Frente a la difusión de un documento en que el recién asumido Ministro de Justicia, hace tiempo escribía sobre el Conflicto Territorial en Wallmapu, como pu weichave de pu Lov en Resistencia de Arauco[1], declaramos lo siguiente:
No nos detendremos a contradecir la pintoresca postura ideológica, propia del siglo XIX, que muestra tener el ministro. No nos llama la atención que el actual Gobierno reclute personas así. Sólo contestaremos algunos puntos que nos parecen relevantes de aclarar:
Comenzaremos comentando una carta que el 13 de agosto de 1868 le enviaba Aníbal Pinto al Coronel Cornelio Saavedra, quien estaba a cargo de las operaciones de invasión de nuestro territorio:
“Para mí la cuestión de la frontera no tiene más que dos soluciones: la conquista o la paz. O vivimos en paz con los indios tratándolos como debemos tratarlos, entendiéndonos con ellos por medio de los caciques, obligando a nuestros fronterizos que los respeten, considerándolos en fin (como es muy justo los consideremos pues en realidad lo son) como un pueblo independiente que se gobierna en conformidad a ciertos usos y costumbres, o los conquistamos. Pretender vivir en paz con ellos y por “quítame estas pajas” mandar una partida o división que los hostilice, consentir que los fronterizos los asesinen y los roben, es pretender cosa imposible. Si queremos la paz debemos someternos a las condiciones que la paz exige. Esto es lo que yo veo muy difícil, casi imposible, y por este motivo creo de necesidad la conquista”[2]
En 1871 Aníbal Pinto sería nombrado ministro de Guerra, cargo que ocuparía hasta ser electo Presidente de Chile en 1876. Su gestión en ambos cargos, hasta 1881, significó el aumento constante de hostilidades contra el Pueblo Mapuche, lo que finalmente provocó el alzamiento generalizado de 1881, en el que participaron nuestros antepasados. La respuesta del siguiente gobierno fue la guerra de exterminio que hoy se conoce como “Pacificación de La Araucanía”.
Como se ve en las palabras de Pinto, los dirigentes políticos del Estado de Chile que llevaron adelante la invasión de nuestras tierras, sabían que estaban invadiendo un territorio que no les pertenecía, a través de un proceso de conquista militar.
1. Sobre el origen del conflicto y el alcance de nuestra recuperación
De las palabras del actual ministro Campos, nos llama especialmente la atención la afirmación, sobre nuestros antepasados, de que “las tierras que les asignara el Estado algunos las perdieron por ignorancia, engaños, abusos, usurpaciones o mala fe, y otros las transfirieron voluntariamente –legal o ilegalmente, o las conservan sin mayor provecho”.
En estas palabras del recién asumido ministro observamos una grave inexactitud histórica y conceptual.
En primer lugar, sobre lo histórico:
La mayor parte del territorio que perdieron nuestros antepasados no corresponde a esas tierras que, en palabras del ministro, les “asignara el Estado”. El proceso de despojo del pueblo mapuche abarca desde toda la segunda mitad del siglo XIX, y en el caso de nuestros Lov de Arauco, a partir de 1875, con la ley de creación de la Provincia de Arauco. El proceso en que el Estado “asigna” a algunos de nuestros antepasados los Títulos de Merced es posterior, a partir de 1883 y hasta 1920, ya “pacificado” el territorio, es decir, exterminados los rebeldes a través de un genocidio.
Esto se puede ver tanto en los documentos notariales que anteceden a los actuales títulos de propiedad que muestran los usurpadores, también se hace evidente en una revisión de la legislación de la época, en que el Estado trataba de impedir la apropiación ilegal por parte de particulares, y por último en la correspondencia entre los intendentes Bascuñán Guerrero y luego Cornelio Saavedra con el Gobierno de Santiago.
Por otro lado, respecto a la inexactitud conceptual, la afirmación “el Estado asignó” tierras a los mapuche, es necesario explicarla bajo el concepto de “reducción” que fue precisamente el que se utilizó en la época, el cual es la base de las actuales “comunidades” de la ley indígena, con personalidad jurídica similar a una junta de vecinos, como bien ha explicado en un documento público la Coordinadora Arauco Malleco [3].
En conclusión, la demanda actual de los distintos sectores del movimiento mapuche no es por los Títulos de Merced de las comunidades (la afirmación del ministro afirma a reducir a eso la demanda), sino al territorio apropiado por particulares previamente, con la complicidad del Estado y especialmente con la fuerza militar del Estado. Como nos dice siempre a los weichave el longko Lepicheo de Lov Huentelolén: “no vamos a aceptar 200 hectáreas aquí y allá, sino que es recuperar lo que mi tatarabuelo gobernaba”. Efectivamente, el longko Lepicheo es descendiente directo del Cacique Porma, quien en los documentos de la Fundación de Lebu en 1862 aparece considerado por el Estado de Chile como “longko Gobernador desde el estero Paicaví hasta Antiquina”[4].
2. “El provecho”
Sobre la frase del ministro Campos que citamos más arriba, comentaremos también eso del “provecho” en la forma de ocupar el territorio (cuando dice que algunas tierras los mapuche “las conservan sin mayor provecho”).
Es importante detenerse en esta afirmación, debido a que es un reclamo habitual de los sectores empresariales que sí sacan provecho, demasiado provecho, en el territorio usurpado en Wallmapu. Ellos se quejan de que los mapuche “no le sacan provecho” a la tierra. Hace pocos días en El Mercurio, Francisco Huenchumilla se refirió a esa situación, planteando que no es culpa de los mapuche, sino que es culpa del Estado, proponiendo distintas soluciones.
Nuestra concepción es muy distinta: la recuperación del territorio mapuche no puede reducirse a un tema de “sacar provecho a la tierra”, sino que se basa en una concepción filosófica o espiritual que no ve la tierra primeramente como medio de producción, sino como hábitat para un buen vivir. Esa concepción de “sacar provecho a la tierra” es la responsable de la depredación y destrucción del Itrovill Mongen (biodiversidad), y causante de la gravísima crisis ambiental en la que se encuentra no solamente el territorio mapuche, sino todo el planeta, fruto de la ambición e irresponsabilidad de las élites por todo el mundo. Que el mundo wingka comprenda que la tierra es el hábitat en que vivimos, y no un recurso a depredar, es uno de los desafíos más grandes que tiene la humanidad hoy en día.
En concreto, ellos se refieren con que “no sacamos provecho”, a los siguientes puntos del proyecto de reconstrucción de nuestro pueblo:
- La recuperación de los lugares sagrados y su no intervención por empresas (por ejemplo, el actual proyecto de centrales hidroeléctricas en Elicura), la protección especialmente de los ríos, vertientes, vegas y chorrillos de agua que hoy se están perdiendo.
- La recuperación de miles de hectáreas de bosque nativo que han sido taladas ilegalmente por las empresas forestales en la Cordillera de Nahuelbuta, y que hoy están cubiertas de pino y eucalipto, o siendo cosechadas a gran escala dejando los suelos nuevamente pelados y degradados.
- El cuidado del mar como espacio de vida y sustento, frente a la inminente expansión de las empresas salmoneras hacia nuestro territorio.
- El establecimiento de espacios para el cultivo agrícola familiar y comunitario, que permitan una rotación entre producción y recuperación de los nutrientes de la tierra; y no inmensos territorios para abastecer una industria alimentaria que, rindiendo culto a las lógicas del mercado, desperdicia la mayoría de los alimentos que produce.
La argumentación de las élites sobre sacar “provecho” a la tierra (para nosotros es depredar, sacar provecho sin medida, como el que llega, saquea y se va) ha sido una constante en los momentos de mayor militarización de nuestro territorio. Para Cornelio Saavedra, el tema principal era que debido a la oposición mapuche “los terrenos permanecen indefinidamente abiertos y sin cultivo”[5]. Tras la invasión, miles de hectáreas de bosque nativo fueron depredadas para establecer cultivos agrícolas destinados a enriquecer a los colonos y no a alimentar a nuestro pueblo.
100 años después la misma lógica. En el Decreto de Ley 2.247, a través del cual la dictadura empresarial-militar regaló a las empresas forestales miles de hectáreas, tierras que nuestros padres habían recuperado con asentamientos en la década del 60 y hasta 1973, el gobierno dictatorial argumenta que el objetivo es “transferirlas a quienes puedan obtener su mejor aprovechamiento como fuentes de producción y trabajo, en el beneficio general del país”. Para colmo, con el Decreto de Ley 701, los grandes grupos económicos ni siquiera tuvieron que incurrir en gastos para plantar.
Hoy, en que nos vemos nuevamente con el territorio militarizado, a la industria forestal pretende sumarse la salmonera, la minera y la energética, además de los proyectos de conectividad entre nuestro territorio lavkenche y la costa del Atlántico en Argentina, de manera que todos los productos del cono sur de América Latina tengan una salida fácil hacia los mercados asiáticos por el Océano Pacífico.
3. ¿Hacia dónde vamos? ¿Una nueva “Pacificación de la Araucanía”?
Hemos visto hasta aquí que el ministro Campos tiene un relato histórico basado en inexactitudes (punto 1), el cual está en función a los proyectos de extracción que tienen los grandes grupos económicos que gobiernan la actividad política en Chile (punto 2) y que esto ha sido una constante en la justificación de la violencia estatal contra nuestro Pueblo. Veamos ahora la arista política.
El ministro Campos en su texto plantea, sobre las demandas del movimiento mapuche, que “si el reclamo alude a eventuales derechos ancestrales que lesionan la unidad nacional o una pretendida autonomía política, lamentablemente el Estado de Chile no tiene otra alternativa que persuadirlos de sus vanos intentos y, si ello no se alcanza, debe terminar de raíz el conflicto mediante la plena aplicación del imperio de la ley a todos los que quebrantan con violencia el ordenamiento jurídico establecido”.
Las intenciones que el ministro Campos expresa tan maquilladamente, pero que se dejan visualizar en expresiones como “terminar de raíz el conflicto”, pueden resumirse en “por la razón o la fuerza”. Y nos preocupa que no es una visión aislada dentro de la elite política. A fines del año pasado, el subsecretario Mahmud Aleuy decía en Comisión Especial del Senado que “el país ha logrado algo, ha mantenido a raya a aquellos que durante muchos años han intentado independizar territorios focalizados en la región, eso es un gran logro… si no hay un acuerdo político para pelear contra aquellos que quieren generar territorios independientes en esa región, si no hacemos eso aquí, todas las soluciones técnicas van a ser insuficientes”.
Explicitar un “acuerdo político” para justificar la violencia estatal es algo que viene pidiendo el Grupo Matte, de Forestal Mininco, hace años. En su balance a los accionistas 2014, el directorio de CMPC argumentaba que “se requiere que el Estado de Chile asuma su responsabilidad promoviendo un acuerdo político que resuelva definitivamente esta gravísima situación”. Sin duda, CMPC no se refiere a un acuerdo político para devolver el territorio, pues es precisamente el grupo económico que se niega a devolver una sola hectárea, y cuyos fundos en nuestro territorio están siendo cosechados con un amplio despliegue de militarización desde hace 2 años (fundos Choque, Tranguilboro, Lanalhue, Cullimpalihue).
Vemos con preocupación que el lenguaje que actualmente utilizan sectores del actual gobierno y de la Nueva Mayoría para referirse al tema mapuche, se parece peligrosamente al que utilizaba la derecha (y el mismo grupo Matte) respecto al gobierno de la Unidad Popular en 1970-1973. Y es que hemos avanzado notablemente en la liberación de territorios en los últimos años, y eso los dueños de Chile no lo pueden tolerar.
El ex ministro Burgos hizo su trabajo, y el grado actual de militarización no se veía en la zona desde los años ’70, con decenas de casos de tortura durante el actual Gobierno de Bachelet. El contingente militarizado de la nueva Zona Araucanía Control Orden Público de Carabineros de Chile es suficiente para operaciones de gran escala que un gobierno de Lagos o Piñera podría perfectamente llevar a cabo.
Y así nos preguntamos: ¿hacia dónde nos dirigimos? Vemos con preocupación que la elite política se encuentra actualmente en un estado de incapacidad total para dar respuesta a cualquier problema social del país. Y respecto al conflicto, aquí observamos que en vez de intentar una salida razonable, están acumulando fuerzas y voluntades para una nueva ocupación militar como las que sufrieron nuestros antepasados.
4. Claridad y precisión para dialogar
El ministro Campos, patudamente, señala respecto al movimiento mapuche que “no se advierte claridad y precisión en las pretensiones de los reclamantes, siendo notorias las diferencias entre las aspiraciones de unos y otros”.
Por el contrario, somos nosotros los que observamos justamente cómo los representantes del Estado están totalmente confundidos y borran con el codo lo que escriben con la mano. Valga solamente con citar el programa de Gobierno de Bachelet:
“Reconstruir confianzas, alejándonos de la represión y la violencia. Buscaremos una forma de entendernos con voluntad de diálogo y de justicia. Consideramos muy importantes las recomendaciones de los Relatores de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales que han examinado la realidad de los Pueblos Indígenas en nuestro país y han formulado importantes indicaciones, especialmente en relación con situaciones de tensión y conflicto”. Además dice el programa que una “comisión de personalidades representativas de la sociedad chilena e indígena estudiará los casos judiciales que se han producido como resultado de la aplicación de la ley antiterrorista, investigará las denuncias de violencia y abuso policial contra comunidades indígenas, particularmente mapuche y rapa nui y sobre todo respecto de los niños y niñas mapuche; y dará especial atención a las familias indígenas y a los pequeños parceleros afectados por las situaciones de tensión vividas en la Región de La Araucanía. Esta comisión propondrá, en el plazo de 6 meses desde constituido el nuevo Gobierno, las medidas y recomendaciones necesarias para atender todas estas situaciones de manera adecuada y con respeto a los estándares internacionales de derechos humanos”.
Por último, “estudiaremos mecanismos alternativos a la compra de tierras para poder satisfacer las demandas pendientes. Se dará cumplimiento al proceso de restitución de tierras indígenas y se proporcionarán los recursos para proteger los derechos de los Pueblos sobre sus tierras y recursos ancestrales. Se respetarán todos los compromisos asumidos de compras de tierras, con un acompañamiento técnico y productivo a las comunidades”.
Por supuesto nada de eso se ha realizado. Por el contrario, el gasto policial en nuestro territorio de Arauco durante el gobierno de Bachelet se ha multiplicado ¡10 veces! respecto al gasto durante el gobierno de Piñera [6]. Junto a eso, gracias a un “acuerdo político transversal”, propiciado por Ena Von Baer (UDI), Eugenio Tuma (PPD), Jorge Burgos (DC) y Marcos Barraza (PC), la Ley de Presupuestos 2016 incluye trabas para que CONADI compre tierras en conflicto.
Por último, para clarificar al Ministro Campos sobre la demanda del Movimiento Mapuche, señalamos los siguientes puntos transversales:
- La recuperación de los territorios que corresponden a los Lov ancestrales. En palabras de la organización Weichan Auka Mapu: “apuntamos al control y reconstrucción territorial del Lof, Lof Mapu, Rewe, Aylla Rewe, Wallmapu”.
Es necesario clarificar que es falso que esto tenga que ver con una supuesta “limpieza racial”. La recuperación de nuestro espacio territorial no tiene consecuencias sobre los pueblos y ciudades (en nuestro caso Cañete, Quidico y Tirúa), que si bien es cierto son fruto de la invasión, hoy son habitados mayoritariamente por chilenos pobres, mestizos y mapuche, en convivencia pacífica. Tampoco se trata de un tema racial, como que las personas no mapuche no pudieran vivir en los Lov, sino que se trata de la expulsión de los latifundistas, no por racismo, sino porque es inaceptable que mientras nuestro pueblo vive en nuestro propio territorio en una pobreza impuesta, como allegados en pequeños sitios; los nietos de los usurpadores tienen propiedades de cientas o incluso miles de hectáreas por familia. Digámoslo claramente: en Wallmapu pueden vivir los wingka, pero no de la forma injusta actual de los latifundios usurpados. Más aún, en las franjas en que se ejerce el control territorial, también los no mapuche se benefician económicamente. No hay ningún mapuche que pretenda propiedad individual de cientas o miles de hectáreas, como los latifundistas.
- Las actuales condiciones de degradación del ecosistema hacen que sea urgente la expulsión de las grandes empresas que depredan nuestro territorio, principalmente hoy las forestales, pero también otros proyectos de inversión que afectan a territorios particulares.
- Respecto a la habitual preocupación del Estado por la producción económica de la tierra, nuestro territorio es abundante en recursos y nuestra experiencia en el control territorial muestra que, prescindiendo de la acumulación de capital que los grandes grupos económicos realizan a costa nuestra, hoy vivimos mejor en los espacios controlados. A diferencia del empresario usurpador, que sólo es un especulador, nosotros sí sabemos trabajar la tierra y el bosque con nuestras propias manos, y sabemos hacerlo sin destruir miles y miles de hectáreas por ambición. No queremos hacernos ricos, sino alimentar a nuestras familias cuidando el territorio para las generaciones siguientes.
En concreto, por ejemplo, Mininco para cosechar 10 hectáreas de eucalipto, lo hace en un día, logrando 1.700 o 1.800 metros ruma. Por cada metro ruma, el contratista se llevará 15 mil pesos para pagar la operación y a los trabajadores, otros 15 mil el transportista, y Mininco 15 mil como “dueño” del predio (luego al ingresar la madera a la planta procesadora, multiplicará exponencialmente esa ganancia). Un trabajador ganará ese día 25 mil pesos. En pocas semanas, cientas de hectáreas son un desierto.
En cambio, si la comunidad o el Lov cosecha esas mismas 10 hectáreas, eso significa sustento económico durante todo el verano para decenas de familias, o incluso 4 y hasta 6 meses si es que no hay grandes ambiciones más que la subsistencia. Las familias salen de la pobreza, no necesitan “ayudas” de las empresas y políticos, y así vivimos la autonomía en la práctica, sin hacer una gran destrucción de miles de hectáreas por temporada como lo hace Mininco.
Esta realidad es la que no puede tolerar el ministro Campos y en general los empresarios y políticos que se creen dueños de Chile y de nuestro territorio, que hoy como movimiento mapuche estamos demostrando que no los necesitamos. Este es el verdadero motivo de que estén hablando de un “acuerdo político” para exterminarnos.
[1] Los que escribimos y suscribimos este texto somos luchadores pertenecientes al territorio en resistencia del sur de la Provincia de Arauco (Tirua, Cañete, Contulmo)
[2] Archivo de Cornelio Saavedra, Biblioteca Nacional.
[3] Ver Coordinadora Arauco Malleco: “Control Territorial vs Política de Entrega de Tierras por Parte del Estado”. Febrero de 2014.
[4] Ver Tomás Guevara “Historia de la Civilización de la Araucanía”. Capítulo sobre la Ocupación de La Araucanía.
[5] Citado por Ricardo Donoso y Fanor Velasco en “Historia de la Constitución de la Propiedad Austral”. 1928.
[6] Secretaría General de Carabineros. Respuesta a Oficio 206 (Senador Alejandro Navarro). 28 marzo 2016.
