Al margen de las sanciones administrativas y legales que surjan de las investigaciones en curso, este comportamiento empresarial deslegitimiza seriamente su representatividad en el Consejo Nacional de Pesca.
Por: Eduardo Tarifeño Silva, Biólogo Marino, Ph.D.. Miembro Titular del Consejo Nacional de Pesca, nominado por la Presidenta de la República.
Concepción, 21 de noviembre de 2016.
En el complejo escenario de corrupción político-empresarial en el cual se desarrolla la actividad pesquera nacional, ha surgido un nuevo antecedente que profundiza aún más la falta de credibilidad pública en la legislación que nos rige para la administración y ordenamiento de los recursos pesqueros. Se trata de la denuncia de un particular sobre la entrega desde 1994 por los sucesivos subsecretarios de pesca, de millonarias cuotas de pesca a los propietarios de 64 barcos pesqueros que supuestamente estaban en construcción en ese momento pero que nunca fueron botados al mar; es decir, sólo existían en los documentos (“barcos de papel”) que respaldaban la asignación de cuotas de pesca, pero que sin embargo, obtuvieron matrículas sin estar inscritos en los registros respectivos. Estos “barcos de papel” permitieron a sus dueños-armadores aumentar en forma engañosa los volúmenes de la capacidad de bodega de sus flotas y por lo tanto tener acceso a mayores cuotas de pesca.
Frente a esta situación a todas luces dolosa, surgen entonces las preguntas: ¿Hubo colusión entre los armadores y funcionarios sectoriales para que se entregaran cuotas de pesca a los “barcos de papel”?¿Por qué los mecanismos de control a nivel de Subpesca, Sernapesca, DGTM-MM y Contraloría para evitar esta situación no funcionaron durante todos estos años?
Esta situación que es objeto de denuncia en los tribunales respectivo, incrementa la desconfianza de la fe pública sobre la forma como algunos sectores empresariales pesqueros defienden sus intereses, haciendo caso omiso de las leyes y reglamentos que deben respetar. Al margen de las sanciones administrativas y legales que surjan de las investigaciones en curso, este comportamiento empresarial deslegitimiza seriamente su representatividad en el Consejo Nacional de Pesca, organismo asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, donde sus representantes expresan la opinión de dicho sector pesquero.
En mis 11 años como Miembro Titular de Consejo Nacional de Pesca, nominado por la Presidencia de la República con el acuerdo del Senado, he sido testigo de actitudes prepotentes de algunos representantes empresariales que trataban de imponer sus criterios en la discusión de cuotas de pescas, en base al monto de sus inversiones, sin tomar en cuenta la conservación de los recursos y la sustentabilidad de las pesquerías.
Un caso específico, fue la insistencia de CORPESCA durante años que el jurel que ellos pescaban en la zona norte, era una especie diferente del jurel del sur, para así justificar que el 75% de sus desembarques estaban bajo la talla mínima de pesca. Sólo los antecedentes científicos nacionales e internacionales de la estructura genética de estas poblaciones que demostraron que era y son una misma especie, lograron rebatir los argumentos de CORPESCA.
Sin embargo, llamó la atención en su momento, que uno de los estudios genéticos más específicos en el tema que rechazaba la hipótesis de las dos especies de jurel (jurel norte y jurel del sur) había sido financiado en parte por CORPESCA; quedó la duda si los resultados de dicho estudio disponible ampliamente en las redes científicas, eran ignorados o no considerados por la empresa.
