El Estado debe tener vigencia operacional y resguardar la riqueza nacional; que más que un problema para el emprendimiento privado, debe transformarse en un resguardador de la riqueza nacional, con la capacidad de fundamentar leyes y normar las prácticas comunes en la forma en que producimos, integrando las regiones hacia una identidad social productiva bajo sus propias trascendencias y necesidades.
Por Andrés Gillmore
Patagonia chilena
09 de agosto de 2016
Uno de los grandes problemas que tenemos a nivel regional en nuestro querido y amado Chile, es que en la actualidad a nivel regional no tenemos una estrategia de desarrollo territorial regional que sea soberana y propia, que le permita a las regiones, tener la capacidad de ser productivamente sustentables, con estrategias que estén de acuerdo con sus ventajas comparativas y en base a ello desenvolverse con criterios objetivos, bajo una visión soberana de la situación regional. Con el tiempo este tema se ha ido transformando en un caldo de cultivo en contra de los intereses de las comunidades que viven en los territorios regionales, llegando a límites extremadamente inconcebibles, exacerbando un centralismo sin equidad, truncando la posibilidad que las regiones crezcan y se desarrollen con armonía, balance y sustentabilidad.
Esta realidad ha creado un vacío en la integración interna del mundo regional, que ha estado desenvolviendo sin los debidos formatos estratégicos y sin los objetivos comunes que se necesitan para guardar la diversidad cultural y los formatos de desarrollo. En la actualidad ninguna región tiene un Plan de Desarrollo Territorial, que estipule lo que se puede o no se debe hacer y eso es mucho decir y todo esto se da, porque un plan de estas características, representaría una valla insalvable para los diferentes poderes económicos, que por este vacío estratégico, han usufructuado a placer con las riquezas regionales y como dice el refrán: “a río revuelto ganancia de las transnacionales”
Las regiones en la actualidad no tienen la posibilidad de ser soberanas y solo se les permite ser subsidiarias del centralismo y rendir pleitesía a estos intereses. Si queremos salvaguardar los recursos naturales de manera sustentable, es indudable que debemos desarrollar una visión de las riquezas regionales que sea sustentable y que a la postre sirva para sustentabilizar las regiones, determinando que sus destinos vayan de acuerdo con sus ventajas comparativas.
Desde la perspectiva de la integración estratégica regional ante la falta de un plan de desarrollo, esta realidad se ha transformado en un concepto que no se ha desarrollado bajo la óptica de un prisma regional; los objetivos en la actualidad están muy relativizados, con falencias que están directamente relacionadas con el hecho que el Estado es de carácter nominal, sin conferirle a las regiones una cohesión solidaria en su interior, para generar un desarrollo que este de acuerdo con las iniciativas de sus comunidades, creando vacíos extemporáneos, sin ningún tipo de integración regional, que a la postre es el principal articulador del crecimiento y del posterior desarrollo regional.
Si no tenemos un Estado soberano con todos sus derechos y deberes que reconozca el mundo regional, la sociedad pierde su proyección social, dispersando sus objetivos al no estar vinculados entre si y deja de contar con una representación real de los intereses ciudadanos. La jurisdicción del deber social del Estado, debe estar organizado bajo el fundamento del todo social, que por lo demás, es lo que se le pide y se le exige a un Estado moderno. Sin esta forma de hacer, la sociedad pasa a ser simplemente una masa sin forma a merced de los intereses de las grandes corporaciones internacionales, bajo el sustento de los grandes acuerdos comerciales, quitando a las regiones identidad, proyección cultural, poder de resolución, desarrollo comparativo y sobre todo eficacia económica, permitiéndoles a las corporaciones internacionales, hacer en nuestro Chile, lo que no pueden hacer en sus países de origen.
Esto no quiere decir que el Estado deba ser el único sustento social de la sociedad y que el desarrollo privado deba desconsiderarse, como tanto les gusta repetir a los amantes del neoliberalismo para justificarse, aduciendo que lo mejor es la globalización de los intereses y dejarse llevar bajo el discernimiento internacional. Pero es indudable que los países en desarrollo como Chile, si quieren sustentabilidad y proyección de futuro, deben desarrollar criterios de evaluación con sentido común, entendiéndose que un Estado debe tener la capacidad de velar responsablemente por el buen uso de los recursos naturales, sobre todo en nuestra sociedad, donde todo pasa por la explotación de estos recursos. Más que un buen discernimiento de desarrollo, pasa a ser una necesidad básica de supervivencia en una proyección de futuro bien planteada.
El Estado debe tener vigencia operacional y resguardar la riqueza nacional; que más que un problema para el emprendimiento privado, debe transformarse en un resguardador de la riqueza nacional, con la capacidad de fundamentar leyes y normar las prácticas comunes en la forma en que producimos, integrando las regiones hacia una identidad social productiva bajo sus propias trascendencias y necesidades, estableciendo en el cuerpo social regional acciones colectivas, con procesos unificadores que acepten la multiplicidad social y por sobre todas las cosas, otorgando representación política con identidad regional y con la capacidad de identificar los requerimientos para la debida proyección del país desde el fundamento regional.
El medio ambiente se reconoce como todos los recursos naturales que tiene un país para satisfacer sus necesidades y construir su progreso. Su importancia es tan relevante, que desde la revolución industrial surgida en Inglaterra a mediados del siglo 18, ha sido objeto de protección por parte de los países desarrollados, que entendieron que su uso soberano, garantiza la proyección de desarrollo. Por ello, desde esos tiempos pasados que se tienen consideraciones legales y jurisdiccionales para su protección y sustentar los derechos fundamentales de su uso responsable y están protegidos por la Constitución de todos los países desarrollados en la actualidad. En Chile lamentablemente eso no es así y tanto es así, que somo el único país del planeta que privatizó el agua, el mar, estamos a punto de privatizar los glaciares y permitimos que las trasnacionales salmoneras invadan los Parques y Reservas Nacionales y se concesionen los servicios en los Parques Nacionales.
A partir de la revolución industrial, las acciones humanas adquirieron características cuyos efectos se empezaron a notar de manera muy negativa en la realidad social y medioambiental. Haciendo que el tema ambiental que en un principio fuera de naturaleza territorial, se transformara en formas regionales, para pasar posteriormente a un nivel planetario y que no esten circunscritos a un territorio en particular como muchos creen o nos quieren hacer creer. Las diferentes emanaciones y vertimientos tóxicos que produce una intervención al industrializarse un territorio sin las debidas consideraciones y precauciones, con el tiempo terminan afectando la región donde se constituyen, afectando a las comunidades y posteriormente al país como un todo.
En Chile lamentablemente hemos relegado la política ambiental a normas de menor jerarquía y solemos manipularla para llevar a cabo emprendimientos productivos, de acuerdo con los intereses creados de las transnacionales y nuestro congreso ha fabricado leyes, no para salvaguardar el bien público y si los intereses foráneos de las diferentes transnacionales. Con ello hemos destruido gran parte del territorio nacional, transformado regiones enteras y sus comunidades en Zonas de Sacrificio; para que los intereses creados de las empresas extranjeras de esos mismos países desarrollados que hablan de medio ambiente y la importancia de cuidarlo, puedan utilizarlos a voluntad, para crear una pseudo desarrollo, que más que desarrollo es solo crecimiento y con ello deja de ser automáticamente desarrollo.
En la actualidad tenemos un enorme vacío legal de gran relevancia en lo que supone debe ser la responsabilidad del Estado ante sus funciones básicas, de verificar en terreno, que se respeten las normas y los protocolos ambientales y fiscalizar con autoridad la operación de los medios productivos que explotan los recursos naturales y para ello no dudan, llevar adelante una supuesta ley que denominó el ministerio de energía como de “Asociatividad” que permitiría que las comunidades puedan recibir compensaciones económicas, para dejar que proyectos energéticos puedan intervenir sus territorios, sin realizar previamente estudios de impactos ambientales (EIA) lo que simplemente sería pagar por contaminar.
Si bien la actual Constitución reconoce y regula los recursos naturales como patrimonio nacional, es urgente ampliar y fiscalizar el uso responsable, sustentable y soberano del territorio y sus recursos; replanteando totalmente la preservación y propiedad de los recursos naturales, ampliando la visión economicista que se tiene en la actualidad, para tener la capacidad de entender verdaderamente lo que representan los recursos naturales para el desarrollo sustentable de las regiones y su uso sustentable.
