A pesar que en los países desarrollados la legislación para resguardar el derecho de poder acceder a la información son una realidad desde hace rato en la constitución; aún persisten estos desafíos en Chile, de un proceso que a pesar de las promesas de los diferentes gobiernos, los intereses de las transnacionales han truncado esas disposiciones.
Por Andrés Gillmore
04 de enero de 2017
El gran problema que tenemos en materia ambiental en Chile, es que las transnacionales extranjeras están desarrollando proyectos en el área minera, hidroeléctrica, acuicultura y forestal, haciendo en el país todo lo que no pueden hacer en sus países de orígen y compensar las restricciones en nuestro territorio y ganar dinero a costa de nuestra ingenuidad. Para lograr estos objetivos, se asocian con empresarios chilenos para insertarse y crean una mascarada que les permite manipular reglamentos y leyes y esconder información estratégica, que atentan contra los territorios y coartan la proyección de desarrollo de las comunidades que se ven trastocadas ante estos intereses que van en total contrasentido de la anhelada sustentabilidad. Esta destructiva realidad para el mundo regional, es el denominador común de la mayoría de los grandes proyectos de desarrollo y con el tiempo terminan transformadose en un atentado para la proyección de futuro de miles de comunidades a lo largo y ancho del país.
Por otro lado en los países miembros de la OCDE, existe desde hace mucho una regulación ambiental, que les permite mantener a sus comunidades informadas en temas ambientales y con la posibilidad de tener acceso a información seria y profesional, logrando de esa manera una mejor complementación para lograr justicia ambiental; que es lo que a fin de cuentas es el elemento central para lograr la anhelada sustentabilidad que todo país requiere para proyectarse como es debido.
La formulación de estrategias ambientales planteadas dentro de procesos participativos, con acceso a información fidedigna sobre las problemáticas ambientales son básicas para la buena convivencia, porque permita buscar soluciones teóricas antes de comenzar los procesos con el respectivo debate y crea las instancias para ir en busca de la sustentabilidad. Se ha entendido que contar con información real sobre las problemáticas ambientales es sano y permite al mundo social protegerse de las malas evaluaciones y si protegemos el mundo social, defendemos el medio ambiente; que son formas que se retroalimentan constantemente y subordinadas entre sí.
El tener acceso a información ambiental fidedigna, es trascendental para la sustentabilidad de un país, porque favorece la transparencia en la toma de decisiones y aumenta la eficiencia y la eficacia de los gobiernos. La importancia que las comunidades confíen en las decisiones adoptadas por las autoridades, es vital para una sociedad que se respeta así misma. La existencia natural de problemas y de intereses que comúnmente no son visualizados con la anterioridad que corresponde, terminan transformándose en crisis existenciales peligrosas ante el caos que producen,atentando en contra del desarrollo y crean una confusión para la cual no estamos preparados.
La incorporación informada de las comunidades en las diferentes políticas públicas que afectan al medioambiente, aumenta la capacidad que los gobiernos tienen para responder a las inquietudes sociales y garantizan las demandas públicas de manera oportuna, construyendo consensos que mejoran la aceptación de la administración gubernamental, al incorporar a las comunidades en las decisiones informadamente.
La participación informada de las comunidades en las etapas tempranas de los proyectos de desarrollo, previene posibles conflictos ambientales, que de una u otra manera terminan quitando proyección a las comunidades y a las mismas empresas, que ven cómo sus inversiones terminan retrasandose y en muchos casos estancandose totalmente, al no haber soluciones reales. El acceso a la información es una herramienta de protección de los derechos civiles para las comunidades como para las empresas interesadas. La participación informada en los procesos de decisión y contar con la capacidad de cuestionar informadamente las decisiones que a juicio de las comunidades no han considerado sus intereses, aseguran instancias jurídicas que protegen los derechos ambientales, mediante procesos judiciales independientes, que contemplan la reparación del daño ambiental en caso de ser necesario.
La importancia de hacer confiables los derechos ambientales y tener acceso a una justicia ambiental sería, objetiva y profesional, ha sido reconocida por el mismo sector empresarial de los países miembros de la OCDE, (de esas mismas transnacionales que operan en la actualidad en Chile) aceptándose que la divulgación abierta de la información corporativa, lejos de exponer a las empresas al riesgo de interacciones negativas con los actores sociales, se adelanta a los hechos, reduce los costos y desarrolla soluciones positivas ante los conflictos ambientales.
La información ambiental debe tener la capacidad de ser transparente y hacer que las comunidades tengan acceso a la misma información con que cuentan las autoridades y los gobiernos tienen la obligación de poner esa información a disposición de las comunidades de manera accesible.
A pesar que en los países desarrollados la legislación para resguardar el derecho de poder acceder a la información son una realidad desde hace rato en la constitución; aún persisten estos desafíos en Chile, de un proceso que a pesar de las promesas de los diferentes gobiernos, los intereses de las transnacionales han truncado esas disposiciones, por intereses que continúan queriendo hacer en Chile lo que no pueden hacer en su países de origen. Aunque exista cierta implementación de normativas y un tribunal ambiental para decidir las cuestiones; la información continua no siendo traspasada en forma práctica y las empresas transnacionales continúan manipulando estudios ambientales para aprobar proyectos de dudosa sustentabilidad.
