río, propietaria de pesquera Frío Sur/Derin S.A.
Gatopardismo pesquero protege viciada ley “Angelini-Longueira”
Mientras en la cámara de diputados se encuentra un proyecto de ley que busca la anulación de la actual ley de pesca y acuicultura por “graves faltas a la probidad”, de manera sincrónica Sonapesca anuncia una serie de cambios en su gobierno corporativo que le permitiría “promover las buenas prácticas institucionales y de probidad ” (2) .
Este aggiornamiento institucional se inició en marzo del 2015 con la designación de Francisco Orrego Bauzá, quien es el primer presidente desde la fundación de Sonapesca (1949) que no pertenece a algunas de las familias que controlan los ocho gremios pesqueros y acuícolas industriales que controlan la pesca en Chile, el sexto país en volumen de desembarques pesqueros a nivel global, valorados en mas de 6000 millones de dólares anuales (3).
El objetivo estratégico de Sonapesca es, en lo inmediato, impedir la anulación sin indemnización de la viciada ley de privatización pesquera, así como la demanda de recuperación para la sociedad de la propiedad de los peces del mar chileno. Frente a este posible escenario, Orrego exigió “que el Estado de Chile respete los compromisos y reglas del juego que fijó cuando se hizo la ley el 2013” (2).
Este movimiento estratégico de Sonapesca es acorde con el actual intento del gobierno, los partidos gobiernistas y las dirigencias de las confederaciones de la pesca artesanal, para negociar fuera de todo control público una maquillada “ley de consenso pesquero”. Esta iniciativa busca efectuar durante el presente año, cambios secundarios y cosméticos a la ilegítima ley “Angelini-Longueira” de pesca, sin alterar su enfoque de mercado y articulado privatizador, concentrador y excluyente.
La familia Sonapesca y la investigación de la FNE
Las diversas aristas que están emergiendo de la investigación que realiza la FNE sobre los delitos de cohecho, fraude al fisco y blanqueo de activos, vinculados a los grandes conglomerados pesqueros industriales miembros de Sonapesca, ya han generado el desafuero y arresto domiciliario del senador Jaime Orpis (UDI) e investigado y bajo arresto domiciliario nocturno a Pablo Longueira (UDI), ex ministro de economía , ex senador, ex candidato presidencial y “padre” de la ley que lleva su nombre.
A ello se suman seis parlamentarios que se encuentran declarando, entre ellos Marta Isasi (Independiente), Fulvio Rossi (PS), Antonio Horvarth (ex RN), Patricio Walker e Iván Fuentes (PDC). Mientras se investiga a Corpesca (familia Angelini), Pesquera El Golfo (familia Yaconi), Pesquera Blumar (familia Sarquis), Pesquera Frio Sur (familia Del Río y transnacional islandesa Grandi HF), y Pesquera Emdepes, propiedad de la transnacional japonesa Nippon Suissan Kaisha.
Durante esta semana se han dado a conocer una serie de correos electrónicos entre las asociaciones gremiales Asipnor (zona norte), Asipes (zona centro y sur ) y Fipes ( zona sur austral) en los cuales se evidencia la comunicación de las empresas para asegurar que los legisladores respaldaran su propuesta de licencias de pesca de carácter “indefinido”, o “perpetuas”, tal como finalmente fue aprobado por el parlamento (4).
En estos correos electrónicos se puede apreciar los relevantes papeles de Francisco Mujica, ex gerente general de Corpesca; Rodrigo Sarquis, gerente general de Pesquera Blumar y ex presidente de Sonapesca; Joaquín Cruz, gerente de pesquera Orizon (familia Angelini); Luis Felipe Moncada, actual presidente de la Asipes; Carlos Vial, actual presidente de Fipes; Jan Stengel (Asipes); el ex senador Hossain Sabag (PDC), el diputado Cristián Campos (PPD), la diputada Clemira Pacheco (PS), el senador Pedro Araya (PS), y los operadores políticos Exequiel Silva (PDC), Andrés Couve (PDC), ex subsecretario de pesca, y hoy miembro del Consejo Nacional de Pesca); Felipe Sandoval (PDC) y ex subsecretario de pesca, y Mario Tapia (PDC), abogado y actual miembro del Consejo Nacional de Pesca.
Sonapesca, pesca pirata y mercado negro de la harina de pescado
La guinda de la torta del accionar de las empresas asociadas a Sonapesca lo constituyen las billonarias operaciones de pesca ilegal industrial, no reportadas y no declaradas. Así lo confirmó el mayor decomiso de harina de pescado ilegal en la historia del país, hecho ocurrido en septiembre del 2015, y que estuvo vinculado a las grandes empresas pesqueras y salmoneras de la región del Bío-Bío. En esa ocasión el Sernapesca decomisó 5.600 toneladas de harina de pescado que se encontraban en las plantas procesadoras de Salmones de Chile S.A. y Pesquera Bahía Coronel S.A. Ambas compañías pertenecen a la familia Errázuriz.
Esta materia prima elaborada a partir de 31.000 ton. de sardina común y anchoveta capturadas ilegalmente, está avaluada en 11 millones de dólares. Lo paradojal es que las multas (si las hubiesen), no superaría el millón de pesos chilenos para la Pesquera Bahía Coronel y los 13 millones de pesos para Salmones de Chile. Lo sorprendente es que esta producción ilegal de harina de pescado ya había sido comprada en el mercado negro por Ewos, transnacional noruega de alimento para salmones. Hasta la fecha, Sonapesca no ha condenado este ilícito.
Se necesita transparencia para luchar contra el abuso y la corrupción político-empresarial-sindical
Frente a esto, el Centro Ecocéanos, miembro de la Coordinadora Social para la Defensa del Mar, señaló que «en este escenario de violación de la leyes, destrucción ambiental y corrupción política, resulta paradojal la incorporación de la Ong Chile Transparente y del Consejo para la Transparencia a la estrategia comunicacional del empresariado industrial mas cuestionado por la ciudadanía, la pesca artesanal, los pueblos originarios y las comunidades costeras chilenas».
«¿Cómo ambas organizaciones se van a pronunciar en estos meses claves frente a las denuncias de la ciudadanía e investigaciones que desarrolla la FNE?, ¿Cuál será su posición frente a la exigencia por mayor transparencia proveniente del 93% de los ciudadanos encuestados por Plaza Pública Cadem (5), quienes apoyan la necesidad de una nueva legislación de pesca y acuicultura, dada las crecientes evidencias de cohecho y fraude al fisco que rodean a la denominada Ley Angelini-Longueira?», preguntó Ecoceanos.
Las sucesivas postergaciones de la entrega de los resultados de la revisión de la ley de pesca y acuicultura de parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) , ha introducido una nueva variable que le permitirá a los movimientos sociales y ciudadanos regionales, aumentar su presión al gobierno, industria y parlamento, en un contexto pre-eleccionario. Esto, sin duda contribuirá al cambio en las relaciones de fuerzas al interior de la sociedad chilena, inviabilizando aún en lo político y social a esta ilegítima ley, hija de la corrupción y financiamiento ilegal de la política. Los pronósticos de una tormenta perfecta para Sonapesca podrían estar por cumplirse.
Referencias
(1) http://www.aqua.cl/2016/03/31/mas-del-70-de-las-pe…
(2)Sonapesca se “aggiorna” con plan estratégico,agenda protransparencia y la asesoría de marcos Lima y Nicolás Majluf.El Mercurio.Economía y Negocios.B2. 7 de agosto,2016.Santiago de Chile.
(3) http://www.aqua.cl/2015/02/17/exportaciones-acuico…
