La iniciativa legal fue presentada por el Senador Alejandro Navarro en diciembre del 2015 y busca eliminar las penas privativas de libertad para la radiodifusión sin licencia, modificando el artículo 36 B a) de la Ley General de Telecomunicaciones en donde las radios comunitarias han sido las principales afectadas. De aprobarse el proyecto, se eliminaría una importante barrera para el ejercicio pleno de la libertad de expresión y del derecho a la comunicación en Chile.
Chiara Sáez, Directora del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía de la Universidad de Chile, explicó que la tramitación es delicada pues lo que se deduce del informe de discución del proyecto en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones es que senadores de derecha y de la DC pueden introducir modificaciones que cambien el sentido del mismo “el tema es que de aquí al 5 de septiembre posiblemente estos actores presenten indicaciones que contravengan el sentido original de la propuesta de Navarro que era eliminar estas dos cuestiones. Aunque están a favor de eliminar las penas de cárcel, estos actores: DC, UDI, RN, y el lobby de la ARCHI, están a favor de mantener el comiso, a pesar de que el comiso, tal como está planteado, también es derecho penal. Por lo tanto no se cumple el compromiso de eliminar la aplicación del derecho penal para la radiodifusión sin licencia”.
Para la académica se debe garantizar que la radiodifusión sin licencia quede completamente fuera del derecho penal, además recordó la visita oficial que realizó en Chile este año el Relator para la libertad de Expresión, Edison Lanza, también apuntó en ese sentido: “en el informe preliminar que hizo Edison Lanza, que se presentó hace una semanas atrás, vuelve a repetirle al Estado de Chile que no puede seguir aplicando derecho penal para la radiodifusión sin licencia. Entonces, ¿dónde está la trampa? que el derecho penal no es solamente la pena de cárcel, el derecho penal es la pena de cárcel más el comiso, entonces lo que nosotros necesitamos y queremos es que efectivamente se garantice que la radiodifusión sin licencia como infracción, quede completamente fuera del derecho penal”.
Por su parte, Juan Ortega de la ONG ECO Educación y Comunicaciones, indicó que esta propuesta puede ser un camino para eliminar la criminalización de las radios comunitarias, sin embargo, aún no sobrepasa la matriz del castigo sobre un derecho humano como es la libertad de expresión. “El tema es enfocarse en despenalizar cualquier falta que esté relacionada con la libertad de expresión. Incluso se planteó que la primera multa o dimensión sancionatoria fuera multa, segundo multas más altas, que pudieran incluir castigos administrativos, como por ejemplo retención de impuestos, pago pecuniario, que tu puedas hacer servicio a la comunidad, y en tercer caso secuestro de equipos, que no es lo mismo que decomiso, el secuestro es cuando el estado tiene tu equipo en prenda mientras tu cumples alguna pena, algún trabajo comunitario, etc.”.
Para Juan Ortega hay un problema de enfoque sobre lo que es el espectro radio eléctrico que no se ve como un espacio de disputa de derechos, sino como un espacio de disputa comercial, entonces se estaría aplicando una lógica mercantil para entender un fenómeno que responde a un derecho humano.
Patricio Rivera, representante de la mesa de AMARC Chile de la Asociación Mundial de Radios comunitarias, nos explicó su postura: “nosotros creemos que la emisión sin licencia no puede tener sanción penal, más aún si los Estados tampoco han colaborado para generar las condiciones formales para que las comunidades, los territorios, puedan establecer sus medios de comunicación. Esto en un escenario además complicado por la concentración de los medios de comunicación en grandes empresas, ya ni siquiera grandes, sino trasnacionales. No podemos sino más que estar de acuerdo con cualquier moción que despenalice la libertad de expresión que ejercen las radios comunitarias.
“Si bien han habido múltiples intentos por cambiar la ley que han sido infructuosos, se hace necesaria la comprensión por parte del estado y de la ciudadanía en general de que la comunicación es un derecho de todos y todas, y que el espectro radioeléctrico es un bien común. Por lo tanto deben frenarse la criminalización de las radios comunitarias y los constantes allanamientos a los que están expuestas”, señaló Dafne Moncada, representante del Colegio de Periodistas en el Consejo de la Sociedad Civil de la SUBTEL.
En Chile el trabajo que realizan los comunicadores y comunicadoras sociales en las radios comunitarias no cuenta con mecanismos de promoción por parte del Estado, como por ejemplo fondos para compra o reparación de equipos. Es un trabajo basado en la voluntad, nadie recibe sueldos, ni pueden pasar comerciales para financiarse. Por lo mismo, el comiso de equipos es especialmente complejo para estas emisoras, porque les impide seguir transmitiendo y ejerciendo su derecho a la comunicación y el rol social que tienen en sus territorios.
