Entre los beneficios directos experimentados en las nuevas regiones de Los Ríos y la de Arica y Parinacota, los actores directos de dicho proceso, reconocen que se pueden citar algunas áreas nítidamente estimuladas, como: el turismo, el agro, la participación ciudadana, la capacidad de servicio a la ciudadanía, el aumento concreto y sustantivo del FNDR, la focalización de recursos con criterios más precisos para la asignación de fondos locales.
Por: Marcos Uribe Andrade
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Al margen de la necesidad contingente de un cierto centralismo del Estado de Chile, sobre el cual no existe una razonable oportunidad práctica de revisar hoy, resulta oportuno y necesario poner en primer plano de la discusión, un viejo anhelo de independencia político-administrativa, que cruza el imaginario del archipiélago y que adquiere creciente vitalidad en estos días.
No busquemos desenfocar la ponderada intencionalidad de una independencia regional, con argumentos ligeros, asociados, por ejemplo, a la especulación referida a efectos inmediatos, técnico-financieros, de una simple división aritmética de un presupuesto preexistente. Desde un punto de vista estático de la realidad geopolítica, trasladando de modo mecánico e inerte las prácticas administrativas del Estado, parece razonable dudar de los beneficios que puede generar la independencia regional, sobre un territorio que hoy se encuentra asociado a una región ya establecida.
Desde cierta mirada táctica geopolítica, se esgrimen argumentos que atacan una posible regionalización del archipiélago, sobre la base de la estimación de que crear una región que agrupe el territorio al sur de Puerto Montt y al Norte de la XI Región, no implicaría más que aumentar la carga burocrática del Estado, sin significar el uso de un mayor presupuesto útil. Sólo se dividiría mecánica y aritméticamente el actual financiamiento estatal extra-burocrático, asignado a la Región de Los Lagos y no implicaría que las industrias dejen sus impuestos en el nuevo territorio administrativo. Vale decir, la regionalización sólo implicaría un gasto inconducente hacia los propósitos de desarrollo local, que sería el sentido de fondo de la medida en cuestión. Pero así como en el plano comunal, los municipios representan una poderosa herramienta para el acercamiento del poder político a los ciudadanos, la pertenencia a una gran región, amplia y dispersa, implica, por otra parte, diluir dicho poder, antes de que llegue a los mismos ciudadanos. El poder político sólo se constituye como tal, cuando la injerencia posible sobre la práctica es injerencia real.
Primero, y sin orden de prioridades, pondría en la balanza los efectos sobre el aumento de la burocracia estatal. Aceptemos que es así, porque evidentemente es una consecuencia. Pero ello no va más allá del necesario reconocimiento de una relación causal. Lo que en realidad debemos evaluar como provincia, es si corresponde que sea nuestra preocupación que el Estado de Chile aumente su gasto en burocracia, cuando nuestro centro debe ser perseguir mejores herramientas para el desarrollo local. No puede persistir en el tiempo la postergación de las provincias y no es tolerable que así sea, a causa de una austeridad, establecida sobre la indiferencia de las necesidades y prioridades locales, ni de su insistente postergación. Menos es justificable aun, cuando la economía nacional se ubica en un nivel comparativo privilegiado en la región sudamericana. Es también un conocido propósito colonial, el fomento de un cierto ‘deber ciudadano’ de cuidar la austeridad estatal, que no nos compete directamente, en cuanto: si en tanto más se sostiene, más nos margina. El ahorro administrativo del Estado, debe hacerse donde es justo y no donde se prolonga o profundiza el distanciamiento de la acción política de desarrollo y calidad de vida del cuerpo social. Regionalizar, afinando los niveles de regionalización, es viabilizar el empoderamiento y mejoramiento de la base social territorial.
Segundo y en relación con el mismo punto, el aumento del aparato estatal con asiento local, implica un no despreciable incremento en la dinámica de flujos locales de la economía, representando un ingreso de circulante, catalizado desde otros focos de consumo, aumentando la capacidad de inversión y desarrollo de una diversidad de emprendimientos asociados. Pero ésta aún es una menudencia, aunque no debe despreciarse en el contexto general de una evaluación pertinente.
Resumiendo el intertanto: el aumento de burocracia, como gasto del estado no es una preocupación que nos deba postergar la legítima aspiración de independencia político-administrativa y, por otra parte, el crecimiento del aparato administrativo a causa de la instalación de un nuevo gobierno regional, nos impacta positivamente en referencia a los efectos económicos directos, los que sin embargo no representan –hay que reconocerlo- más que un efecto marginal, en cuanto existen otros factores que deben ser considerados y que a continuación señalo.
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Desde el 2007 hacia atrás, la discusión sobre los efectos positivos o negativos referidos a la creación de nuevas regiones en Chile se mantuvo en un ámbito exclusivamente teórico y especulativo, en cuanto hasta entonces, la regionalización original del territorio no había sufrido alteraciones. Los contraargumentos más relevantes referidos a la regionalización de Valdivia, definida hoy como Región de los Ríos, fueron similares a los que se esgrimen actualmente en oposición a la regionalización de Chiloé y que señalamos en la primera parte de este texto.
Hoy resulta prudente y además necesario, recoger la experiencia de estas modificaciones político administrativas, a fin de relativizar ciertas posiciones, que mientras se mantuvieron en el plano estrictamente especulativo, gozaron del beneficio de toda hipótesis previa a la contrastación empírica. No obstante el riesgo de que las evidencias pudieran ser base de una simple validación casuística, veamos qué molino recibe más agua desde los hechos y dinámicas concretas, que a fin de cuenta, será la base de todo respaldo que apunte a una factibilidad razonable.
Partamos aceptando que los presupuestos iniciales efectivamente se descuelgan en división proporcional al presupuesto general de la región de origen. Esta determinación presupuestaria sólo podría mantenerse inalterada, si es que la focalización y visibilización de las demandas locales no fueran materia de preocupación ni de canalización en la nueva gestión administrativa, asunto que resultaría poco probable. Lo normal sería la atención técnica específica a la problemática particular de la nueva región, referida a factores sociales, económicos, culturales y administrativos de los múltiples sectores que le componen y que enfrentan necesidades de asignaciones presupuestaria, así como la atención técnica profesional orientada a la asistencia de su autogestión, con una dedicación, que en el marco de una región de mucho mayor magnitud, se diluye en atención a la diversificación de intereses de lugares geográficos distintos y distantes.
Esto puede sonar antojadizo, no obstante podemos citar el hecho de que desde el 2007, en la región de Los Ríos, la inversión regional pasó de 7 mil millones, a cerca de 50 mil millones de pesos anuales. Por su parte, Seremis y servicios públicos han experimentado un mayor acercamiento a los ciudadanos y han reducido los tiempos de respuestas a sus demandas, y con mayor pertinencia que la experimentada en la vieja administración. Se observa también mayor desarrollo equitativo a lo largo del territorio, con el correspondiente mejoramiento de la calidad de vida.
Se entiende que los factores que indican clara mejoría no se producen por un acto reflejo de la sola generación jurídica de la nueva región, sino por la estimulación de la dinámica administrativa y política que ello implica. El no adoptar esta mirada dinámica, sostiene buena parte de los contraargumentos al independentismo regional, lo que sin lugar a dudas significa una base errada que se mantiene indiferente a las evidencias.
Grupos empresariales de la Región del Bio Bio, en oposición a la creación de la Región de Ñuble, argumentaban sobre supuestos de que la región perdería fuerza con su división, no obstante la experiencia de Los lagos y Los Ríos dice otra cosa: ambas regiones se han visto favorablemente impactadas, según reconocimiento de los propios actores político-administrativos.
Otro caso que aporta datos sólidos convergentes con la idea de regionalizar el archipiélago, es el de Arica, que al igual que Valdivia, recibía anualmente 7 mil millones. Gracias al Plan Especial de Zonas Extremas (que se logró debido a que se asoció a la condición de región independiente) más el presupuesto regional, este año la inversión presupuestaria es superior a los 55 mil millones.
Las críticas referidas a que el aumento de la burocracia estatal sólo genera un nuevo nicho de cuoteo político, fija –por su parte- la mirada en un aspecto absolutamente tangencial. Los vicios asociados a la administración del Estado, no pueden opacar la relevancia de cuestiones de fondo, como el crecimiento exponencial de la inversión regional o los niveles de autonomía y de descentralización, que insistentemente debemos considerar como el resultado dialéctico de un proceso que no se puede evaluar como expresión mecánica de una simple división.
Otro argumento frecuentemente usado en contra de la regionalización del archipiélago, es la población contenida en esta posible nueva región del país, sin embargo, siendo una garantía jurídico-constitucional la igualdad ante la ley, este factor queda completamente despejado, desde el momento que la XV Región de Arica y Parinacota no alcanza los 100 mil habitantes, es decir, menos de dos tercios de la población reconocida censalmente, sólo para Chiloé insular.
Entre los beneficios directos experimentados en las nuevas regiones de Los Ríos y la de Arica y Parinacota, los actores directos de dicho proceso, reconocen que se pueden citar algunas áreas nítidamente estimuladas, como: el turismo, el agro, la participación ciudadana (en cuanto la sensación de representatividad tiene un poderoso impulso constructivo) la capacidad de servicio a la ciudadanía, el aumento concreto y sustantivo del FNDR, la focalización de recursos con criterios más precisos para la asignación de fondos locales. Desde estas evidencias, resulta más probable suponer (que no suponer) –además- efectos positivos en el avance sustancial en áreas de salud, educación, soluciones viales pertinentes, entre otras, claramente justificadas en la zona comprendida en esta demanda.
A los datos, estimaciones y hechos anteriores, se suma el no despreciable significado de poder contar -a lo menos- con dos senadores exclusivamente dedicados a la representación regional, condición cuya objeción resulta un sinsentido, a lo menos, de todo interlocutor que represente algún partido político que cuente con parlamentarios del rango señalado o que persiga dicha representación. La acción legislativa de representación directa, de hecho, focaliza su gestión en un ámbito territorial acotado, que sin lugar a duda razonable, genera una acción específica deseable para un contorno local cualquiera.
Este aumento de la representación senatorial específica, debe contar –además- como herramienta fundamental, para contrarrestar y hacer retroceder la perjudicial redefinición distrital de la décima tercera circunscripción electoral, que establece el distrito 26, comprendido por un desequilibrado contorno de geografía humana y territorial, compuesto por las comunas comprendidas por Puerto Montt, Cochamó, Maullín, Calbuco, Castro, Ancud, Quemchi, Dalcahue, Curaco de Vélez, Quinchao, Puqueldón, Chonchi, Queilén, Quellón, Chaitén, Hualaihué, Futaleufú y Palena.
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Hay quienes sostienen que CHILOÉ –Región, entendida ésta como Archipiélago y costa continental, al Sur de Paragua y al Norte de la XI Región, no es más que un gesto de superficialidad administrativa y que, como mucho, podría aspirar a ser un buen caballo de batalla populista a fin de obtener ciertos beneficios en el favoritismo electoral.
Esta es una posición anclada en un escenario hipotético de análisis, previo a las indudables ventajas confirmadas en las prácticas político-administrativas posteriores a las creaciones de las tres nuevas regiones generadas a la fecha, como ya se ha señalado previamente. Desde el punto de vista de la democratización geopolítica del territorio, la partición administrativa-territorial al generar una representación más precisa, va directamente relacionada con la recuperación de la participación ciudadana y claramente vinculada –gestión diligente mediante- con la mejoría en la calidad y cantidad de logros asociables a desarrollo.
Colocar por delante, el ahorro en la gestión de Estado, es otro efecto nocivo de trasladar con torpeza y rigidez los criterios de disminución de costos que cruzan la administración de la empresa privada. Los grandes beneficiados son los amplios sectores populares, sin perjuicio de que, si los sectores empresariales se detienen a considerar la mejora potencial de la zona, sólo pueden verse igualmente beneficiados.
Recién se abre el debate sobre estos asuntos, con miras a proyectar en la realidad la nueva región del Archipiélago de Chiloé. Pero todo indica que la discusión y el debate fructífero, debe enfocarse en la caracterización esencial de la región que queremos y no en la utilidad o inutilidad de su creación. El rango de región, sólo por ostentar dicho rango, ya implica deberes estatales de un estándar superior que el desplegado hacia un simple apéndice regional. Así lo confirman los hechos.
Se suma a todo lo señalado, el hecho de que la naturaleza patrimonial de la zona y sus particularidades étnicas, merecen una definición de contorno geopolítico, que ayude a reinstalar dichos valores, incluso como una medida de reparación ante las inapropiadas prácticas economicistas, mono productivas y extractivistas invasivas, de que ha sido objeto y víctima durante cuarenta largos años y sobre las cuales, el Estado de Chile no deja de tener una responsabilidad central.
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PARA FINALIZAR: Se aproximan elecciones para diputados y consejeros regionales. Los habitantes de la isla de Chiloé y del archipiélago, estaremos atentos a la definición de posiciones y compromisos de cada uno de ellos. Todo indica que el logro de la regionalización del archipiélago, genera una amplitud de posibilidades de desarrollo local, confirmadas en la práctica y sin perjuicio de otras demandas territoriales, que sin duda siguen siendo necesarias y que se encuentran perfectamente contenidas en su posible logro y no a la inversa. Un buen consejero regional, así como un buen diputado para nosotros, los habitantes del archipiélago, pasa porque tome la regionalización de nuestro territorio, como un objetivo central y mantenga este propósito, hasta que conquistemos dicho rango administrativo.
POR FAVOR: no confundir nada de estos argumentos, con movimientos y conglomerados que usan el regionalismo como una marca de diferenciación política oportunista.
Chiloé, septiembre de 2017
