La investigación sobre financiamiento ilegal a la política y el pago a parlamentarios que aprobaron la Ley Longueira se acerca cada vez más a la industria pesquera que opera en Concepción, Talcahuano y Coronel.
Santiago de Chile, 26 de septiembre del 2016 (Ecocéanos News)– El fiscal regional del Bio Bio, Julio Contardo envió un oficio al Servicio de Impuesto Interno (SII) solicitando antecedentes sobre 16 empresas pesqueras ligadas a la Asociación de Industrias Pesqueras (Asipes). Entre los documentos solicitados la fiscalía exige boletas electrónicas de honorarios y facturas de venta del período 2009 al 2016.
Contardo esta a cargo del caso Corpesca donde se investiga cohecho, financiamiento ilegal de la política y fraude al fisco, ligado al viciado proceso de tramitación parlamentaria de la ley de pesca y acuicultura, conocida popularmente como ley Angelini-Longueira de privatización pesquera.
Las empresas investigadas son Pesquera Bio Bio,Pesquera Blumar, Pesquera Alimar, Alimentos Mar Profundo, Pesquera Orizon, Pesquera Camanchaca, Lota Protein, Enapesca, Pesquera Bahía Coronel, Pesquera Grimar, Pesquera Los Fiordos, Cannex, Food Corp y Congelados del Pacífico.
Los asesores parlamentarios y la cuenta regresiva
Lo novedoso de la acción del fiscal regional es que solicitó información sobre las patronales Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y Asipes. Entre ellas, rectificación de boletas , declaraciones de impuestos y declaraciones juradas sobre donaciones para fines políticos.
Además, el fiscal Contardo solicitó a la Policía de Investigaciones (PDI), la elaboración de un listado de asesores parlamentarios integrantes de las Comisiones de pesca entre el 2009 y 2015, así como el listado de asesores de parlamentarios integrantes de la Comisión Mixta durante ese mismo período.
El documento enviado a la PDI señala que se busca “determinar si existen vinculaciones relevantes para la indagación entre estas personas, cruzando la información recabada con documentación contable y registro de boletas incautadas voluntaria o forzosamente a empresas pesqueras y asociaciones gremiales”.
La Conexión Asipes- Longueira
Haciendo una nueva aproximación indagatoria, Contardo solicitó específicamente las declaraciones juradas del abogado de la Universidad Finis Terrae, Sebastián Pratt, vinculado a pagos de Asipes, y de los hermanos Gustavo y Nicolás Guiñez Ramírez .Todos ellos se encuentran vinculados a la investigación sobre la ONG Chile Justo, del ex ministro de economía y operador de la ley de pesca que lleva su nombre, Pablo Longueira. También el fiscal regional solicitó información sobre Alfonso Mora Domínguez, quien habría boleteado triangulando dinero para Longueira vía Asipes. Mora es hijo de una prima de Pablo Longueira.
Mientras tanto, se avizora que la próxima semana estará plena de actividades políticas y sociales relacionadas con la ley de pesca y acuicultura. El 30 de septiembre las organizaciones de la pesca artesanal, se reunirán en la caleta Lo Rojas, Concepción, para acordar la jornada de paro nacional por la anulación de la ley Angelini-Longueira. En esa semana se espera también que la FAO haga entrega de su revisión a la cuestionada ley; y el 3 de octubre, las organizaciones sociales esperan manifestarse por la formalización de la mega empresa Corpesca, de propiedad de la familia Angelini, principal beneficiada con la viciada ley.
Esta sería la primera vez en la historia económica de Chile, que una empresa será formalizada como tal. Esto, abriría el camino para las siguientes empresas pesqueras pertenecientes a Asipes y Fipes. *****FIN*****
