Los episodios de floración algal nociva en las costas de Chiloé tendrían su origen en la actividad de la industria salmonera. Una denuncia indica que la mayor parte de los wellboats, que traen salmón desde Aysén, no poseen las condiciones técnicas para realizar el recambio de sus aguas, sugiriendo no solo que no cumplen la normativa, sino que no pueden hacerlo, porque no tienen la capacidad técnica para eso.
Por: Alejandro Navarro Brain, Senador de la República
15 de marzo de 2018
La situación actual de los mares del sur de Chile es crítica. Desde Chiloé hasta Magallanes la contaminación está inhabilitando de manera progresiva y acelerada toda posibilidad de desarrollo productivo sustentable en las costas nacionales. La pesca artesanal ha sido acorralada y asfixiada, viéndose forzada a vender sus cuotas de pesca a los industriales, siendo el principal destino de sus faenas la harina de pescado y no el alimento de la población, así como la mitilicultura enfrenta cada vez más dificultades debido a la proliferación de la marea roja.
A algunos les gusta pensar que esto es producto del cambio climático, o de negligencias puntuales en las políticas de sustentabilidad de la industria del salmón y para ello crean comités de expertos que llegan a la conclusión de que no se puede concluir nada, o simplemente se dedican a actuar sobre las consecuencias de la contaminación obviando sus causas, como es el caso del actual SERNAPESCA y los Servicios de Salud, que alertan a la población de la contaminación de los mares como si la marea roja callera junto con la lluvia.
Mucha tinta hemos invertido en mostrar cómo la Industria del Salmón ha eutrofizado los mares de Chiloé, Aysén y Magallanes disminuyendo la columna de oxígeno y abundando la presencia de nitrógeno, generando así un paraíso para la proliferación de la marea roja, o como la superpoblación de salmones por jaula hace que una floración de algas nocivas mate a toneladas de peces en un lapsus reducido; así lo han asegurado diversos estudios científicos y destacados profesionales como Héctor Kol y el Dr. Tarsicio Antezana. Pero hoy es menester poner acento en algo más: en cómo el Estado mediante diversos organismos ha sido cómplice de esta situación.
Partiendo por el Artículo 87 que establece la necesidad de que el Ministerio de Economía mediante la SUBPESCA establezca las capacidades de carga de los cuerpos de agua que se concesionen, ya sea en ríos, lagos o mares para asegurar la preservación ambiental de los mismos. Cuando el 2016 preguntamos por los estudios de carga destinados a ese propósito la respuesta de SUBPESCA fue, en términos sencillos, que no se habían realizado (NI UNA SOLA VEZ) dada su dificultad. Es decir, TODAS las concesiones acuícolas entregadas desde entrada en vigencia la ley el año 2002, no cumplen con la normativa que la misma ley (corrupta y todo) establece.
De ahí en más las negligencias aumentan de manera exponencial. Nada nuevo es decir que SERNAPESCA, organismo encargado de la fiscalización no tiene lanchas ni medios de transportes propios, y que no siendo suficiente ello, no piden ayuda a la Armada sino que a las mismas salmoneras que deben fiscalizar. O sea, SERNAPESCA que es el ente fiscalizador depende de la entidad fiscalizada para cumplir sus funciones.
Actualmente los mares australes enfrentan una proliferación simultánea de 16 especies diferentes de algas nocivas, el fenómeno ha afectado al DOBLE de centros que el 2016 pero curiosamente solo se ha declarado un 10% de la mortalidad declarada en ese entonces, a saber 4.000 contra 40.000 toneladas…. Sospechoso, pero solo sospechoso. Lo que realmente es más que intrigante, es por qué SERNAPESCA, ante solicitud de transparencia hecho por el biólogo Héctor Kol, entregó solo los datos de mortalidad por barrio y no por centro, haciendo imposible la identificación de las empresas con mayor tasa de mortalidad.
Pero las denuncias no paran, en febrero recién pasado, el Consejo General de Caciques Williche de Chiloé hizo llegar una carta a la Armada de Chile, poniéndola en antecedentes de una serie de irregularidades en los procesos de producción y el manejo de residuos y mortalidad de la industria.
Por ejemplo, la carta revela a partir de diferentes testimonios, como se descarga mortalidad en los centros de acopio, cuestión por supuesto al margen de la norma, lo que se agrava aún más toda vez que esa mortalidad tampoco es declarada y aporta antecedentes de como las salmoneras vierten la mortalidad al fondo marino sin declararla, aumentando la presencia de amonio y nitrógeno en los mares interiores.
Junto con lo anterior, la carta de la máxima representación indígena en Chiloé ilustra como los wellboats salmoneros, embarcaciones encargadas de transportar salmones vivos desde Aysén y Magallanes hacia el norte, no cumplen a cabalidad con el recambio de aguas exigidos por normativa, de manera tal de eliminar la presencia de algas y dinoflagelados nocivos, pudiendo ser uno de los principales factores de propagación de la marea roja en Chiloé y las costas de la X región. Más aún, el testimonio entregado por un operario indica que dicho incumplimiento se debe fundamentalmente a que la mayor parte de los wellboats no poseen las condiciones técnicas para realizar el recambio, sugiriendo no solo que no cumplen la normativa, sino que no pueden hacerlo.
Sin duda todas estas son afirmaciones que deben ser corroboradas por las autoridades, pero ante el actual escenario la pregunta es, ¿Quién debería hacerlo? Según la ley SERNAPESCA ¿Quién lo hará? No sabemos. Así, lo único cierto es que hoy existen graves denuncias por parte de organizaciones de la sociedad civil y el Estado no ha sido capaz de responder con seriedad. Es necesaria una moratoria absoluta sobre el uso de cuerpos de agua en Chiloé y un Plan de Recuperación Ambiental y Social tal como se hizo en Talcahuano, en la Region del Biobío.
