Abogados y ministros están involucrados en el lobby de compañías que han eludido millonarios impuestos y que funcionan en las áreas de minería y energía.
Santiago, 06 de noviembre de 2017. (radiodelmar.cl)– En el lobby desarrollado por firmas de abogados y personas asociadas a compañías que eluden millonarios impuestos en Chile y los orientan a paraísos fiscales, se registran desde una abogada designada por la presidenta Michelle Bachelet como representante del gobierno en la estatal Sociedad Nacional de Minería, hasta intereses de empresas que intentan imponer represas en la Pagatonia.
Así queda expresado en una investigación internacional de una alianza de periodistas de investigación en la que también participó el equipo de Ciperchile.cl. En un artículo publicado este lunes (06.11.2017) queda en evidencia que la elusión tributaria corporativa desarrollada por la compañia «Glencore, con cuatro importantes explotaciones mineras, sacó de nuestro país US$534 millones de sus excedentes y los envió como “préstamo” a una sociedad recién creada en el paraíso fiscal de Bermudas».
Glencore, con sede en Suiza, se considera la principal empresa privada dedicada a la compraventa y producción de materias primas y alimentos del mundo.
Pero junto a eso, está envuelta en un sinfin de redes de elusión de impuestos en varios países.
Este es parte del extracto del reportaje de Ciper en que están involucrados abogados y empresas que intentan imponer represas en Río Cuervo, Patagonia chilena:
Fundada en 1974 por el fallecido magnate Marc Rich –quien por años estuvo en la lista de los más buscados del FBI–, Glencore carga con un negro historial ambiental y laboral en Latinoamérica y África. Ha sido además investigada por presunta evasión tributaria en Italia, Australia y Zambia, entre otros países (ver “Las operaciones para adueñarse de una mina en la República Democrática del Congo”).
Verónica Baraona
Capítulo aparte merece el agresivo lobby que ha desplegado en los países donde mantiene activos. Chile no es la excepción. Entre los principales ejecutivos chilenos de la multinacional figura la abogada Verónica Baraona, quien, a su vez, ocupa desde 2014 un asiento en el directorio de la minera estatal Enami, en representación de la Presidenta Michelle Bachelet.
Baraona, quien en los registros de Appleby figura como PEP (Persona Políticamente Expuesta), asistió como gestora de interés de Glencore a una reunión con la ministra de Minería (y presidenta del directorio de Enami), Aurora Williams, en pleno trámite de aprobación ambiental de Río Cuervo.
La central Río Cuervo (US$730 millones de inversión) fue aprobada en septiembre de 2013 por la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén. Dos años antes, en noviembre de 2011, el abogado chileno de Glencore, Carlos Prat, contactó al Appleby para la inscripción de una sociedad en Bermudas. “Estamos contra el tiempo”, se lee en un correo electrónico enviado el 22 de ese mes al cuartel de ese bufete en Hamilton (capital de Bermudas) desde las oficinas de Glencore en Las Condes (Chile).
South America Energy (Bermuda) Limited, quedó inscrita a los pocos días en esa jurisdicción, convirtiéndose en la matriz de la sociedad Energía Austral Joint Venture Limited (conformada por Glencore y la australiana Origin Energy), titular del mega proyecto hidroeléctrico Río Cuervo, en la Patagonia chilena.
Después de la aprobación inicial de Río Cuervo en 2013 a nivel regional, el proyecto escaló al Comité de Ministros tras una serie de reclamaciones de agrupaciones regionales.
Las alarmas se activaron en Glencore. El comité estaba en plena etapa de análisis y deliberación, cuando ejecutivos de la multinacional fueron recibidos por tres de los ministros clave que integran esa instancia.
El primero fue el entonces ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier, quien el 19 de octubre de 2015 recibió al abogado Carlos Prat. El motivo de la audiencia de lobby: revisar el “estado actual del proyecto central Río Cuervo y potencial desarrollo futuro”.
Tras Badenier fue el turno de la ministra de Minería Aurora Williams, quien recibió a ejecutivos de Glencore el 10 de noviembre. Carlos Prat concurrió esta vez acompañado de la abogada de la compañía Verónica Baraona. No hubo mayor presentación. Baraona y Williams compartían mesa en el directorio de Enami desde mayo de 2014.
Baraona conoce bien el engranaje del Estado. Entre 1993 y el 2000, fue jefa de Gabinete de Marta Larraechea, esposa del entonces presidente Eduardo Frei y, en paralelo, trabajó en Enami. En el año 2000, el nuevo presidente (Ricardo Lagos) la designó superintendenta de Servicios Eléctricos, cargo que ejerció solo siete meses. Renunció al negarse a devolver la indemnización que recibió por haber trabajado 10 años en Enami, lo que fue calificado como irregular. A pesar de ello, en 2006 la entonces presidenta Bachelet la nombró subsecretaria de Justicia y luego, en 2008, asumió como subsecretaria de Minería. En 2014, la mandataria la puso en el directorio de Enami.
Comité de Ministros durante trámite de Río Cuervo
La última reunión de lobby oficial de Glencore tuvo lugar el 5 de enero de 2016. El entonces ministro de Energía, Máximo Pacheco, recibió a quien ejercía como vicepresidente de proyectos de Glencore, Donald Brown, acompañado del abogado Prat. El motivo de la cita: “Avances y análisis de la línea de transmisión (central Cuervo)”.
Solo 13 días más tarde (18 de enero), el Comité de Ministros integrado por Badenier, Williams, Pacheco y los titulares de Economía, Agricultura y Salud, resolvieron mantener la luz verde al cuestionado proyecto. No estaba dicha la última palabra. Nuevas reclamaciones de agrupaciones de Aysén fueron acogidas por el Tribunal Ambiental de Valdivia, la instancia definitiva.
El lobby no se concentró solo en Santiago. En agosto de 2014, Energía Austral le entregó $8 millones a la Municipalidad de Aysén para financiar un viaje de dirigentes sociales a la laguna de San Rafael. Acompañados de un ejecutivo de la filial de Glencore, participaron en la travesía el alcalde de Aysén, Óscar Catalán (UDI), cuatro funcionarios municipales y dos concejales. En la nómina de invitados figuraba también el diputado por la zona, David Sandoval (UDI).
Como la Municipalidad de Aysén también participa del proceso de evaluación de Río Cuervo, la Contraloría impugnó en dos oportunidades las donaciones que ha recibido de la filial de Glencore. A diciembre de 2014, los dineros entregados al municipio sumaban más de $45 millones (cifra obtenida por CIPER vía Ley de Transparencia).
En septiembre pasado, antes de que el Tribunal Ambiental de Valdivia se pronunciara, Energía Austral anunció ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que se desistía del proyecto hidroeléctrico.
Hay total hermetismo sobre las razones de esa decisión. El mismo que hasta hoy pesaba sobre los secretos tributarios de la multinacional en Chile y que los millones de documentos del bufete Appleby permiten sacar a la luz.
El artículo completo de Ciperchile puede ser visto en este link
La ruta de los US$534 millones de Glencore Chile enviados como “préstamo” a Bermudas
