La formalización de Corpesca S.A. es un hecho histórico en la lucha de todos nosotros contra el accionar impune y corrupto del gran empresariado nacional y transnacional sobre el sistema político, administrativo, parlamentario y social.
Santiago, 03 de octubre de 2016. (radiodelmar.cl)– En el marco de la formalización por parte del Ministerio Público de la empresa Corpesca, la Coordinadora Social por la Defensa del Mar y los Derechos Populares demando que la Justicia debe encarcelar a los políticos corruptos que recibieron dinero de las compañías pesqueras y llamaron al gobierno a anular la ilegítima Ley de Pesca Angelini-Longueira que privatizó las pesquerías nacionales.
En el edificio del Centro de Justicia miembros de esta Coordinadora desplegaron un lienzo en que se leía, «Pueblo Organizado, Corpesca y Longueira encarcelado», y leyeron una declaración mientras al interior de la sala de audiencia comparecían los gerentes y abogados de esta empresa propiedad del grupo Angelini.
El Ministerio Público indaga la responsabilidad de la firma en el delito de soborno presuntamente cometido por el ex gerente de la pesquera, Francisco Mujica, con el desaforado senador de la ultraderecha, Jaime Orpis, y la ex diputada Marta Isassi, ambos formalizados por cohecho. La empresa entregó $55 millones a Isassi y $176 millones a Orpis.
La Coordinadora por la Defensa del Mar afirmó que «la formalización de Corpesca S.A. es un hecho histórico en la lucha de todos nosotros contra el accionar impune y corrupto del gran empresariado nacional y transnacional sobre el sistema político, administrativo, parlamentario y social».
«Esta inédita medida debe tener consecuencias sobre las 16 grandes empresas pesqueras actualmente investigadas, como Sonapesca, Asipnor, Asipes y Fipes».
El Coordinadora exigió «avanzar en la aplicación de sanciones establecidas en la legislación nacional, tal como la disolución y pérdida de personería jurídica, a aquellas condenadas por los delitos de corrupción y financiamiento ilegal de la política».
En la Ocasión Guillermo Solis, miembro de la Coordinadora precisó que frente a la formalización de Corpesca en estos casos de corrupción, los movimientos sociales, los estudiantes y pescadores exigen «la anulación sin compensación económica de la ley Angelini-Longueira, y el castigo a los políticos y empresas involucradas en delitos de corrupción».
En tanto Juan Carlos Cárdenas del Centro Ecoceanos, puntualizó que «que ante los avances de la investigación de la Fiscalía y la creciente presión social, La Moneda y el Subsecretario de pesca, intentan utilizar a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para presentar ahora en octubre, una fraudulenta “revisión” de esta Ley. Con el fin de efectuar modificaciones secundarias y populistas, sin alterar La entrega gratuita y a perpetuidad, los derechos de acceso y uso de los peces del mar chileno a 7 clanes familiares que controla la pesca y salmonicultura en Chile».
