Los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar cualquier irregularidad que se cometa en su ámbito, de no hacerlo pasan a ser tan culpables como los malhechores.
Por Andrés Gillmore
20 de abril de 2018
El tema de la corrupción pasiva se podría decir que es un término relativamente nuevo en nuestro vocabulario en Chile. En otros países se esta transformando en una realidad y no tengo duda que se irá transformando en un tema que debe considerarse muy seriamente de aquí en adelante.
Un ejemplo de corrupción pasiva, es lo que pasa cuando los organismos del Estado no cumplen con su misión de fiscalizar como corresponde, a pesar de saber a ciencia cierta o tener indicios serios que se estan cometiendo ilegalidades en contra de las comunidades y del medio ambiente. Eso sucede muy a menudo en proyectos productivos y especialmente en los mineros y salmoneros, pero se da en todo orden de cosas, donde para evitar gastos en estudios relacionados con el medio ambiente y con las comunidades que elevan sustancialmente los gastos, se deja de fiscalizar. Sernageomin hace rato que no esta cumpliendo con su función de realizar evaluaciones serias y profesionales en terreno a los diferentes proyectos que debe evaluar. En Aysén esta repartición pública encontró que proyectos energéticos como HidroAysén y Central Cuervo estaban en regla para desarrollarse sin problemas y no había dudas que estaban coartados en función de intereses creados de las transnacionales, que van en contra de la legislación vigente, de la región y sus comunidades para sacar provecho.
Los pescadores artesanales de Aysén hace rato que vienen denunciando que Sernapesca no fiscaliza como corresponde, que flotas pesqueras de otras regiones entran al mar de Aysén a depredar los recursos regionales, produciendo un impacto de alta consideración en la vida de los pescadores artesanales de Aysén y no es un tema menor bajo ningún supuesto, con serias implicaciones ambientales, sociales, culturales, económicas y productivas en las comunidades del litoral aysenino.
Personalmente hace unos años denuncie dos veces por diferentes medios en Sernageomin los malos manejos de la minera Cerro Bayo en Fachinal, en las dos ocasiones contestaron que todo estaba en regla y eso que estaba a la vista que estaban contaminando la laguna verde al usarla de pozo de relave y dique de cola. Tuvieron que desaparecer dos mineros debajo de la laguna para que se descubriera que la minera no estaba en regla, no contaba con los permisos correspondientes y que estaba falto de los estudios ambientales correspondientes y que sus trabajadores no recibían las garantías laborales en lo que a seguridad se refiere; incluso en plena búsqueda de los mineros desaparecidos y investigando el suceso se pretendio acallar esta realidad.
Lo mismo sucede en el mundo Salmonero con Sernapesca y el Ministerio de Medio ambiente en Aysén, que no cumplen con el cometido y dejan hacer, que nos ha llevado a que nuestro querido y amado Aysén tenga que soportar altos índices de contaminación en sus costas, por la falta de una fiscalización adecuada y eso perfectamente podría encasillarse en el término de -corrupción pasiva-. Los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar cualquier irregularidad que se cometa en su ámbito, de no hacerlo pasan a ser tan culpables como los malhechores.
Hace unos años el gobierno de Estados Unidos acuso a la industria salmonera chilena, en los estertores del gobierno de Ricardo Lagos, de que esta industria se estaban beneficiando del “ damping”(saltarse la legislación medioambiental vigente) para obtener mejores precios en el mercado, al no hacerse una adecuada fiscalización ambiental a los formatos productivos y con eso se reducían costos significativos, que por lo tanto y por lógica, hace que los productores salmoneros chilenos ahorren importantes insumos al no ser fiscalizados como corresponde y su precio sea más competitivo en el mercado internacional, que es otro caso que considero como -corrupción pasiva-
Si nos fijamos, en Chile la corrupción pasiva ocurre comúnmente en una infinidad de temas y de gran trascendencia social, cultural y ambiental, donde vemos con total normalidad como funcionarios públicos no ejercen su autoridad como todos esperamos y nos parece normal que muchas empresas nacionales e internacionales, sean estimuladores de esa -corrupción pasiva- para que los organismos del Estado hagan caso omiso de las irregularidades, que no es más que dejar hacer, haciendo como que no tiene conocimiento de lo que esta pasando. Cuando una empresa le entrega una camioneta a un fiscalizador para que se mueva durante la obra, aunque le sea entregada sin propiedad de ella y solo para su locomoción durante la faena y que terminada la obra deba ser devuelta, esta estimulando la -corrupción pasiva-. Cuando una empresa cualquiera saca áridos de un río y no es fiscalizada, no es multada y no se para la intervención, eso es -corrupción pasiva-.
En el mundo laboral dejan que empresas operen con irregularidades y solo cuando ocurren graves accidentes y muchas veces con la pérdida de vidas humanas se rectifican los procedimientos. La -corrupción pasiva- es inherente a la política. Vemos con naturalidad como diputados que estan básicamente para fiscalizar no cumplen con esa función y se dedican a otros temas para no complicarse la vida con las empresas. En Aysén los diputados no fiscalizan a las empresas que operan en la región. En la actualidad aunque nos hacemos llamar una región RESERVA DE VIDA, sabemos que por la falta de una adecuada fiscalización se genera una gran -corrupción pasiva- y sectores importantes del territorio regional estan terriblemente contaminados y sabemos que el ente más contaminador de la región es el mismo Estado, por su falta de competencia para desarrollar proyectos y no fiscalizar como corresponde a las empresas y incluso a los municipios, que en si mismo es -corrupción pasiva-.
Otra forma de -corrupción pasiva-, es cuando el gobierno regional se junta con las comunidades para supuestamente pedirle opinión en temas de desarrollo productivo, para supuestamente demostrar que son una democracia participativa. Es lo que he llamado con la experiencia de décadas en estos temas como Pdte de Junta de vecinos, Comités campesinos y vocero de la Corporación Costa Carrera en el mundo rural de la cuenca del Baker “el hace que hace pero no hace”. Donde la comunidad atiende el llamado del gobierno regional a reunirse, se les habla a las comunidades de la intención, se les expone la información, se desarrollan opciones, se ofrecen las alternativas, se toman decisiones de común acuerdo. Meses después el gobierno regional emite su informe, que dice todo lo contrario de lo que quieren las comunidades. Se presentan posteriormente oficialmente esas resoluciones que estan más de acuerdo con los intereses creados de las empresas interesadas que con la opinión y la realidad de las comunidades, relativizando las reuniones y todo no es más que una puesta en escena, de una resolución tomada desde mucho antes por el gobierno en la Moneda y todo no es más que una simple diligencia para legalizar una decisión y rebatir en el futuro a los que no esten de acuerdo con la mirada del gobierno, teniendo como base que la resolución se tomó de “común acuerdo con la comunidad”. Lo mismo sucede cuando un Municipio se resta de ser parte de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los diferentes proyectos productivos que estan por presentarse en su comuna; no es más que una forma de CORRUPCIÓN PASIVA.
