No puede haber protección de la naturaleza aniquilando comunidades locales y pueblos originarios. Que el Estado chileno no cumpla su compromiso con las comunidades canoeras constituye una forma de violencia institucional que mata la confianza y la buena fe, base de una convivencia democrática en la Patagonia.
Por: Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos
Las comunidades canoeras y nómades Kawésqar de la región patagónica de Magallanes denunciaron el incumplimiento del compromiso acordado con el Estado chileno de crear un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) en las aguas adyacentes al futuro Parque Nacional Kawésqar, Región de Magallanes y Antártica chilena.
La conservación del archipiélago patagónico occidental es un objetivo estratégico para las comunidades canoeras australes, ya que les asegura la protección de la base material de su cosmovisión, identidad cultural y actividades vinculadas a la pesca, caza y recolección, así como su derecho de acceso y uso de su maritorio ancestral (Kawésqar Waes).
El compromiso público se efectuó el 17 de diciembre de 2017, a tan solo dos días de la elección presidencial. Este acuerdo expresaba el mandato entregado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, después de haber considerado positivamente el documento que 12 comunidades Kawésqar entregaron al Estado de Chile durante la consulta indígena finalizada el 1 de octubre de 2017 en Puerto Natales.
Los cuatro meses posteriores a la consulta indígena estuvieron caracterizados por dilaciones y por la negación de los ministerios de Bienes Nacionales y Medio Ambiente de entregar la información y cartografía solicitada por las comunidades canoeras.
Un ejemplo de la falta de voluntad política gubernamental durante este período, fue el hecho de que la Secretaría Ministerial de Medio Ambiente de Magallanes nunca convocó a las comunidades para trabajar un texto que daría inicio al supuesto proceso de creación del AMCP-MU en las aguas circundantes al Parque Nacional Kawésqar.
Desde abril de 2017, el denominado Consejo de Ministros para la Sustentabilidad operó fuera del control público en su estrategia de imponer la eliminación de la protección ambiental a los ecosistemas marinos adyacentes al nuevo parque nacional, que irónicamente llevará como una lápida el nombre del excluido pueblo Kawésqar.
Llama la atención que esta decisión, proveniente de una burocracia estatal liderada por el Ministerio de Economía, dejará una de las aguas más puras del planeta a libre disposición de la voracidad y acción contaminante de la salmonicultura y mitilicultura industrial (moluscos bivalvos), cuya producción es destinada a la exportación.
En la actualidad, la Subsecretaría de Pesca –organismo dependiente del Ministerio de Economía– tramita 251 solicitudes de concesiones salmoneras en la Región de Magallanes. De ellas, alrededor de 50 ya han sido otorgadas en las áreas marinas circundantes a los parques nacionales, otras 20 se encuentran en avanzada tramitación y tres centros de cultivo comenzarán a operar este año.
Por ello, no es de extrañar que la promesa de establecer un Área Marina Protegida de Múltiples Usos en el maritorio Kawésqar pasará a engrosar la histórica lista de compromisos gubernamentales no cumplidos a los pueblos originarios. Una vez más, el Estado chileno desconoce un acuerdo basado en la buena fe y la confianza de las comunidades canoeras australes.
La conexión salmonera
En este caso, las comunidades Kawésqar han denunciado que funcionarios y abogados regionales han alentado permanentemente la división interna y el conformismo entre las comunidades no vinculadas al mar, para que transen la defensa del mar ancestral, a cambio de la creación de un denominado “Consejo de Desarrollo Kawésqar”. A través de este Consejo se busca debilitar las representaciones de las comunidades canoeras, las cuales recibirían compensaciones con posterioridad a la firma presidencial del decreto supremo que creará el parque nacional. Esta maniobra ha sido complementada con el establecimiento de acuerdos entre los empresarios salmoneros y algunas comunidades indígenas para la entrega de apoyos asistenciales, a cambio de su colaboración en la expansión territorial de los centros de cultivos en Magallanes.
Por la defensa del Kawésqar Waes
Las comunidades canoeras, con presencia desde hace seis mil años en el archipiélago patagónico, han reafirmado la defensa de su cosmovisión y prácticas ancestrales de pesca, caza y recolección, así como del valor del conocimiento que poseen sobre sus sitios patrimoniales y arqueológicos ligados a su mar (Kawésqar Waes). “Si no hay mar protegido para los Kawésqar, no habrá futuro para nuestro pueblo, y habremos sido partícipes y cómplices activos o pasivos de un autogenocidio”, indica Leticia Caro, miembro de la comunidad de familias Kawésqar Nómades del Mar.
La posverdad en la conservación ambiental patagónica
No puede haber protección de la naturaleza aniquilando comunidades locales y pueblos originarios. Que el Estado chileno no cumpla su compromiso con las comunidades canoeras constituye una forma de violencia institucional que mata la confianza y la buena fe, base de una convivencia democrática en la Patagonia.
Las comunidades canoeras continuarán luchando por la recuperación de su derecho pleno de acceso y uso ancestral de su mar, unida a un mar Kawésqar libre de la contaminante y destructiva industria salmonera.
El Decreto Supremo que la Presidenta Michelle Bachelet firmará para crear el Parque Nacional Kawésqar avala un fraude desde el punto de vista de la conservación integral de los ecosistemas acuáticos y terrestres de la Patagonia, lo que junto con debilitar el legado ambiental de Douglas Tompkins, deja en evidencia que la histórica política del Estado chileno de exclusión, genocidio y asimilación cultural de los pueblos originarios continúa en pleno siglo XXI.
