Las Áreas Protegidas en sus distintas categorías, proveen bienes y servicios ambientales fundamentales para una sociedad en desarrollo como la nuestra y son un gran empuje para las economías regionales y como parte importante del capital natural, que bien conservado y aprovechado inteligentemente, debe sustentar nuestra proyección de futuro. Así como la empresa privada reconoce la depreciación de la maquinaria, equipo e infraestructura, disminuyendo el valor del activo contable; de la misma manera la pérdida del capital natural para un país, significa una disminución trascendental del bienestar económico de la sociedad y su proyección de desarrollo.
Por Andrés Gillmore
12 de diciembre de 2016
Es indudable que Parques y Reservas Nacionales y las Áreas Protegidas no están siendo cauteladas como corresponde por los organismos competentes, en un país como Chile que dícese cautelar el medio ambiente. Pero la verdad práctica es que en la actualidad carecemos de una fiscalización como corresponde, ante los intereses de las grandes empresas.
El Parque Nacional Torres del Paine tiene una concesión que administra el parque, que en si mismo es una negación a los fundamentos del reglamento que norma mundialmente a los Parques Nacionales y eso llevó a que se permitiera construir un hotel al interior del Parque, que va en contra del fundamento de protección. Hace poco el hotel vertió petróleo en la laguna Grey y el daño no ha sido menor bajo ningún aspecto; hace unos días se cayó una pasarela que por suerte no lastimo a nadie. El parque desde hace años esta colapsado ambientalmente y se ha tenido que restringir la entrada de los visitantes. Los incendios han sido recurrentes en los últimos años con la destrucción de grandes áreas de bosque nativo.
En la misma región de Magallanes en el Parque Nacional O’higgins, se permitio que empresas salmoneras se instalaran, en total contrasentido de lo que significa la preservación de un Parque Nacional. En Tierra del Fuego en una zona ya de relevancia ambiental, se permitio que entrará en operación en Isla riesco la Mina más grande del planeta a tajo abierto de carbón y eso que la Isla es considerada como Reserva de la Biosfera. A escasos kilómetros de Puerto Natales, fue admitida la posibilidad de abrir otra mina de carbón, con todo el daño que representaría para los habitantes y el turismo de la región.
En el norte encontramos la Mina Dominga que también es a tajo abierto, que producirá concentrado de hierro y como subproducto extraerán cobre a escasos 30 KM de la Reserva Nacional de los Pingüinos de Humboldt, donde también se encuentran las Reservas Marinas de Isla de Chañaral, Isla de Choros y Isla de las Damas, que es una zona de reproducción, alimentación y migración de chungungos, patos yuncos y ballenas azules, todas especies en peligro de extinción.
En el Parque Nacional Chungará en el extremo norte en la frontera con Bolivia, cerca de la localidad de Putre, se han instalado pozos subterráneos de extracción de agua, a pesar que estudios realizados por Codeff y la comisión Aymara del medio ambiente, detectaron que los pozos no tienen paredes sólidas y que las aguas subterráneas alimentan el río Lauca. En el 2011 la Corte Suprema autorizó la entrada en operación de un proyecto minero en el Parque Nacional Lauca y se autorizó la desafección del 20 % del Parque para dar cabida a estos intereses.
En la región de Aysén en la Reserva Nacional Las Guaitecas, este año fue intervenida por una empresa salmonera y inmediatamente comenzó una seria mortandad de salmones por los malos manejos ambientales, contaminando aguas que anteriormente eran prístinas y protegidas. En la Reserva Nacional Cerro Castillo cerca de Coyhaique habitada por huemules, no se ha cerrado el perímetro territorial de la reserva como corresponde y los perros asilvestrados entran a la reserva y han cazado huemules. Por las mismas razones, el ganado ovino y bovino pastorea al interior de la reserva y eso ha dado pie para que los huemules se estén contaminando con enfermedades que no les son propias a su especie y muchos huemules han estado muriendo en los últimos meses por esas razones.
Es indudable que la realidad de las áreas protegidas en los diferentes formatos es tormentosa y que existe la necesidad de mejorar la institucionalidad de las Áreas Protegidas. No es difícil constatar una dispersión y una superposición de competencias de los organismos competentes ante la multiplicidad de los marcos normativos de las diferentes categorías y figuras de la protección territorial, ante una escasez de recursos financieros y humanos destinados al tema, ante la presión que ejercen constantemente las empresas por apoderarse de estos territorios.
El creciente interés privado de dedicarse a la administración del espacio acuático y terrestre por medio de concesiones privadas, tiene serias implicaciones si no se cuenta con una fiscalización seria y profesional, ante las restricciones a la que están sujetas algunas actividades productivas y servicios en los territorios protegidos. Se podría decir que el Estado de Chile en forma teórica ha hecho importantes esfuerzos por proteger in situ estos territorios, especies y ecosistemas, principalmente a través de la creación de parques, santuarios, reservas y monumentos naturales, pero en la práctica eso no sucede.
Desde hace un par de décadas el sector privado ha comenzado a tomar iniciativas de conservación en diversas áreas silvestres privadas. Pero es indudable que para que el sistema funcione y la relación entre Estado y privados sea armónica y fructífera, es importante contar con una fiscalización constante, que tenga por norma hacer prevalecer los intereses de base de la creación de los territorios protegidos y que bajo ningún supuesto se dejen de lado estos procedimientos para facilitar lo intereses de las empresas.
Las áreas naturales protegidas en sus diferentes formas, son de un valor incalculable en términos de los beneficios que le entregan a las economías locales en las regiones. Las diversas acciones para lograr el desarrollo sustentable de las regiones, dependen en gran medida de contar con un financiamiento de acuerdo con lo que se necesita por parte del Estado, que en la actualidad deja mucho que desear y que este orientado explícitamente a la conservación de la diversidad biológica de las áreas.
Con base en las evidencias que podemos ver en los países desarrollados que han implementado estas áreas protegidas, no es difícil deducir, que la contribución que hacen a las economías locales estos territorios, representan con el tiempo si son bien implementadas millones de dólares por año, sobre todo ahora que Chile es reconocido como un destino de carácter internacional en turismo de intereses especiales, que de por si es una gran oportunidad que no debemos ni podemos desperdiciar.
La gestión de las áreas protegidas, recogen el interés genuino de las comunidades locales y son una gran oportunidad de hacer del desarrollo un manejo responsable ante la diversidad biológica y territorial de las regiones, creando procesos participativos que mejoran permanentemente la gestión pública, fortaleciendo las prácticas administrativas y sobre todo descentralizando por una autogestión positiva e informada de las comunidades. Lamentablemente esta contribución está en peligro ante las crecientes amenazas a las que están expuestos los ecosistemas bajo las directrices de un supuesto desarrollo, con actividades que no cautelan el medio ambiente; como la salmonicultura, la extracción ilegal de la fauna silvestre, la minería extractivista y la industria forestal.
El escaso presupuesto que se le ha asignado a la gestión de Parques y Reservas Nacionales y las áreas Protegidas a Conaf, esta haciendo colapsar el formato en un Chile que es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo y como tal los diferentes gobiernos desde 1992 a la fecha, han venido asumiendo compromisos internacionales para administrar sustentablemente estas áreas en las distintas reuniones internacionales en las que ha participado.
La efectividad de los compromisos internacionales contraídos por Chile ante la sustentabilidad ambiental, dependen de las acciones que se tomen en los espacios para conservar la diversidad biológica, proporcionando los bienes y servicios que necesitan y otorgándoles un adecuado financiamiento, para que contribuyan al desarrollo sustentable de la protección de nuestra diversidad en el mundo regional. De no ser así, todo no es más que un discurso político; se pierden los objetivos y la sustentabilidad pasa a ser una mera ilusión. “Un país que no cuida sus áreas protegidas no tiene futuro”.
Las Áreas Protegidas en sus distintas categorías, proveen bienes y servicios ambientales fundamentales para una sociedad en desarrollo como la nuestra y son un gran empuje para las economías regionales y como parte importante del capital natural, que bien conservado y aprovechado inteligentemente, debe sustentar nuestra proyección de futuro. Así como la empresa privada reconoce la depreciación de la maquinaria, equipo e infraestructura, disminuyendo el valor del activo contable; de la misma manera la pérdida del capital natural para un país, significa una disminución trascendental del bienestar económico de la sociedad y su proyección de desarrollo.
El propósito central de la gestión de estas Áreas Protegidas, no debe ser otro que asegurar el mantenimiento de las funciones ecológicas que sustentan el capital natural de nuestro querido y amado Chile. No es fácil valorar dicho capital ante las naturales fallas del mercado, que están evitando constantemente que los bienes y servicios que suministran las áreas protegidas, tengan un valor escaso de transacción por los agentes económicos. Esto ha llevado a que los economistas especializados, tengan que estar ideando técnicas especializadas para su valoración, que le permitan a la sociedad calcular el valor de los servicios ambientales no comercializables en los mercados para que sean preservados.
Las áreas protegidas generan una gran cantidad de beneficios directos de opción y existencia. Uno de los beneficios directos más importantes es la protección del agua que usan las comunidades en las partes bajas de las cuencas hidrográficas. El turismo es otro beneficio directo de gran relevancia para el desarrollo de las regiones. Cientos de miles de turistas visitan estos lugares protegidos todos los años, con un efecto multiplicador en las economías locales y las poblaciones asentadas en el ámbito de influencia de dichas áreas, mejorando la calidad de vida y su proyección de futuro, generando impactos positivos y aportando a la identidad regional y nacional, fortaleciendo las capacidades de gestión positiva ante la diversidad biológica por una gestión moderna del Estado y los recurrentes beneficios para las comunidades ante la institucionalidad vigente.
