En la actualidad vivimos un terrorífico centralismo generado por un formato económico que ha permitido que las regiones se hayan transformado en zonas de sacrificio, para beneficiar un supuesto desarrollo, que con el pasar de las décadas esta autodestruyendonos en nuestras mismas entrañas.
Por Andrés Gillmore
30 de agosto de 2016
Los días 13 y 14 de agosto recién pasado, organizaciones territoriales de Aysén, Freirina y Caimanes, decidieron por fin organizarse y hacer un frente común, para enfrentar juntos la defensa medioambiental de sus territorios. Entendiendo que la unión territorial es la única manera de entrar en batalla en contra de un modelo económico, que esta depredando a un ritmo desenfrenado sus territorios, que no duda en poner en riesgo la vida de estas comunidades para lograr sus objetivos desarrollistas; produciendo una destrucción que esta afectando la autonomía, la soberanía y la identidad cultural y social de los territorios arriba mencionados, por medio de una agresión constante del agua, aire, ríos, suelo, subsuelo y bosques. Volviendo estéril centenas de hectáreas, miles de kilómetros de costa, provocando el deterioro de la calidad de vida de las comunidades y su proyección de desarrollo.
La realidad que viven estos territorios en la actualidad son urgentes y las organizaciones de estos territorios lo han entendido perfectamente bien. Teniendo en vista lo apremiante de la situación. Realizaran el próximo mes de octubre -El segundo Encuentro de Asambleas y Organizaciones Territoriales en Caimanes- para hacer valer el Derecho Constitucional de tener un Medio Ambiente Limpio y Sustentable para todos y no solo para algunos.
En la actualidad vivimos un terrorífico centralismo, que nos aqueja desde siempre en nuestro querido y amado Chile y que por decir a lo menos, resulta inconcebible en un país con ínfulas de desarrollado y que es miembro de la OCDE; afectando no solo a los territorios arriba mencionados y podríamos ampliar este macabro escenario a todas las regiones del país, incluida la región metropolitana, por un formato económico que ha permitido que las regiones se hayan transformado en zonas de sacrificio, para beneficiar un supuesto desarrollo, que con el pasar de las décadas esta autodestruyendonos en nuestras mismas entrañas.
Desde hace rato que las sociedades desarrolladas trabajan por lograr un equilibrio entre desarrollo económico, conservación de la naturaleza y el uso sustentable de los recursos naturales. En el marco de este gran desafío, el Derecho Ambiental ha surgido como el instrumento que permitiría conciliar la lógica del mercado en balance con el medio ambiente. Sin embargo, a pesar que existe unanimidad sobre la necesidad de la intervención legal para proteger los territorios y mejorar las técnicas y los mecanismos de producción con una intervención legal en Chile. En la actualidad es objeto de gran controversia y debate y fundamentalmente es más lo que se dice que lo que se hace; a pesar de todo el discurso teórico de nuestros políticos, no hemos tenido la capacidad de iniciar el proceso de reversión de las leyes que regulan la intervención de nuestro medio ambiente y continuamos sustentando la depredación del mar con la Ley de Pesca; introduciendo una Ley de Glaciares que los privatiza; que las mineras usen y abusen con procedimiento poco confiables; que las salmoneras continúen destruyendo el litoral y los fiordos, incluso, que intervengan parques nacionales; y que la industria forestal continúe destruyendo el suelo y el subsuelo y casi todas las reservas acuíferas y la proyección de cientos de comunidades.
Las políticas de protección del medio ambiente de los países occidentales y muy especialmente de los miembros de la Unión Europea, están fundamentados en una legislación ambiental como mecanismo de desarrollo y sustentabilidad, introduciendolos en una dimensión ecológica en el conjunto de las políticas comunitarias a favor del derecho ambiental, transformándose en la energía estratégica de desarrollo.
En los últimos años se ha estado generando un gran consenso nacional a nivel ciudadano, sobre todo en las comunidades afectadas por los malos manejos ambientales, sobre la importancia de detener a como de lugar la degradación constante del medio ambiente a la que se ven sujetas las regiones, que con el tiempo se han transformado en zonas de sacrificio, que están impidiendo la supuesta proyección de desarrollo, desconsiderando derechos humanos básicos a cientos de comunidades de vivir en un entorno limpio y sustentable. El vínculo entre derechos humanos y medio ambiente, es un área relativamente nueva del derecho y por increíble que pueda parecer, en Chile ningún estudio de impacto ambiental (EIA) ha considerado el factor social en los estudios de factibilidad de los diferentes proyectos y con ello se han producido profundas alteraciones en la vida de miles de personas.
El derecho a vivir en un medio ambiente limpio y saludable que por lo demás lo reconoce la misma Constitución del 80, es reconocido por la mayoría de las constituciones de los países de América Latina; estableciendo que la protección del medio ambiente debe ser de interés general y debe regularse con las provisiones generales y básicas de la gestión y de la política nacional ambiental. En Chile lamentablemente la ley ambiental, los Tribunales Ambientales y la misma Corte Suprema, están coaccionados y dirigidos desde los intereses de las grandes empresas transnacionales, que han manipulado a los gobiernos, con leyes que en su fundamento son un traje a la medida para que estas empresas puedan hacer lo que les sea más rentable para sus intereses y no para el país como debería ser.
La falta de una fiscalización adecuada, seria, profesional y responsable, se esta transformando en una tendencia con fuertes y peligrosas tensiones políticas y conflictos sociales en las comunidades rurales, que nos están enfocando hacia peligrosas resultantes a mediano y corto plazo. Desde esta perspectiva, la construcción de un estándar normativo con una visión ambientalista, se esta haciendo de una complejidad difícil de sobre llevar para las comunidades intervenidas, al pasarse por encima de derechos fundamentales, para llevar adelante el desarrollo de una política que considere el derecho ambiental de las comunidades en forma objetiva, con acceso a información real de los procesos decisorios, con que se evalúan los proyectos y las intervenciones territoriales, posibilitando la participación pública de las comunidades, en la toma de decisiones de las políticas ambientales. Las diversas regulaciones en el ámbito de los recursos naturales, constituyen en la actualidad parte importante de la problemática social, vulnerando constantemente los derechos humanos de las comunidades rurales.
Las relaciones del hombre con el medio ambiente, se determinan por los efectos de su actividad sobre el medio y en Chile nos hemos olvidado, que todo proceso de producción, distribución, cambio y consumo de bienes, constituyen las relaciones de producción en que la sociedad expresa su forma de existencia, determinando sus problemáticas ambientales y por ende su calidad de vida y su proyección de desarrollo.
El derecho ambiental en el pasado regulaba las relaciones del hombre con sus recursos naturales, que fueron considerados por siglos infinitos y la legislación solo se preocupaba de reconocer su propiedad y establecer sus formas de uso. En la actualidad en Chile nos encontramos con el imperativo de tener que reformular esa relación, para la creación de una normativa de lo que entendemos por naturaleza y recursos naturales y cómo debemos enfrentar su intervención en los próximos 100 años.
Una de las mejores expresiones del conflicto imperante entre medio ambiente y justicia social en Chile, es el concepto global de Deuda Ecológica, que enfatiza la responsabilidad de los países industrializados con la destrucción del planeta. Que explica el modo en que ello ha ocurrido, sobre la base de una explotación desenfrenada, desarrollándose el concepto de Deuda Ecológica que en Chile lamentablemente es enorme y presupone la obligación y la inminente responsabilidad social ante el constante saqueo que se ha realizado para garantizar supuestamente el desarrollo.
