Con masivas y combativas manifestaciones los pescadores y movimientos sociales respondieron al gobierno y la FAO. Las mujeres y hombres de mar, junto a organizaciones urbanas exigen la anulación de la Ley Longueira y que los recursos marinos vuelvan a ser patrimonio de todos los chilenos y pueblos indígenas.
Santiago, 27 de octubre de 2016. (Ecoceanos News)– Las organizaciones de la pesca artesanal y los movimientos sociales retomaron esta semana sus movilizaciones en una nueva jornada de protesta nacional, luego que la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO), entregara un informe al Gobierno chileno con una revisión de la viciada ley de pesca y acuicultura, conocida popularmente como “ley Angelini-Longueira” de privatización pesquera.
Pescadores y ciudadanos calificaron dicho informe como un mero “saludo a la bandera”, con el fin de permitir que un acorralado gobierno pueda intentar maquillar la corrupta ley de pesca que entregó de manera gratuita y a perpetuidad la propiedad de los peces del mar chileno a un grupo de siete familias que conforman el “cartel” que domina este sector de la economía chilena.
La jornada nacional de protesta junto con demandar la anulación sin compensación económica alguna para las siete familias, exigió castigo para los políticos y empresarios culpables de cohecho, fraude al fisco y financiamiento ilegal de la política, hechos ocurridos durante la tramitación parlamentaria de dicho cuerpo legal durante el 2012.
En entrevista a la radio de la Universidad de Chile, Guido Rojas, dirigente de los pescadores artesanales de la región de Arica, indicó que la mega empresa Corpesca, de propiedad de la familia Angelin, además de acaparar el 85 por ciento de la cuota de captura de anchoveta en esa zona, invade todos los días, sin ninguna fiscalización gubernamental, las 5 millas marinas establecidas como exclusivas para los trabajadores de pequeña escala de las diversas caletas del norte de Chile.
“Los industriales están haciendo lo que quieren acá en el norte. Corpesca está impidiéndonos zarpar por el tema de las 5 millas, ellos quieren apropiarse de nuestro derecho, pero nosotros no los vamos a dejar. Igualmente ellos hacen casi el 80 por ciento de su cuota de captura dentro de las 50 millas marinas”, afirmó el dirigente.
Por su parte Pascual Aguilera, dirigente de la región de Coquimbo indicó que lo más nefasto ha sido para ellos la llamada pesca de arrastre, que destruye todo ecosistema del fondo marino y que ha repercutido en la escasez de productos como el jurel, la merluza y el congrio.
Aguilera enfatizó sobre la necesidad que el proyecto de anulación de la “Ley Angelini-Longueira”, que actualmente duerme en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, sea discutido con urgencia y aprobado por el Parlamento.
“El 90 por ciento de la cuota de captura está en manos de la industria, es decir de las 7 familias que están en un solo conglomerado de 4 empresas, o sea, sólo cuatro empresas son los dueños del juren en Chile”, agregó.
En Valparaíso, donde se realizaron las acciones de protesta de mayor magnitud, Eduardo Quiroz coincide con Aguilera en que la pesca de arrastre sólo ha traído graves problemas económicos a los pescadores y sus familias que se dedican a la extracción de la merluza, jurel y congrio.
Quiroz indicó que la temporada de extracción sólo abarca unos meses del año, estando la mayoría del tiempo sin actividad, por la sobreexplotación e inexistencia de dichos recursos, o su bajo tamaño, obligando a la compra y traslado de la pesca desde el sur del país.
Los dirigentes de los pescadores indicaron que el informe entregado por la FAO al Gobierno no se refiriere a los temas claves de esta impopular legislación, tales como la propiedad de los recursos, la exclusión de los derechos de la pesca artesanal y pueblos originales, los excluyentes mecanismos de licitación, el impedimento al acceso de las 5 millas marinas por parte de los barcos industriales, la eliminación de la pesca de arrastre, ni a la determinación equitativa de cuotas de captura. Todos estos temas son justamente los más discutidos de la normativa vigente y que no aparecen con definición en el informe FAO.
En las caletas de la Región del Bío-Bío, – especialmente Coronel y Lota-, los pescadores salieron a las calles marchando, colocando barricadas y enfrentándose con las fuerzas represivas, al mismo tiempo que exigían al Gobierno que “derogue una ley manchada por el dinero pagado por la gran industria pesquera”.
En tanto, en el archipiélago de Chiloé, región de Los Lagos, el principal problema de los pescadores de pequeña escala son las millonarias multas que deben pagar por incursionar hacia la región contigua de Aysén, obligados -según dicen ellos-, por que la flota industrial de arrastre o de profundidad, han saqueado los recursos regionales.
El dirigente Sergio Mayorga, quien también aseveró que la Ley de Pesca establece duras sanciones a los que extraen productos fuera de su región, señaló que “nosotros históricamente pescamos en la undécima región reineta, congrio y raya. Con la Ley de Pesca se obligó a utilizar un posicionador satelital, y una vez activado ya no podemos pasar a una región más al sur. Nosotros ni siquiera teníamos conflicto con los artesanales de la zona, pero han sacado partes millonarios, gente de Calbuco y Dalcahue debe alrededor de 400 millones de pesos en partes”, argumentó.
Manifestaciones en la capital de Chile
En la Región Metropolitana las manifestaciones de rechazo a la ley de pesca y a las políticas gubernamentales se centraron en el Terminal Pesquero de Lo Espejo, donde comerciantes se quejan del asedio de los fiscalizadores gubernamentales y de la policía, así como de la escasez de productos para el consumo de la población.
En la plaza de armas de Santiago de Chile, una numerosa manifestación de ciudadanos, estudiantes, pequeños comerciantes y movimientos sociales , marchó por las calles céntricas hacia la casa central de la Universidad de Chile, donde diversos dirigentes reiteraron su voluntad de fortalecer una amplio movimiento nacional por la anulación de la ley Angelini-Longueira, el bloqueo al intento de engaño gubernamental de entregar una “corrupta ley revisada de pesca”, así como la profundización y ampliación de las investigaciones por cohecho parlamentario, la cual tiene hasta la actualidad a 14 empresas y mas de 16 diputados y senadores investigados por la Fiscalía Nacional.
Los miembros de la Coordinadora Social por la Defensa del Mar y los Derechos Populares, señalaron durante la manifestación que “todas estas movilizaciones son el inicio de un gran y amplio movimiento nacional contra el abuso y la corrupción de la casta política-empresarial, el cual tendrá como siguiente paso el llamado a un paro nacional el próximo 4 de noviembre”.
Los miembros de la coordinadora enfatizaron que la actual situación política educa a los ciudadanos y movimientos sociales en el hecho que sólo la organización y la lucha nos dará lo que las injustas y corruptas leyes nos niegan.
