La compañía salmonera Lago Yelcho S.A. presentó estudios con información obtenida en otros lugares, con una situación geográfica distinta, por lo que los proyectos fueron rechazados.
Valdivia, 04 de enero de 2018 (3ta.cl)– El Tribunal Ambiental de Valdivia, con jurisdicción desde Ñuble a Magallanes, desestimó las dos reclamaciones presentadas por la empresa Lago Yelcho SpA en contra de las resoluciones del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), por las que se rechazaron 9 proyectos de centros de engordas de salmonídeos que buscaban instalarse en las costas de Valdivia y Mariquina.
En su sentencia, el Tribunal concluyó que los argumentos del SEA se ajustaron a la normativa vigente y que “con la debilidad de la evidencia aportada por Lago Yelcho SpA durante la tramitación de los Proyectos no era posible determinar cuál era el área de influencia en relación con el escenario de mayor dispersión de biosólidos”.
El fallo, pronunciado por el Presidente (S) del Tribunal, Ministro Sr. Michael Hantke y los Ministros (S) Srs. Carlos Gutierrez y Fabrizio Queirolo, sostiene además que “no es posible convencerse aplicando el estándar probatorio de preponderancia de la prueba, que las condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y fondeo estuvieron diseñados de acuerdo a las condiciones o características geográficas y oceanográficas del sitio donde se pretendía instalar el Proyecto”.
En ese sentido, fue determinante que la información entregada por el titular estaba basada en datos de fiordos y canales, mientras que los proyectos rechazados estarían en mar abierto, siendo los primeros de este tipo en el sur del país, lo que preocupaba especialmente a las autoridades ambientales.
Si bien durante la evaluación de impacto ambiental se solicitó específicamente que se realizaran mediciones en los sitios donde se emplazarían los proyectos rechazados, la empresa presentó estudios con información obtenida en otros lugares, con una situación geográfica distinta, por lo que los proyectos fueron rechazados.
Acceda a la sentencia del caso R-56-2017.
