Bien harían los señores dirigentes de la Sofofa en conocer esa historia y ahí se darían cuenta que el estado de derecho se quebrantó en Chile cuando el Estado cruzó el Bío Bío y le arrebató al pueblo mapuche, a sangre y fuego, cuatro millones y medio de hectáreas de las que era dueño y los dejó reducidos a la pobreza y a la discriminación.
Por: Francisco Huenchumilla
17 de enero de 2017
PARA JUZGAR lo expuesto por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) en orden a que en la Región de La Araucanía no estaría rigiendo el estado de derecho, creo que es necesario distinguir para unir.
Es efectivo que desde unos 20 años a la fecha, la Región vive un clima social diferente al que se vive en otras zonas del país; negarlo sería no ser realista. El problema para la Sofofa es que ella niega la existencia de un conflicto social y caracteriza dicha situación como un problema delincuencial y de orden público; y comete el mismo error de diagnóstico en que han incurrido los distintos gobiernos que ha tenido nuestro país en ese mismo lapso. Y, como consecuencia de ese diagnóstico, pretende y exige aplicar las mismas viejas recetas punitivas que se han demostrado fracasadas con dos aditivos; uno que a raíz del fracaso de las recetas denuncia que el estado de derecho ya no existe en La Araucanía y dos, ahora demanda al gobierno “tomar medidas urgentes y excepcionales haciendo uso de todas las facultades que contempla nuestro ordenamiento institucional”.
Respecto del aditivo uno la afirmación de la Sofofa es temeraria puesto que decir que no existe estado de derecho en La Araucanía, es afirmar que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y las respectivas policías -todos órganos con competencias constitucionales- han dejado de cumplir sus obligaciones, las que les demanda la Carta Fundamental y por ende han hecho abandono de sus deberes. Pero la realidad nos dice que frente a cada hecho acaecido que presente caracteres de delito, se ha puesto en marcha el aparato jurisdiccional del Estado para el establecimiento de las respectivas responsabilidades penales y civiles, que se han traducido en procesos pendientes o terminados y, en el caso de estos últimos, con sentencias condenatorias o absolutorias como corresponde a un estado de derecho. Y a ello agréguese que La Araucanía es la Región -proporcionalmente- con más policías en el país, lo que ha llevado a algunos a sostener que estamos en presencia de una verdadera “militarización”.
El segundo aditivo -camuflado bajo un lenguaje jurídico- es que la Sofofa está pidiendo derechamente la intervención de las FF.AA. por medio de la declaración de un estado de excepción constitucional, lo que no solo desvirtúa la misión de aquellas sino que constituye una verdadera irresponsabilidad política.
¿Por qué digo todo esto? Porque cuando las medidas procesales penales se demuestren ineficaces ello no significa que no exista el estado de derecho; significa que éstas no son suficientes, o no son las adecuadas o las pertinentes, atendida la naturaleza del problema que se pretende resolver; y si no, basta ver la situación de la delincuencia de la capital, colusiones incluidas.
¿Por qué, no obstante todas las medidas policiales y las procesales penales, se siguen repitiendo, una y otra vez, en La Araucanía, los hechos de violencia? Porque el problema es de naturaleza política y por lo tanto su solución no puede ser entregada a las policías o a los Tribunales. Los problemas políticos los deben resolver los políticos como sucedió en Nueva Zelanda, Canadá y todos los países desarrollados. Pero, para que ello suceda las clases dirigentes deben conocer la historia de su país. Deben conocer cómo llegó y se formó el Estado en la Región de La Araucanía en la última parte del siglo 19. Bien harían los señores dirigentes de la Sofofa en conocer esa historia y ahí se darían cuenta que el estado de derecho se quebrantó en Chile cuando el Estado cruzó el Bío Bío y le arrebató al pueblo mapuche, a sangre y fuego, cuatro millones y medio de hectáreas de las que era dueño y los dejó reducidos a la pobreza y a la discriminación.
La historia nunca termina de escribirse.
Por eso en una sociedad democrática, como la nuestra, la violencia no tiene justificación, pero el deber de sus dirigentes es buscarle una explicación, para tomar decisiones sabias que, finalmente, conduzcan a la paz social basada en la justicia y no en la represión.
