El próximo gobierno, debe tener la capacidad de entender que la política tecnocrática economicista de los años 90 con números, gráficos y porcentajes no puede seguir siendo el todo total del sustento del modelo económico y debe adquirir conciencia social. El PIB debe proyectar desarrollo y no solo crecimiento, el Estado debe fiscalizar más y mejor y las regiones no deben seguir siendo el patio trasero de donde sacamos la riqueza y amontonamos la basura.
Por Andrés Gillmore
La declaración de los derechos del hombre reconoce que todos nacemos libres y iguales y fue la inflexión más importante de la historia de la humanidad y fue un logro de la Revolución Francesa conseguido a sangre y fuego, por un pueblo que no aguanto más la desidia de la monarquía. En el mundo antiguo las ciudades Estado de Grecia, desarrollaron un sistema civil que solo consideraba ciudadanos a una categoría muy especial de personas y para que un individuo fuese reconocido como ciudadano, tenia que ser libre (no esclavo) tener un cierto nivel de riquezas personales y una posición social reconocida.
En la actualidad el ciudadano adquiere esa categoría simplemente por nacer en una determinada sociedad, que debe garantizarle libre expresión, protección del Estado, trabajo, libertad, elección de autoridades por medio del voto. Las obligaciones que los ciudadanos deben ejercer son: respetar al prójimo, normas y leyes establecidas, defender la patria en caso de guerra, pagar impuestos, vacunarse, cumplir con las normas sanitarias vigentes, respetar el medio ambiente, no cometer delitos, no perjudicar a otros ciudadanos, no destruir la propiedad privada, no cometer vandalismo y estar inscritos en el registro civil.
El problema de fondo de las sociedades modernas y subdesarrolladas como la nuestra, es cuando el Estado deja de cumplir su labor, de ser un árbitro imparcial y deja de garantizarle a los ciudadanos condiciones de vida satisfactorias y ratificadas en la constitución. En los años 90 del siglo pasado, nos introdujimos en un modelo económico de mercado, que hizo que el Estado disminuyera su relevancia en todo lo que tiene que ver con las garantías constitucionales, permitiendo que temas como salud, educación, jubilaciones, la explotación de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, pasaran a manos de privados con leyes que no defienden los intereses sociales y ambientales de las territorios y las comunidades intervenidas y muchas de las actividades productivas que antes eran del Estado (CORFO) fueron traspasadas a intereses privado con subsidios estatales, con un pago comparativo de impuestos irrisorios ante las ganancias que obtenían los beneficiados, compensados con el cobro de un IVA del 19% traspasado al consumo ciudadano de todos los bienes adquiridos y los servicios contratados; desbalanceando y desvirtuado las funciones del Estado, produciendo profundas contradicciones y serias desventajas comparativas entre lo público y lo privado.
El consumo que fue un bálsamo para curar las heridas post dictadura y permitio que el país creciera por muchos años a niveles del 5 y 7 %, con el pasar del tiempo se transformo en destructor social, cultural y ambiental de lo que somos, perdimos la armonía natural y el balance social que toda sociedad necesita para proyectar su futuro de acuerdo con sus ventajas comparativas y crear sustentabilidad. Se dejó de lado el desarrollo y se opto por crecimiento, que es cuando a los empresarios les va bien, no cuando al país le va bien, que es lo que reconocemos como desarrollo. La complicación se hace presente, cuando el consumo se transforma en la base de sustentación del modelo, con una ciudadanía con muy bajos niveles de ingreso, que no tiene otra alternativa que acceder a créditos de consumo para sobrevivir, entregados con altos intereses por ser considerados como riesgosos por la banca, dentro de un Estado que perdio la capacidad de fiscalizar como corresponde y donde los formatos productivos de las grandes empresas, no están interesados en los aspectos sociales y ambientales de sus intervenciones.
El mundo ciudadano hace rato que se decepcionó del mundo político por la forma y fondo en como el congreso ha diseñado leyes y ha legislado para beneficiar intereses del mundo empresarial y para tratar los delitos de cuello y corbata. La percepción que la ciudadanía tiene de los candidatos a la presidencia, Sebastián Piñera y Alejandro Guillier, es que ambos son reflejos del pasado en el mundo del futuro. Bajo mi percepción personal, el gobierno que esta por llegar en marzo del 2018, no es más que una profunda transición hacia el cambio en la concepción con que debemos proyectar el desarrollo del Chile que todos queremos y que por primera vez estamos tomando conciencia que crecimiento no es más que la etapa previa para obtener desarrollo.
ChileVamos representa para el mundo ciudadano el consumismo empresarial y el crecimiento a como de lugar de los años 90 que a esta altura es inviable y que sustenta el “TODOS CONTRA PIÑERA”. Alejandro Guillier, se relaciona mejor con los intereses ciudadanos y se percibe en el entre líneas de su discurso, que intuye la significancia de buscar balance y armonía, pero en la “medida de lo posible” y de ahí su contradicción de fondo y porque no es visto con buenos ojos por aquellos que en teoría deberían apoyarlo. Esa diferenciación que no es algo menor bajo ningún punto de vista entre las dos tendencias ideológicas, estan en la perspectiva del Chile ciudadano y hace más entendible la decisión desde el mundo regional que puja desesperadamente por descentralizar.
El próximo gobierno, debe tener la capacidad de entender que la política tecnocrática economicista de los años 90 con números, gráficos y porcentajes no puede seguir siendo el todo total del sustento del modelo económico y debe adquirir conciencia social. El PIB debe proyectar desarrollo y no solo crecimiento, el Estado debe fiscalizar más y mejor y las regiones no deben seguir siendo el patio trasero de donde sacamos la riqueza y amontonamos la basura.
El 54 % que no vota y entra en rebeldía ante el sistema, tiene esperanzas “que no hay mal que dure cien años y tonto que lo aguante” que la política en algún momento tendrá que reivindicarse a si misma y las diferenciaciones entre el modelo de consumo y crecimiento de Piñera y el ciudadano desarrollista de Guillier, deberán fundirse en un solo fundamento para proyectar el Chile de todos.
