Dos ministros y un subsecretario renunciaron a sus cargos, aduciendo razones que se estaba limitando el crecimiento económico, cuando fue rechazado el proyecto portuario-minero Dominga.
Por: Dr. Eduardo Tarifeño Silva, Biólogo Marino, Ph.D.
Miembro Titular del Consejo Nacional de Pesca.
Concepción, 20 de septiembre de 2017.
El reciente rechazo del proyecto minero portuario Dominga por el Comité de Ministros, presidido por el titular de la cartera de Medio Ambiente, para instalar dos minas a rajo abierto, en las cercanías de la reserva nacional de Pingüinos de Humboldt, ha producido un profundo efecto político, tanto dentro del actual gobierno como en los sectores empresariales relacionados con el crecimiento de la actividad minera en Chile, develando una intrincada madeja de intereses políticos y económicos. Tanto es así que dos ministros y un subsecretario renunciaron a sus cargos, aduciendo razones que se estaba limitando el crecimiento económico en momentos que el actual gobierno necesita con urgencia mejorar su magro desempeño económico, según los expertos.
Frente a esta situación, el sector empresarial está orquestando una campaña que la actual legislación ambiental entraba la aprobación de proyectos en el proceso de evaluación ambiental y que se debería reformar la institucionalidad ambiental para que sea autónoma y ajena al ciclo político. En el fondo, el punto esencial que argumentan es que el concepto de Desarrollo Sustentable, basado en el equilibrio de la trilogía de crecimiento económico, conservación del medio ambiente y rentabilidad social, no debería ser impedimento para la ejecución de proyectos que aporten a la economía nacional.
Esta posición está claramente expresada en el editorial de La Tercera del sábado 2 de septiembre reciente, en el cual se indica entre otros enunciados que dicho rechazo: “desnudó las falencias que tiene nuestro marco regulatorio ambiental”, “es evidente que la decisión de las dos instancias administrativas (Comisión de Evaluación Ambiental Regional y Consejo de Ministros) primaron criterios políticos por sobre los técnicos”, “es que el rol del Comité de Ministros, y sobre todo el deshonroso desempeño reciente, queda completamente desdibujado y sin mayor legitimad”. La base de estos argumentos, es que las decisiones sobre este tipo de proyectos deben ser netamente técnicas, y no políticas, como fue el caso de Dominga, según ellos.
Sin embargo, habría que preguntar a dicho sector empresarial que piensan de su candidato presidencial Sebastián Piñera, quién siendo Presidente de la República, rechazó públicamente el proyecto de la termoeléctrica de Barrancones, saltándose todo el conducto regular para la evaluación ambiental de dicho proyecto, aduciendo que “la primera palabra la tienen los técnicos, pero la última los políticos” como lo publicó la misma La Tercera, mediante una caricatura de Piñera, a raíz de la discusión sobre temas ambientales (ver anexo).
Más preocupante es aún, la reciente declaración del Ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, quien afirmó que se estaría considerando proponer reformas a la institucionalidad ambiental para destrabar estos conflictos que entorpecen el santo grial del “crecimiento económico.” El recién asumido Ministro Rodríguez ha manifestado su posición sobre el caso Dominga, indicando que “Todavía puede hacerse, nadie ha matado el proyecto”
Vale preguntar entonces, ¿Se propone redefinir el concepto de Desarrollo Sustentable, desde la mirada monocular del crecimiento económico?
