En las últimas semanas el grupo Angelini hizo noticia por hechos muy diferentes. Por un lado, anunció nuevas adquisiciones en Estados Unidos, en el marco del proceso detallado en la junta anual de accionistas efectuada por el conglomerado Empresas Copec a comienzos de año de transformarse en una compañía transnacional, lo cual evidentemente ya lo es. Actualmente tiene presencia productiva y distributiva con unidades económicas en quince países
La adquisición fue de una cadena de estaciones de servicio y tiendas de conveniencia. Sus ejecutivos lo ven como un hecho transcendental dado que en EEUU señalaron se trata del “mercado más competitivo y desregulado del mundo”. Simultáneamente se conoció que el Cuarto Juzgado de Garantía fijó para principios de octubre la formalización de su mayor empresa pesquera, Corpesca, debido a delitos condenados en la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas por hechos acaecidos durante las promulgaciones de la Ley de Pesca en los años de la administración de Sebastián Piñera. Se conoció además un detallado mail de su gerente general en esos años, Francisco Mujica, detallando el show montado por el exiministro de Economía, Pablo Longueira, con los dirigentes de los gremios de la pesquería industrial para aprobar la Ley de Pesca, apareciendo estos en oposición a establecer la licitación de un 15% de las cuotas pesqueras industriales, que fue la fórmula acordada con la cual se presentó el proyecto de ley. Este hecho fue usado por Longueira y el desaforado senador Jaime Orpis de que habían actuado con independencia de los industriales a quien se les otorgó derechos prácticamente indefinidos por el 85% restante. Ello vuelve a mostrar los procedimientos utilizados por Longueira y las empresas pesqueras durante su promulgación, que ameritan anularla.
Al finalizar agosto, el grupo económico encabezado por Roberto Angelini dio un nuevo paso en su crecimiento como transnacional, tal cual lo definió como su objetivo en la junta anual de accionistas efectuada en el mes de abril[1], al dar a conocer la adquisición en EEUU del 100% de la propiedad de la distribuidora de combustibles y tiendas de conveniencia Mapco Express y de cuatro compañías filiales en unos US$535 millones. La compra fue efectuada a la sociedad estadounidense Delek US Holdings Inc., controlada por el multimillonario israelí Yitzhak Tshuva.
Ello dará a Empresas Copec la propiedad de 348 estaciones de servicios y participación con terceros en otras 142, además de un número importante de tiendas de conveniencia. En este mismo sector, el grupo había adquirido en el año 2010 la colombiana Terpel, donde posee el 52,5% de la propiedad, que tiene negocios igualmente en Panamá, Ecuador, Perú y México, así como la distribución de combustibles en el aeropuerto de la República Dominicana[2]. En el sector de los combustibles, Abastible –filial de Empresas Copec- en 2011 adquirió también en Colombia el 51% de Inversiones del Nordeste en US$77 millones, presente en el negocio de gas licuado de petróleo (GLP) y durante el presente año hizo otro tanto con las filiales de la española Repsol de sus operaciones de GLP en Perú y Ecuador invirtiendo US$300 millones. En Colombia controlan el 80% del negocio de combustible para aviación y el 44% del mercado de tiendas de conveniencia, además de haber incrementado un 34,2% en cuatro años la venta de combustibles.
“Nuestra trayectoria en Colombia –declaró el gerente general de Copec Combustible, Lorenzo Gazmuri- es un buen ejemplo de la manera en que abordamos la entrada a nuevos territorios (…). Estados Unidos –agregó- representa un desafío de especial magnitud pues se trata del mercado más competitivo y desregulado del mundo” (30/08/16). “Hemos entrado -dijo días después- a la Premier League. Siempre hemos competido con compañías globales en Chile, pero si somos capaces de hacerlo bien en EEUU eso fortalece toda nuestra presencia en la costa del Pacífico. El mercado de la distribución de combustibles y tiendas de conveniencia norteamericana está muy atomizada y se encuentra en un proceso acelerado de consolidación (…). Nosotros –concluyó- vimos que había una ventana de tiempo acotada para ingresar y encontramos en Mapco una red con alta propiedad de estaciones y de tamaño accesible para nosotros, y nos dijimos: ‘La oportunidad es ahora’” (04/09/16).
Las estaciones de servicio adquiridas se encuentran prioritariamente en Tennessee, Alabama y Georgia, teniendo también presencia en Arkansas, Virginia, Kentucky y Mississippi. Por lo demás, el grupo Angelini tiene ya importantes inversiones en Estados Unidos en el sector forestal, donde su influencia se ha ido ampliando. En 2012 adquirió plantas de paneles en Arkansas y Carolina del Norte. En septiembre de 2015 anunció que pondrá en marcha una nueva planta de paneles en Michigan, que será la mayor de tableros aglomerados en ese país, con una capacidad de producir 750.000 metros cúbicos, efectuando una inversión de US$325 millones.
Progresivamente se va desarrollando la proyección efectuada por Roberto Angelini en la citada junta de accionistas de Empresas Copec. “Actualmente –dijo- estamos pasando desde una mirada exportadora desde Chile al mundo, a una nueva etapa, que consiste en establecer plataformas operativas y productivas más allá de nuestras fronteras. Primero fue en los países vecinos, luego saltamos a Norteamérica, pasando por Colombia y este año anunciamos nuestra primera inversión, en el área de paneles, en Europa y Sudáfrica. Todo esto –concluyó- es transformarnos en una multinacional” (30/08/16). Característica que claramente ya tiene. El 30% de los activos de Empresas Copec se encuentran fuera del país y en mercados externos materializa el 40% de sus ventas. ”Estas proporciones –manifestó Roberto Angelini- seguirán variando naturalmente en la medida que sigan desarrollándose nuestros actividades (…) dentro de nuestro foco estratégico, recursos naturales y energía” (30/08/16).
El grupo tiene ya presencia en 15 países, nueve latinoamericanos (México, Panamá, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay –donde participa en el control de la planta de celulosa Montes del Plata- y en Argentina, país en que inició su proceso de internacionalización al adquirir Anacleto Angelini, el fundador del grupo, el complejo industrial Alto Paraná en 1996), las otras dos en América del Norte (EE.UU y Canadá, país este último donde también tiene plantas de paneles), tres europeos (España, Alemania y Portugal, como resultado de su alianza con el holding luso Sonae) y en Sudáfrica (fruto del mismo pacto con Sonae).
El proceso de internalización se intensificó en los últimos doce meses, efectuando cinco operaciones de envergadura. En Estados Unidos, además de la adquisición de Mapco, anunció el inicio de la construcción de la planta de tableros en Michigan. En Europa y África entró al adquirir la española Tefisa en alianza con la portuguesa Sonae. En Brasil, Corpesca invirtió US$44 millones en una parte de Fasa, empresa dedicada a la venta de concentrados proteicos. Abastible, por su parte, compró las cadenas de gas pertenecientes a la española Repsol en Ecuador y Perú en US$335 millones[3].
Con las inversiones del grupo Angelini a efectuarse en los sectores de combustibles y forestales crecerá las inversiones desde Chile en Estados Unidos, que al finalizar 2015 llegaban a US$8.527 millones, un 8% del total, ubicándose como el quinto mayor mercado receptor, después de cuatro naciones sudamericanas (Brasil, Perú, Colombia y Argentina). Hasta ese momento, en términos sectoriales un 35,6% del total de las inversiones se había radicado en servicios siendo los montos más elevados efectuados en intermediación financiera, destacando la realizada por el banco BCI, del grupo Yarur. En segundo lugar figuraba con un 26,3% del monto global la materializada en el sector minero en proyectos de cobre, molibdeno y níquel. En este segmento resaltan ante todo las realizadas por el grupo Luksic. Más atrás, estaba el sector industrial con un 11,3%, las cuales aumentarán con los proyectos del grupo Angelini. Es importante, además, la concretada por Concha y Toro en la industria vitivinícola.
Al tiempo que se conocían las nuevas adquisiciones efectuadas por el grupo, el fiscal regional de Biobío Julio Contardo y la fiscal Ximena Chong solicitaban al Cuarto Juzgado de Garantía fecha de audiencia, la cual se fijó para el 3 de octubre, para proceder a formalizar su principal empresa pesquera, Corpesca, por el delito de soborno, al existir constancia de la entrega de dinero con el propósito de que se aprobasen en el Congreso cláusulas en su beneficio, apoyándola en los actos cometidos por su exgerente general Francisco Mujica, que se encuentra a su vez formalizado. La citación se efectuó a su actual representante legal, Arturo Natho, por acciones registradas entre diciembre de 2009 y mayo de 2013.
Julio Contardo explicó que “la imputación se efectuará por delitos contemplados en la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas”, la cual afecta a empresas autoras de delitos al no supervisar adecuadamente si sus funcionarios los cometen. “Los castigos –explicó el fiscal Contardo- van desde la multa hasta la disolución, pasando por sanciones como la prohibición de celebrar contratos con el Estado. Y esta pena –agregó- se establece en relación al delito que se investiga conjuntamente en esta causa, que es el delito de soborno” (02/09/16). “Nosotros esperamos –expresó por su parte el abogado querellante Matías Ramírez- por la gravedad de los hechos investigados y la reiteración de la conducta que se aplique la sanción más gravosa contemplada en la ley de responsabilidad penal de la empresa, esta es, su disolución por haber promovido la corrupción”. Corpesca S.A, a través de una declaración pública responsabilizó exclusivamente de lo acaecido a su exgerente general Francisco Mujica, que ya se encuentra – indicó- formalizado “por los hechos que el propio Ministro Público le imputara, respecto de los cuales la empresa como tal es absolutamente ajena” (02/09/16). Es lo que buscará, sin duda, sostener en la audiencia a realizarse.
Igualmente el abogado querellante sostuvo que la formalización constituye “un antecedente esencial para avanzar en la nulidad de la ley de pesca” (02/09/16). Durante este año se acumularon nuevos antecedentes que fundamentan aún más la nulidad de la conocida como Ley Longueira. Entre ellos, los dineros proporcionados al diputado Iván Fuentes por empresas pertenecientes a la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral, Fipes, obtenidas a través de gestiones efectuadas por el senador democratacristiano Patricio Walker. El diputado Fuentes reconoció haber recibido antes de asumir recursos de la pesquera Friosur S.A., controlada por una parte de los hermanos Del Río, que dividieron sus negocios. A su vez, el senador Walker reconoció también haber gestionado donaciones, por lo cual enfrenta una querella presentada por pescadores de la zona.
El fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado, envió los antecedentes de su investigación, que incorpora también al senador Antonio Horvath, al Consejo de Defensa del Estado de Coyhaique informándole “que se ha iniciado una investigación por el presunto delito de fraude al Fisco en que existen funcionarios públicos involucrados, específicamente parlamentarios” (14/09/16). Una de las boletas entregadas como contrapartida de los recursos recibidos fue emitida por el socio de un hermano del senador Walker. De otra parte nuevas empresas del sector de diferentes lugares se acogieron a la posibilidad abierta públicamente por el Servicio de Impuestos Internos para efectuar rectificaciones de declaraciones tributarias por gastos consignados no efectuados, correspondientes “casualmente” al ejercicio en que se cursó la Ley de Pesca.
Pero todos los graves antecedentes acumulados quedaron cortos al conocerse un mail del exgerente general de Corpesca, Francisco Mujica, detallando una reunión previa al envío en diciembre de 2011 del proyecto de Ley de Pesca, en la cual participó, promovida por Pablo Longueira, con la presencia además del subsecretario Pablo Galilea y sus asesores, con los gremios de los industriales pesqueros del país. En esa cita Longueira propuso que en el proyecto se estableciese una licitación del 15% de las cuotas pesqueras asignadas a estas empresas, que quedarían prácticamente en forma indefinida con el 85% restante.
Los industriales pesqueros calificaron, dice el texto del mail, la propuesta de “ingeniosa” y con un “daño limitado” a sus aspiraciones de quedarse con el 100%. Pero, hicieron ver, según el relato de la sesión, que “de aparecer concordando lo que se propone, se dirá por los detractores que una vez más el Estado y los particulares se han puesto de acuerdo en un tema para defender intereses”. Por ello sugirieron que “las licitaciones deben aparecer como una imposición a la industria. (…) si la industria dice que está de acuerdo con las licitaciones, el proyecto no tendrá aceptación, la industria debe aparecer derrotada”. Así se hizo. El presidente de la organización empresarial de Sonapesca, Rodrigo Sarquis, al recibir el mail del representante de Corpesca, escribió: “Un buen resumen de la reunión con el ministro” (15/09/16). Pablo Longueira y el desaforado senador Jaime Orpis han utilizado esta votación fraguada “en contra” de los industriales como una demostración de la independencia con que habrían procedido.
Estos antecedentes llevaron al fiscal Emiliano Arias, antes de ser removido del caso Corpesca por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, a declarar en entrevista de prensa “que los hechos investigados (…) dan cuenta de un grupo de organizaciones dedicadas a una actividad económica que es la pesca, interesados en que se mantengan ciertas normas de una ley y que enfrentados a un proceso de reformas se ven en la necesidad de interferir para proteger sus intereses. La Ley de Pesca- concluyó Emiliano Arias- es una ley en cuya formación se cometieron delitos. Eso está en un nivel de acreditación altísimo (…). En conclusión –expresó finalmente-, en el proceso de formulación de la ley hay corrupción” (15/08/16).
Jorge Abbott en vez de buscar llevar a fondo la investigación de hechos de tal gravedad procedió a remover del caso Corpesca al fiscal Arias y sumariarlo. Esta determinación fue duramente impugnada por la Asociación Nacional de Fiscales criticando que la separación se decidió incluso antes de que se efectuara el sumario y que los criterios aplicados podían “emplearse para privar a la opinión pública de información relevante”. Luego de divulgarse la declaración, el presidente de la Asociación en entrevista televisiva afirmó: “es evidente que (Abbott) ha estado sujeto a presiones políticas. Espero –añadió- que no se esté cediendo frente a presiones de grupos determinados que lo único que les interesa es que los fiscales estén bien calladitos, que trabajen despacito, cosa de no afectar a nadie, los fiscales no podemos trabajar así” (18/08/16).
De otra parte la fiscalía nacional decidió dividir por regiones una investigación única, cuando en los hechos todas ellas conducen a impugnar la Ley de Pesca. Demás está decir que mientras no se anule dicha ley los reducidos sectores beneficiados, entre los cuales están las empresas del grupo Angelini, siguen aprovechando su articulado. Al día siguiente de la determinación de Abbott, Ciper dio a conocer un artículo de la Ley de Pesca, propiciado por el desaforado senador Jaime Orpis y el socialista Fulvio Rossi, que estableció un techo al pago de impuesto a las empresas pesqueras del 40% de los tributos cancelados el año 2012. La disposición le significó a Corpesca, cifró Ciper, un beneficio hasta el presente año de $4.670 millones por la no cancelación de impuestos. La publicación divulgó las expresiones textuales defendiendo la propuesta efectuadas en el hemiciclo por Orpis y Rossi.
HUGO FAZIO
[1] Véase, Resumen Económico Trimestral N° 170, abril-junio de 2016, págs. 49-51.
[2] Véase, Los Mecanismos fraudulentos de hacer fortuna. Mapa de la Extrema Riqueza 2015, págs. 115-116.
Hugo Fazio
El Ciudadano 21 de noviembre de 2016
