Lo que estaría haciendo crisis en el Caso Merluza es que la Ley Longueira ha instalado una institucionalidad para el sector pesquero, que se hizo para justificar en fines científicos la sobreexplotación que necesitaba la gran industria exportadora.
Por: Pablo Fernando González
PYME Innovación – Miembro Comité Defensa Borde Costero Puerto Montt
A fines de diciembre del 2016, Subpesca nos sorprendió a todos con la noticia que había decidido sacar a la merluza común del estado de colapso para dejarla solo como sobrexplotada, ya que la anterior habría mejorado su nivel de biomasa desovante de 19 a 21% y que este nuevo escenario le permitía aumentar en 8,7% su cuota de extracción para el año 2017, hasta las 25 mil toneladas.
A fines de abril del 2016, el Subsecretario de Pesca Raúl Súnico había diagnosticado un escenario dramático para esta pesquería, declarando que “la merluza común está agotada y próxima al exterminio”. Mientras, el director de Sernapesca, al frente de una millonaria campaña publicitaria financiada con fondos público, a fines de agosto del 2016 reiteraba lo diagnosticado por la Subpesca: “la pesquería de la merluza está en la UTI (…) los científicos determinan que si no tomamos medidas drásticas probablemente pueda terminar desapareciendo del plato de los chilenos”.
Por su parte, Macarena Cepeda, actual Presidenta de Asipes, del gremio de los industriales relacionados a la pesca de merluza que son propietarios de Inpesca -una de las dos instituciones “científicas” que participan de la regulación de la merluza-, hacía eco de la preocupación: “Sin embargo, en el caso de la merluza, la cuota para los pescadores artesanales es de 9.200 toneladas de merluza, sin embargo se extrae ilegalmente tres veces esa cifra, por lo que de no mediar un cambio en esta tendencia, la merluza terminará extinguiéndose”.
De allí que la decisión de Subpesca de sacarla de la condición de agotada y de pasada aumentar la cuota de pesca para el año 2017 nos sorprendió a muchos, ya que no tiene coherencia alguna con lo que sostenían esas mismas autoridades hace apenas un par de meses atrás. Lo único que explica lo anterior es que se alteró la verdad del estado de la merluza, corrupción que compromete a las autoridades con responsabilidad en las instituciones del Estado a cargo de la administración de nuestras pesquerías.
Consultado con un científico si un stock -merluza en estado de colapso- se puede recuperar en el corto plazo -por ejemplo en un año- la respuesta fue que esto es más posible para especies de vida corta. Así podría ser para la sardina versus merluza, pero en ningún caso en un año, pues si el reclutamiento larval es bueno por condiciones ambientales óptimas, y a pesar de un bajo stock reproductivo, estas larvas necesitarían al menos dos años para reclutarse como adultos al stock pescable. Lo que resulta más incomprensible, ya que las autoridades de Subpesca saben que la merluza tiene una longevidad de 15 años y su edad de reclutamiento es de 2 a 3 años.
Lo que estaría haciendo crisis en el Caso Merluza es que la Ley Longueira ha instalado una institucionalidad para el sector pesquero, que se hizo para justificar en fines científicos la sobreexplotación que necesitaba la gran industria exportadora. Para esto se vale de los “comités científicos” y de Institutos de Investigación Pesquera, como Inpesca, que fueron impuesta por ésta y que no cabe duda que responden al tráfico de influencias del grupo de interés del que es parte. De lo anterior no están exentas Subpesca y el Instituto de Fomento Pesquero, IFOP, dos instituciones del Estado que por años facilitaron a esos grupos empresariales pudieran sobreexplotar la merluza en medio de la impunidad, y que son cómplices que la cuota cayera de las más de 120 mil toneladas del año 2004 y destacado en el encabezado de la columna a una cuota de apenas 23 mil toneladas para el 2016. Subpesca e IFOP dejaron de ser creíbles al justificar que una pequeña variación de la actual biomasa desovante les diera respaldo para cambiar su condición de agotada, aunque la misma todavía no supera la quinta parte de lo que existía para capturar el año 2004, con este criterio bastaría que si queda una merluza en el agua y ésta aumenta a dos, la pesquería podría declararse No agotada y en recuperación.
Vale preguntarse: 1) Quién se hace cargo de la difamación y calumnias en contra de la pesca artesanal a la que se le acusó de mafiosos que sostenían un negocio multimillonario por cerca de 30 millones de dólares que tenían a la merluza al borde del exterminio -para lo que el Estado invirtió en drones para perseguirlos- y ahora resulta que se dice que en este período la merluza consiguió recuperarse; o 2) Cuánto costó la millonaria campaña publicitaria con recursos públicos que encargaron Sernapesca-Subpesca que le mintió a todos los chilenos y que se sostuvo en una alteración de la verdad de la situación de la merluza que estaba al borde del exterminio, cuando ahora se sostiene que durante el último año la merluza mejoró su biomasa desovante.
Hoy en Chile los delincuentes que participan de la corrupción se saben en el paraíso, el fiscal Gajardo ha denunciado que sobornar a un ministro tiene el mismo castigo que robar un chocolate de un supermercado, ello explica que la corrupción siga ganando terreno en nuestras instituciones del sector pesquero y que lo realizado por nuestros fiscales de llevar a procesamiento a una larga lista de los asociados a las principales agrupaciones empresariales del sector pesquero no sea el camino que la consiga eliminar. Por el contrario, la misma se ha vuelto más desvergonzada y osada y de ello da cuenta la presente denuncia. Si Contraloría sigue siendo permisiva con la corrupción de las instituciones del sector pesquero, la situación crítica de nuestra riqueza pesquera y ecosistemas marinos seguirá profundizándose ante la incomprensible indiferencia de nuestras instituciones que no funcionan y que permiten que la corrupción siga socavando nuestro sistema democrático.
