Desde Greenpeace instaron al Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien es la principal autoridad en la regulación de la industria acuícola, a responder frente a estos antecedentes y ha asumir su responsabilidad de cara a las comunidades de Chiloé.
Con esta enfática conclusión, Greenpeace alertó a los pescadores de la isla de Chiloé quienes reaccionaron con indignación ante la evidencia entregada por la organización ambientalista.
“Estos nos da una luz de esperanza a lo que ya toda isla sabía: el vertimiento de salmones que autorizó el gobierno fue la causa de tragedia social que está viviendo la isla. No es ni la marea roja ni el cambio climático ni el fenómeno del niño, es el gobierno que deliberadamente decidió sacrificar la isla. Ahora tenemos herramientas para seguir luchando por nuestro mar sin que nadie nos mienta”, fueron las palabras llenas de indignación de los pescadores y mujeres trabajadoras del mar, que asistieron al encuentro.
El científico, Ernesto Molina, que participó en el estudio explicó que: “No hay fundamentos oceanográficos para afirmar que no hay relación entre el vertimiento y la marea roja que se observó. El vertimiento actuó como fertilizante y las corrientes determinaron el patrón de desplazamiento del amonio proveniente de éste en esa zona«.
En Greenpeace explican que el estudio se basa en el análisis de las muestras de agua tomadas en las expediciones, imágenes satelitales, datos de la NASA y los testimonios recogidos en terreno.
“Sabemos que el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, permitió a través de las instituciones que de él dependen, que las empresas salmoneras arrojaran el pescado podrido al océano sin realizar un estudio de impacto ambiental que acreditara que el vertimiento no tendría efectos tóxicos en el océano. El gobierno traicionó a Chiloé, lo sacrificó en pro de la industria salmonera”, explicó Estefanía González, Coordinadora de Greenpeace en Chile.
La organización ambientalista denunció claramente que “El Gobierno de Chile permitió el vertido de casi 5 mil toneladas de salmón frente a las costas de Chiloé. Hay que recordar que la actual regulación sobre acuicultura considera delito el arrojar materiales contaminantes al mar. Por esto, el Gobierno utilizó como resquicio la Convención de Londres, norma a la que Chile está obligado y que indica que para el manejo de estos incidentes se deben realizar los estudios de los posibles impactos ambientales para garantizar que no habría afectación del medio marino, los cuales, a la luz de los antecedentes, evidentemente no se llevaron a cabo en tiempo y forma. Esta fue una decisión deliberada del gobierno que además de perjudicar a los más de 150.000 habitantes de Chiloé que dependen económica y culturalmente del mar, dañó unos de los patrimonios emblema de todos los chilenos. Estamos aquí para exigir que lo que sucedió en Chiloé no vuelva a ocurrir nunca más ni aquí, ni en ninguna parte de nuestro país”.
Desde Greenpeace instaron al Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien es la principal autoridad en la regulación de la industria acuícola, a responder frente a estos antecedentes y ha asumir su responsabilidad de cara a las comunidades de Chiloé.
