«En general, las concesiones mineras que hay en Chiloé, me da la impresión que están protegiendo algunos proyectos de tipo energético», afirma un funcionario público.
Chiloé, 06 de noviembre de 2017. (radiodelmar.cl)– La Ley Minera -un pilar más del sistema neoliberal chileno-, dictada en tiempos de la dictadura cívico-militar, es una herramienta para la especulación, el saqueo y la colusión entre sectores extractivistas y energéticos y de uso histórico por parte de especuladores que conocen las trámas de esta normativa. Y eso es precisamente lo que ha realizado una de las sobrinas del dictador Augusto Pinochet, María Teresa Cañas Pinochet, que ha inscrito varias concesiones mineras en la Isla de Chiloé, pero que no las ha usado para extraer minerales.
Un reportaje del diario La Estrella de Chiloé, denuncia las negras jugadas de esta ex-funcionaria de la dictadura, donde alcanzó a ser directora del Servicio Nacional de Geología y Minería.
Cañas Pinochet es ingeniero químico y estaría trabajando actualmente para Endesa (ENEL), según consigna el diario que asegura además que ahora es conocida por ser una activa «especuladora minera», teniendo bajo su titularidad una serie de concesiones de minerales en todo el territorio nacional, dentro de él en algunos puntos del centro de la Isla Grande de Chiloé, especialmente en la cordillera de San Pedro.
No es que la ingeniero químico espere en algún momento dedicarse a la extracción de algún mineral en Chiloé, como en la práctica se elaboró este sistema de concesiones, bajo el cual todos los yacimientos mineros en Chile son propiedad del Estado, pero concesionables, sino que la misma legislación permite estas argucias legales, donde existen miles de hectáreas prácticamente secuestradas por los denominados «mineros de papel».
La razón de estas solicitudes es para establecer tramos de lineas eléctricas y lugares de producción de energía, específicamente, parques eólicos. Ese sería el gran negocio que está detrás de las acciones de esta sobrina del dictador.
Ciperchile, también fichó a María Teresa Cañas Pinochet como una de las principales especuladoras de concesiones mineras, orientadas principalmente a la industria energética.
El centro de investigación periódistica afirma que «actualmente, Cañas y dos de sus hijos, Jorge y Andrea de la Barra, figuran entre los mayores propietarios de concesiones mineras. Cuando se digita el Rut de María Teresa Cañas en el catastrodel Sernageomin, la imagen es elocuente: exhibe propiedades en 6 de las 15 regiones de Chile. ¿Quiénes son sus clientes? Básicamente empresas eléctricas, como HidroAysén, Endesa y Transelec.
La ONG Geoaustral contabilizó las solicitudes mineras de la empresa de Cañas en representación de Endesa: sólo en la provincia de Llanquihue (Décima Región), figuran 500, de entre 200 y 300 hectáreas cada una».
En los últimos 30 años, el matrimonio Cañas de la Barra ha diversificado sus inversiones a través de otras sociedades pesqueras, agrícolas, madereras y de inversiones. Entre sus emprendimientos, llama la atención la sociedad South Pacific Fishing, constituida por Jorge de la Barra en sociedad con Manuel Losada Martínez, el empresario porteño que en 2009 fue condenado como autor del delito de asociación ilícita para el tráfico de estupefacientes (“Operación Océano”). La investigación judicial estableció que dineros del Cartel de Cali fueron traspasados a la South Pacific Fishing (Ver Reportaje).
Aquí el reportaje completo de La Estrella de Chiloé.
La minería de papel que se apodera de la provincia
Comienza a descifrarse el gran número de concesiones mineras a lo largo de la Isla Grande. Estas superan las 300 y se han convertido en un negocio para especuladores, en especial, para proyectos energéticos.
La minería, mejor dicho las concesiones mineras, constituyen una de las actividades que mayor expansión han tenido en la provincia en los últimos años, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones de organizaciones ambientalistas y de conservación de la cultura chilota, causando gran expectación el futuro de cientos de permisos de exploración y explotación de minerales existentes en territorio del Archipiélago.
Si bien a la fecha solo existen dos concesiones que hace unos años pasaron a la explotación propiamente tal, de turba en esos casos, actualmente ninguna de ellas está ejerciendo alguna actividad productiva o de extracción, que pueda generar mayores consecuencias para los sistemas ecológicos insulares, que podrían verse gravemente alterados por este tipo de industria.
La escasez del recurso hídrico, prácticamente todo el año en distintas comunas de la provincia, y una regulación minera ineficiente en lo que refiere al recurso turba agravarían mucho más el escenario de falta de agua, de ejercerse de forma industrial o incluso en extracciones más artesanales de este fósil, que actúa como un verdadero glaciar subterráneo y reservorio del vital elemento.
Sin embargo, los números no dejan de preocupar en un territorio tan frágil y acotado como es la Isla Grande, donde a la fecha se suman 182 concesiones de exploración y 124 de explotación minera, repartidas en varias comunas chilotas.
Hace solo un par de años, las concesiones mineras en Chiloé ascendían a 310. Si bien actualmente el número no ha aumentado demasiado, sí llama la atención que pasa el tiempo y no hay luces claras sobre el fin que tendrán esas 17.610 hectáreas destinadas a explotación minera, según los datos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín) del Ministerio de Minería.
Según información entregada por funcionarios de este organismo, durante una visita a Ancud, concesión minera es definida como «la que otorga el derecho de investigar o bien extraer y apropiarse, en un ámbito territorial determinado, las sustancias minerales que la ley señala como susceptible de esos derechos».
Primordial
Dentro de estas sustancias minerales susceptibles de derechos de investigar o extraer están las metálicas y no metálicas, más las del tipo fósil que se presenten de forma natural. En Chiloé existen metálicas y fósiles, siendo estas últimas primordiales para la subsistencia del ecosistema, en este caso la turba, que si bien existen concesiones ya no es explotada.
Hay que distinguir entre las concesiones mineras de exploración y las de explotación, donde las primeras otorgan a su titular el derecho de investigar la existencia de sustancias minerales concesibles y las segundas dan el mismo derecho, más el de extraer para sí todas esas sustancias.
El geógrafo del Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural (Cecpan), Álvaro Montaña, reconoce que desde hace un par de años han ido cerrando algunas concesiones.
«Caducó, por ejemplo, la que tenía la minera australiana South American Iron Steel en Faro Corona y esa preocupaba harto porque era una minera de verdad y caducó también la que tenía la empresa SW para exploraciones mineras en toda la isla Guafo», detalló el profesional.
Montaña advirtió sobre estos datos que «esa es una buena noticia, porque ha evolucionado para bien en esos dos casos específicos», recalcando que, «sin embargo, las de exploración (concesiones) han crecido en la cordillera de San Pedro, y ha sido de la mano del mayor propietario de concesiones mineras de Chile, que es María Teresa Cañas Pinochet».
Según el geógrafo, estas concesiones serán usadas por Cañas Pinochet «para blindar tendidos eléctricos (de proyectos energéticos), entonces es de esperar, por la ubicación donde están esas concesiones, que el negocio en el fondo es tener esas propiedades mineras para apoyar un negocio de producción energética eólica, o bien para especular con lo mismo».
Desde la dirección Regional Zona Sur del Servicio Nacional de Geología y Minería, Hugo Zamorano, del Departamento de Propiedad Minera, deslizó esta misma idea sobre el destino de estas concesiones en la Isla Grande, señalando que «en general, las concesiones mineras que hay en Chiloé, me da la impresión que están protegiendo algunos proyectos de tipo energético y otras que están en la costa, que al parecer tienen alguna afinidad minera, pero no hay ningún proyecto que esté presentado en el servicio o se esté evaluando de alguna manera».
Empresario
El funcionario enfatizó que de las concesiones costeras, son de un reconocido empresario dedicado a la especulación minera, refiriéndose a Juan José Quijano Fernández, quien posee concesiones en gran parte de las playas del océano Pacífico.
Estas playas de Chiloé poseen concentraciones de hierro, oro y otros minerales que son factibles de ser explotados. Las concesiones de Quijano Fernández están en la península de Guapilacuy, al oeste de Ancud.
«Las demás, en general, tienen ese carácter, de estar protegiendo proyectos eólicos y de otro tipo, energéticos», subraya Zamorano, explicando que «la constitución, de buena manera define la propiedad minera como un derecho que se superpone al derecho de la propiedad superficial del uso del suelo, entonces como se produce esa superposición todo proyecto grande de energía o inmobiliario, para asegurar no tener algún problema posterior de uso del suelo como de derechos mineros, se protegen de esta forma».
De esta forma los grandes empresarios se aseguran que no venga un tercero y quiera usar el mismo terreno para otro proyecto o quiera realizar trabajos mineros en el subsuelo del territorio que se quiere destinar o para alguna gran iniciativa energética o inmobiliaria.
«Ellos como van a hacer una inversión, aparte de asegurarse de tener los derechos sobre el uso de la superficie, de comprar los terrenos, de arrendarlos, también se aseguran de tener los derechos sobre los minerales, para que no venga un tercero y trate de ejercer ese derecho», precisó el profesional del Sernageomin, advirtiendo que la ley no obliga en las concesiones mineras a darles un uso de explotación.
La misma fuente recalcó que en el caso de la empresaria María Teresa Cañas Pinochet, «ella trabaja para Endesa», dando luces del destino de los terrenos concesionados en la provincia, sobre todo en la cordillera de San Pedro.
La ingeniero químico María Teresa Cañas Piñochet, es sobrina del exdictador Augusto Pinochet y un personaje conocido en el rubro de la minería, puesto que durante el mandato de su tío ocupó el cargo de directora del Servicio Nacional de Geología y Minería.
Cañas Pinochet ya no es funcionaria pública, pero ahora es conocida por ser una activa «especuladora minera», teniendo bajo su titularidad una serie de concesiones minerales en todo el territorio nacional, dentro de él en algunos puntos del centro de la Isla Grande de Chiloé.
No es que la ingeniero químico espere en algún momento dedicarse a la extracción de algún mineral en Chiloé, como en la práctica se elaboró este sistema de concesiones, bajo el cual todos los yacimientos mineros en Chile son propiedad del Estado, pero concesionables, sino que la misma legislación permite estas argucias legales, donde existen miles de hectáreas prácticamente secuestradas por los denominados «mineros de papel».
Denuncia
Una de las primeras instituciones en la provincia en denunciar el avance de la minería en la provincia, fue el Centro de Estudios Sociales de Chiloé (Cesch), donde su director, el cientista político Eduardo Mondaca explica que «sabemos que las concesiones mineras se siguen expandiendo en ese sector de la cordillera de Piuché (San Pedro) y que las actuales concesiones están a nombre de María Teresa Cañas Pinochet, sobrina de Augusto Pinochet Ugarte, y su hija, Andrea de la Barra Cañas», convergiendo nuevamente en el mismo personaje antes citado.
Sobre el porqué de estas solicitudes de concesión, el profesional manifestó que «la ley minera no les exige que transparenten los motivos. Sin embargo, los anteriores megaproyectos eólicos en Chiloé, y el propio Parque Eólico San Pedro, se vienen ejecutando mediante el pedido de concesiones mineras bajo las bases de los aerogeneradores, para asegurar el control territorial de la inversión».
Coincidencia o no, sostuvo la fuente que «la expansión de concesiones en San Pedro se sigue realizando sobre mesetas que poseen condiciones excepcionales de viento para la generación eólica, ahora hacia el sector del océano Pacífico», advirtiendo que «lamentablemente aquí también se ubican ecosistemas únicos en el mundo, humedales del tipo turbera alta u ombrotrófica, que administran naturalmente la lluvia caída y proveen de caudal a todos los ríos que nacen de esta zona».
Ahondando en el tema, Mondaca lleva la situación a la grave crisis hídrica que hace años afecta a Chiloé, subrayando que esta se debería a «la destrucción y explotación de los ecosistemas que administran el agua lluvia, como las turberas, pomponales y bosque nativo».
Agregó que «el sector de San Pedro es justamente un área de grandes turberas y precisamente en ella se están constituyendo concesiones mineras de una persona que tiene una extensa trayectoria vinculada a megaproyectos energéticos y mineros. Para nosotros es, sin duda, una problemática que requiere de un debate más amplio, responsable y urgente».
El director de Cesch sugirió en este fenómeno lo que denomina un conflicto pasivo, silenciado e ignorado, y «con pocas capacidades para hacerse público». Sin embargo, informó que «una reciente investigación de Federico Natho, geógrafo de la Universidad Católica, titulada ‘El conflicto socioambiental de la energía eólica en el archipiélago de Chiloé’ es clara al señalar que en el sector de San Pedro existe un conflicto entre comunidad y empresa, soterrado y subterráneo, pero conflicto al fin».
Dentro de este estudio, se indica que el problema se daría «por parte de la comunidad, en función de las oportunidades que la empresa prometió y que nunca se cumplieron, generando así un conflicto mudo en la zona del cual existe muy poco conocimiento, principalmente por lo apartado del sector y la baja organización presente».
Estudio
Mondaca recalcó que, en términos de megaproyectos eólicos y su impacto en las turberas, existe una investigación realizada en Escocia, donde se recomienda «no instalar generadores eólicos sobre turberas, esto porque implicaría la liberación del carbono acumulado en ellas, por lo que la energía allí generada deja de ser ‘limpia’, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero».
Estas conclusiones emanaron de la investigación titulada, Wind farms on undegraded peatlands are unlikely to reduce future carbon emissions. Energy Policy (Es poco probable que los parques eólicos en turberas no degradadas reduzcan las futuras emisiones de carbono. La política energética), de Smith, J., Nayak, D. R., & Smith, P. (2014).
«Esta es sola una pequeña muestra de la gran cantidad de investigaciones en torno a la importancia territorial de las turberas», resaltó el cientista político, citando una docena de estudios sobre este tema.
Más allá del riesgo patrimonial respecto de un uso del territorio que no es el tradicional de Chiloé, por parte de una eventual minería industrial, que hasta el momento, no ha sido conveniente de realizar en la Isla Grande por parte de las empresas dedicadas a este rubro, la real amenaza parece ser sumar un potente enemigo al suministro de agua dulce, cada vez más escaso.
Así lo dijo Mondaca, que a la fecha suma varios seminarios sobre el tema, tanto dentro como fuera de Chiloé, donde ha gestionado la venida de importantes especialistas de la materia.
«En Chiloé tenemos que tener claro que las turberas cumplen el rol de reservorios de agua dulce para nuestro territorio, ya que el Archipiélago no tiene un suministro de agua a partir de deshielos de montañas como ocurre en el continente, la única fuente de agua de Chiloé proviene de las precipitaciones de lluvia y de los ecosistemas que administren estas precipitaciones, como el caso de las turberas, los pomponales y el bosque nativo», señaló el experto.
La fuente comentó que el problema no es un tema medioambiental, sino que radica en la gestión económico-política que se le está dando a Chiloé.
«En el Cesch estamos ad portas de la publicación de un libro con 16 investigaciones sobre Chiloé, una de estas está dedicada a la importancia social de las turberas altas y la inadecuada gestión que hoy se les está entregando», adelantó.
Sumó que en este marco y en entrevista con Ariel Valdés, biólogo ambiental del Laboratorio de Ecosistemas de la Universidad de Chile, que viene estudiando por años a las turberas insulares, «nos señalaba que ‘si bien todas las turberas almacenan y regulan la calidad y cantidad de agua, las turberas ombrotróficas por su mayor contenido de materia vegetal (vegetación activa y en forma de turba) almacenan y regulan una mayor cantidad de agua que el resto de las turberas. Este rol es fundamental en sectores con bajo relieve, como Chiloé, donde las turberas son la principal fuente de agua acumulando durante la época de lluvias y liberándola paulatinamente durante el resto del año'».
Mientras tanto, la constitución superpone el derecho minero por sobre los demás, incluso el del acceso al agua, por lo que se necesita de voluntad política de todos los sectores para poder cambiar una realidad que podría transformarse en un futuro probable poco alentador para las siguientes generaciones en Chiloé.
