En la actualidad en los países miembros de la OCDE, el orden productivo, la fiscalización de los procesos de carga y el cuidado del medio ambiente son obligatorios. Pero en Chile el manejo ambiental no existe y la mayoría de las empresas pagan a sus trabajadores el sueldo mínimo y los trabajadores no obtienen ninguna garantía y las empresas no están preocupadas por el impacto que generan en el medio ambiente, en las comunidades y por la destrucción del patrimonio escénico y ambiental. Además estas empresas financian políticos para inmovilizar las leyes.
Por Andrés Gillmore
06 de abril de 2017
Uno de los grandes problemas del modelo Neoliberal, es que todo queda en manos de las grandes empresas y el mercado, en todo lo que se relaciona con formas, métodos y protocolos. El Estado queda reducido a su más mínima expresión, no fiscaliza como debe ser y no posee potestad alguna sobre los recursos naturales (agua,cobre, litio, etc) bajo el peso constitucional que permitio privatizarlos. Pero cuando las grandes empresas quiebran el Estado tiene que rescatarlas con los dineros de todos.
En Chile los gobiernos y los economistas nos hablan de crecimiento y no de desarrollo y no es lo mismo como muchos creen. Crecimiento es cuando las empresas se enriquecen; desarrollo, es cuando ese crecimiento mejora la calidad de vida de los ciudadanos, con mejores sueldos, acceso de calidad a educación, salud, jubilaciones honestad y una mejor calidad de vida.
Los economistas en Chile son defensores ideológicos del uso del término crecimiento, para camuflar la falta de desarrollo, parapetados en el aumento del PIB (producto interno bruto) que esta en torno de los 23 mil dólares per cápita (por persona). Pero esa medida usada para decirnos que el país esta mejor, no significa que sea lo que gana el trabajador chileno, que sabemos esta muy por debajo de lo que debería ser para que un chileno gane 23 mil dólares al año, que son alrededor de 14 millones de pesos y fracción. Los economistas hablan de lo grandioso y demostrativo que es la subida del PIB, que demostrarían que nos estamos acercando a los índices de la OCDE, pero eso no significa que seamos menos pobres o tengamos mejores condiciones de vida..
Las leyes en Chile no se aprueban para mejorar las condiciones de vida de la población. Su objetivo básico es favorecer la inversión extranjera y que las empresas se sientan cómodas, que en cierto punto debe ser así, si somos un país pobre que no posee recursos para invertir y financiar procesos de producción y servicios. Pero es indudable que debemos encontrar armonía y balance entre lo que necesita el país y los objetivos de las empresas y no seguir con el actual desbalance estructural. Por eso es de vital importancia diversificar y ponerle valor agregado a la producción de los recursos naturales. Al ser tan dependientes y como no tenemos posibilidad de explotarlos, quedamos a disposición de las empresas y abusan de nuestra “inocencia”.
Las concesiones son un gran ejemplo de los malos manejos, se han creado la fama de ser perversas y el gobierno de la NM las descarto de plano. Pero un país subdesarrollado como Chile, sin capital propio y dependiente de la inversión extranjera, no puede ni debe darse el lujo de perder inversión para la concreción de obras y es una buena manera de hacer desarrollo y mejorar calidad de vida de la población cuando se es pobre. Las concesiones en si mismo no son perversas. Lo perverso son las condiciones de los contratos que los negociadores de los respectivos ministerios aceptan, que van en contra de los intereses de país y que en muchos casos son derechos a perpetuidad y las obras termina pagándose por siempre a costillas de todos los chilenos. El tema no son las concesiones, si no quienes imponen las condiciones y los que hipotecan la proyección del país para favorecer a empresas y reciben suculentas propinas.
La responsabilidad social empresarial (RSE) debe exigirles a toda empresa que quiera operar en Chile y hacerles entender que no todo puede ser a costillas de la población, sobre todo en un país donde la población sobrevive con bajos sueldos y gracias a los créditos de consumo y las tarjetas de créditos. La empresas deben vincularse con los procesos sociales del país y hacer innovaciones técnico productivas que mejoren la competitividad y creen sustentabilidad en el entorno social y productivo, que va más allá de lo puramente tecnológico y pasa al ámbito de gestión y de la relación de la empresa con el entorno social, medioambiental y laboral en la cual esta inmersa.
El concepto de responsabilidad social empresarial, debe respetar las regulaciones y las leyes internas, no abusar de la deficiencias de los formatos para enriquecerse, respetar los acuerdos y tratados internacionales sobre prevención de la corrupción, respetando los derechos humanos y laborales, garantizar el cumplimiento de las regulaciones con los subcontratistas, socios comerciales, proveedores y cualquier otro con quien establezca relaciones laborales y comerciales.
Las empresas transnacionales están haciendo en Chile, todo lo que no pueden hacer en sus países de origen, aprovechándose de la precaria institucionalidad laboral y medioambiental para obtener sustanciosas ganancias y eso esta destruyendo la sustentabilidad y la proyección de futuro. Como ejemplo tenemos a Marine Harvest, la empresa salmonera de origen Noruego. En su país esta sujeta a una regulación estricta; las concesiones se le renuevan cada seis meses y en caso que no cumplan con la normativa de los procesos de carga, manejo ambiental y el uso responsable de antibióticos, pierden los permisos, se cierran los cultivos y las multas son millonarias y son obligados a pagar sueldos éticos a sus trabajadores. En Chile esta misma empresa opera bajo el nombre de Aquachile, bajo una ley medioambiental que ha sido manipulada por sus intereses, que le concede concesiones perpetuas, que permite que los estudios de impactos ambientales (EIA) sean desarrollados por ellos mismos y no se permita que un ente independiente realice auditorías externas a los estudios presentados para operar.
En la actualidad en los países miembros de la OCDE, el orden productivo, la fiscalización de los procesos de carga y el cuidado del medio ambiente son obligatorios. Pero en Chile el manejo ambiental no existe y la mayoría de las empresas pagan a sus trabajadores el sueldo mínimo y los trabajadores no obtienen ninguna garantía y las empresas no están preocupadas por el impacto que generan en el medio ambiente, en las comunidades y por la destrucción del patrimonio escénico y ambiental. Además estas empresas financian políticos para inmovilizar las leyes.
Si algo hemos entendido en Chile en los últimos años, es que las empresas no son responsables por el mero hecho de decir que lo son, o que aceptan los valores enunciados teóricamente en los estudios que presentan o por firmar algún contrato. Es importante ser exigentes para que sus prácticas empresariales sean éticas, coherentes y armoniosas con el entorno, que respeten a los trabajadores y las comunidades en donde se instalan. Las empresas cuando están en proceso de evaluación, son muy educadas, se comprometen a muchas cosas; pero una vez que consiguen el objetivo, no reconocen lo prometido, los trabajadores no son incorporados en el proyecto de la empresa y los mantiene con bajos estándares laborales, produciendo un mal clima interno, que termina siendo perjudicial para el país.
