Por: Juan Ignacio Latorre y Diego Ibáñez
La Zona de Sacrificio (ZS) responde a un modelo que designa territorios y ciudadanos de primera y segunda categoría, las de segunda categoría son quienes viven en las zonas de sacrificio para recibir las externalidades negativas del crecimiento económico, mientras son despojados de las riquezas de las cuales son portadores. Se pueden enumerar varias zonas de sacrificio en nuestro país: Huasco, Tocopilla y Mejillones, Coronel, Tiltil, Puchuncaví y Quintero. Cada una de estas localidades es ejemplo de una ZS que existe para y por un crecimiento económico basado en el extractivismo y producción contaminante, abandonadas por el Estado, debiendo subsistir con sus propias uñas bajo la lógica neoliberal, en un contexto de desastre socioambiental.
Territorios de exclusión social, lugares donde se traza el carácter de un desarrollo insostenible y la incapacidad de la política para promover la protección del medio ambiente, cultura, democracia y un largo etcétera. De esta manera, se configuran zonas donde se atenta contra la igualdad como principio de la democracia, cristalizando así la centralización del poder y despojando a la comunidad del poder de decisión sobre la forma y ritmo de desarrollo. Sin duda, el no determinar dónde y cómo vivir atenta contra la libertad y soberanía del territorio.
La principal característica de una ZS es la convivencia obligada de una comunidad junto a grandes fuentes de contaminación y/o degradación ambiental. La Refinería de petróleo ENAP Aconcagua, la Fundición de cobre de Codelco División Ventanas, la Central Termoeléctrica Ventanas de Aes Gener, son algunas de las tres fuentes de emisiones contaminantes más grandes que se encuentran en la zona de Puchuncaví, Quintero y Concón. Éstas cuentan con instrumentos de gestión ambiental vigente y siendo dos de ellas -ENAP y Codelco- propiedad del Estado. ¿Cómo se permitió que estos tres gigantes convivan en una zona aproximada de 500 km2, junto a más de 90 mil habitantes con regulaciones deficientes? Más aún, ¿quiénes y de qué manera se hacen cargo de esta injusticia socio-ambiental?
Más allá de la protección del medio ambiente: Derecho al Medio Ambiente y Justicia Ambiental
Es responsabilidad del Estado cautelar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación –garantizado por la Constitución– y, por lo tanto, es justamente labor de éste prevenir la existencia de estas zonas de exclusión. Sin embargo, en las ZS se juega mucho más que sólo la (des)protección del medio ambiente. Es el Estado quién debe asegurar que ningún grupo social, independiente de su realidad socioeconómica, étnica o de género, deba soportar una distribución desigual derivada de condiciones ambientales negativas.
Esto es lo que el Frente Amplio entiende como Justicia y Equidad Ambiental, donde tanto los perjuicios como beneficios ambientales y del desarrollo son redistribuidos entre toda la población, sin afectar -positiva o negativamente- a una comunidad particular; sin ceder ante intereses a la hora de resguardar los derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos de nuestro país.
Plan de Descontaminación Atmosférica de Concón, Quintero y Puchuncaví: ni la medida de lo posible
Después de casi 25 años del primer Plan de Descontaminación (PDA) para la zona y luego de casi siete años de revisión de una nueva regulación, la Contraloría General de la República ha rechazado el proyecto definitivo de PDA de Puchuncaví, declarando que “no se ajusta a derecho”, debido a que las medidas ahí estipuladas “no se traducen en una efectiva reducción de los contaminantes (…) por lo que el presente instrumento de gestión ambiental no cumple con la finalidad que la normativa le asigna”.
Si con este nuevo instrumento la regulación de los contaminantes iba a ser deficiente, en la ausencia del mismo la desprotección es casi total, como se evidencia hasta ahora. Por otro lado, el PDA sólo se hace cargo de la contaminación del aire -por material particulado, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno-, pero ¿cómo nos hacemos cargo de la contaminación del agua y el suelo? ¿Cómo nos responsabilizamos de la pérdida de trabajo? ¿Quién vela por la salud de pescadores, trabajadores, mujeres, niños, personas de la tercera edad y por el deterioro de la calidad de vida?
Hoy, uno de cada cinco niños presentan algún nivel de daño neurológico (Rees, 2017) o mal formación congénita (Municipalidad Puchuncaví, 2015), junto con altas tasas de muerte por cáncer (Servicio de Salud Viña del Mar, 2017), abortos espontáneos y expresión genética influenciada por las condiciones ambientales en mujeres cada día más jóvenes (Tchernitchin, 2013). Sin mencionar las condiciones ambientales que no están normadas por las regulaciones ambientales en Chile, a pesar de ser consideradas altas por estándares como la contaminación por mercurio, arsénico y antimonio (Bernalte et al. 2014; De Gregory, 1991; Neaman et al. 2012)
Resulta difícil tildar de aceptable que por “errores técnicos” del Ministerio del Medio Ambiente, la comunidad de Puchuncaví deba esperar varios años más para contar con una regulación que los proteja y desclasifique como sujetos vulnerados en sus derechos fundamentales. Errar puede ser humano. Impulsar un cambio sistemático que proteja a todos los ciudadanos durante 27 años, es una decisión política de la que ningún gobierno se ha hecho cargo. ¿Es una postura de toda a Nueva Mayoría/Concertación que lo único que importa es el crecimiento económico, y que todo lo demás es música como tristemente señaló Ricardo Lagos? Ese silencio y falta de voluntad política ha sido fatal para las y los habitantes en la Bahía de Quintero-Puchuncaví.
Sobre lo referido a la aprobación del Plan de Descontaminación es solo una de las tantas luchas que por años las comunidades en las ZS han levantado. Reponer la Norma de Arsénico que esperan desde el año 1997, erradicar el uso del carbón en las termoeléctricas y un cambio a la matriz energética, son otras de las medidas a subsanar y que ya no pueden esperar hasta el 2030.
Esperamos que el actual gobierno de Michelle Bachelet o el de Sebastián Piñera y las autoridades pertinentes, escuchen las demandas ciudadanas por salud y bienestar, recogiendo una Ley que restaure las ZS y que nos permita elaborar una regulación integral y estratégica, con redes de monitoreo más completas, que libere de las cargas ambientales a las comunidades. Lo anterior, con la finalidad de reparar el entorno, la calidad de vida y el estado de salud de las generaciones actualmente afectadas.
Dirigiremos toda nuestra voluntad política firmemente para impulsar una sólida planificación territorial y de desarrollo, que se focalice en el bienestar y buen vivir de las personas y comunidades. Desde el Frente Amplio vamos a trabajar con aquellos chilenos y chilenas que están viendo vulnerados sus derechos a la salud y un medio ambiente libre de contaminación. Estamos disponibles para hacer las reformas correspondientes y acordes a los países con los que nos gusta compararnos en términos de crecimiento y desarrollo. Resulta inaceptable que chilenos y chilenas mueran -literalmente- por el silencio político y regulatorio. Ante la gravedad del asunto, tomaremos medidas urgentes en pos de los ciudadanos y ciudadanas de la Bahía de Quintero-Puchuncaví, y para la subsistencia de Chile en el futuro.
