En Aysén existe una profunda preocupación de las posibles consecuencias de no tener tipificado el delito ambiental ante el actuar de la industria minera y salmonera que deja mucho que desear en su forma y fondo, que contamina y destruye todo lo que toca.
Por Andrés Gillmore
04 de octubre de 2018
El 2 octubre recién pasado se celebró el día del medioambiente y como siempre ocurre en estos casos, discursos van y discursos vienen y se permitió la entrada gratuita a Parques y Reservas Nacionales, medida que se extendió para el fin de semana que se viene. Todo esto en la crisis existencial más furibunda y terrible que se haya tenido a nivel nacional en este delicado tema en forma oficial, al haber tenido consecuencias en la salud de la población y no solo en la flora y fauna como ocurrió con lo sucedido con la crisis de la marea roja en Chiloé hace algunos años. Poniendo de manifiesto una vez más, que en la actualidad muchas comunidades a lo largo y ancho de Chile, estan conviviendo hace rato con sucesos de contaminación ambiental y que en la actualidad tiene su máxima expresión en lo que esta sucediendo en Quinteros y Puchuncaví, que se suma a la aprobación por parte del respectivo Tribunal Ambiental, que el Grupo Copec-Angelini obtuvo el permiso para realizar tronaduras en Mina Invierno, en la Isla Riesco en la región de Magallanes para extraer carbón, en la mina a tajo abierto más grande del planeta y que por lo demás es un carbón de pésima calidad y que alimenta Ventanas, culpable en gran medida de la gran contaminación de Quinteros y Puchuncaví.
Como guinda de la torta esta semana, el actual gobierno de Sebastián Piñera decidió que no se harían parte del tratado de Escazú por razones de Estado, “para no poner en peligro la soberanía de Chile” como asevero sin arrugarse la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, ante un tratado que tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación que viven las comunidades rurales y garantizarles con este tratado los derechos a vivir en un medio ambiente sano y dentro de parámetros sustentables para todos y no solo para algunos como suele ocurrir. De un tratado, que le dedica especial atención a las comunidades que en la actualidad están en situación de gran vulnerabilidad ambiental tal como ocurre en Chile, colocando la igualdad en el centro de lo que deber ser la proyección de una desarrollo sustentable y reconocido como parte fundamental de la estrategia de desarrollo de los países Latinoamericanos y del Caribe y garantizarles a las comunidades derechos de acceso a una información ambiental seria y profesional; la participación en los procesos en la toma de decisiones en lo que a medio ambiente se refiere y proyectos de desarrollo; acceso a justicia ambiental y de esa manera iniciar el ciclo para fortalecer las capacidades y la cooperación con los gobiernos de turno y por sobre todas las cosas, proteger el derecho de las personas, comunidades y las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y en base a un desarrollo sustentable con proyección de futuro.
Los delitos ambientales en Chile aun no han sido tipificados como corresponde a un país democrático. En este delicado tema y que ha sido potencializado por el cambio climático, nos parecemos más a una dictadura que defiende los intereses creados foráneos de las grandes empresas transnacionales que a una democracia plena y participativa como nos reconocemos. Mucho se ha discutido si basta con aplicar multas a las empresas y si debería cambiarse a cárcel efectiva. La verdad que ante lo delicado que son estos delitos y sus terribles consecuencias para los ecosistemas y la salud de las personas como lo hemos visto en Quinteros y Puchuncaví y veremos más ejemplos a los largo del país, es que estos delitos no son meramente faltas como las empresas discursan para justificarse y que la manera más efectiva de imponer orden y disciplina, es hacer la suma de cárcel efectiva y sumarlo a multas millonarias para los responsables directos y las empresas que no respeten el medioambiente y las comunidades vecinas. Que seria un buen inicio para empezar a ordenar la casa en este tema de gran relevancia.
Poco se sabe en Chile, que los delitos ambientales se entiende como todo aquello que amenace las comunidades, los ecosistemas y las comunidades donde estan desarrollándose diversos proyectos de desarrollo especialmente los mineros, forestales y salmoneros) cuando se ve afectada la calidad escénica, el entorno territorial, la flora y la fauna del lugar; pero lo más importante en todo esto, esta en cómo afecta a la sociedad misma en su desarrollo social, productivo, cultural y en su calidad de vida, en la proyección de desarrollo del presente futuro y la salud de las comunidades, en relación directa con su proyección personal; donde hasta la inefable constitución del 80 que gusta a muy pocos, garantiza el poder vivir en un medio ambiente libre y sano, donde la justicia social debe ir de la mano con la justicia ambiental, parámetro básico de la visión de desarrollo del siglo 21, para cualquier estrategia que sea competente y con una visión moderna de desarrollo.
En Chile el delito ambiental no se ha tipificado como debería hasta los días de hoy. Han existido iniciativas para tratar de arreglar ese vacío en la ley; que por lo demás no es un error y si una omisión de un diseño realizado para salvaguardar los intereses de las grandes empresas transnacionales, que aún no se ha logrado tipificar el delito propiamente tal en el congreso, sustentado por un lobby certero y muy profesional realizado las empresas que supuestamente se verían afectadas y que serian declaradas culpables del delito en caso de aprobarse una ley con esta perspectiva en caso de ponerse en vigencia o que Chile se hiciera parte del tratado de Escazú, donde muchos de los proyectos construidos en temas energéticos, salmoneros, mineros y forestales en la actualidad estarían en delito flagrante si tuviéramos en vigencia esa ley y por lógica eso les sucedería a muchos de los proyectos que en la actualidad estan en carpeta no podrían realizarse; como es el caso de Dominga en Higuerillas entre otros.
En el año 1998 exactamente el 3 de junio de un invierno complicado y crudo según recuerdo, se registra una moción parlamentaria para tipificar el delito ambiental, que tiene el registro 2177-12 de la cámara de diputados. Moción que fue liderada en ese entonces por el diputado de Aysén Leopoldo Sánchez, Pdte de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que en ese entonces sabía de la importancia de una la ley en este sentido, prediciendo el escenario que llegaría en un futuro próximo a Chile. En la actualidad toda la estrategia energética del país y los grandes negocios forestales, salmoneros y mineros están en manos de transnacionales extranjeras, bajo el recaudo de una ley que los beneficia totalmente. Han pasado 20 años desde que se presentó la moción de ley para tipificar el delito ambiental como tal y para beneficio de las grandes empresas aún duerme plácidamente en el congreso, a la espera que algún diputado de bien se atreva a rescatar la moción por el bien de Chile y su futuro.
Esta ley que duerme el sueño de los justos, en la actualidad es de importancia vital para la sustentabilidad de las comunidades rurales y debe entenderse que es de una relevancia nacional primordial y de gran trascendencia para el desarrollo de Aysén, ante una necesidad de urgencia como dicen los diputados, para que pueda encauzarse la intención y de una vez por todas tipificar el delito ambiental y llenar este vacío legal que es una afrenta ante las comunidades rurales especialmente y que sin una ley rigurosa, no se puede hacer nada para salvaguardar el patrimonio ambiental de las regiones.
Países como Estados Unidos, México y toda Europa, hace años que tienen este tipo de delito tipificado en su misma constitución, permitiéndoles desarrollarse sustentablemente, ante una realidad con consecuencias y una efectividad ante un delito que en la actualidad es de relevancia para el futuro de cualquier país. En Chile por medio de leyes diseñadas a exprofeso para salvaguardar los intereses empresariales foráneos y sustentados en una mentalidad subdesarrollada que no les importa el cómo y el cuando y solo recibir dineros y sin preocuparse de las comunidades, se terminó protegiendo empresas sin ética, que no dudan en crear contaminación para sustentar su codicia y a costillas de todos los chilenos, que nos esta diciendo a gritos, que mientras no se tipifique el delito ambiental como tal, Chile será la panacea de las malas prácticas empresariales, que ven en el vacío legal una oportunidad de negocios muy rentable por lo demás, que les permite con una menor inversión obtener un mayor lucro; que con el tiempo se transforma en codicia.
En Aysén existe una profunda preocupación de las posibles consecuencias de no tener tipificado el delito ambiental ante el actuar de la industria minera y salmonera que deja mucho que desear en su forma y fondo, que contamina y destruye todo lo que toca. Mucha gente mal informada y llevada a pensar de ese modo por un discurso ideológico de los denominados autoridades, justifican el actuar de las salmoneras y de las mineras que operan en la región, porque creen que les dará trabajo y tienen la esperanza que estas transnacionales realicen obras que son responsabilidad del Estado o de los mismos municipios. Por eso se ven alcaldes como el de Chile Chico (Ibarra) el de Puerto Ibáñez (Santana) y el de Cochrane (Ulloa) y un senador como David Sandoval Plaza (UDI) que abogan a favor de estas transnacionales y les importa un comino que contaminen o desrespeten a las comunidades o que miren en menos a sus trabajadores.
Como lo que dijo el ex-seremi de OOPP de Aysén en el primer gobierno de Sebastián Piñera, Kemel Sade; traído de vuelta a Aysén por el fallecido senador Antonio Horvath a condición que no se asociara con HidroAysén y que apenas desembarcó en Balmaceda se olvido de las promesas dadas al senador Horvath y dijo “ahí están las Lucas; refiriéndose a la empresa HidroAysén” y quedó con el calificativo del Bombero Sade; ya que incendió los ánimos en ese entonces y de paso se jodió a HidroAysén (por suerte) al dejar en evidencia la relación de la empresa con el gobierno regional y nacional.
Lo que se busca en la actualidad en una región con las características de Aysén, es que se hagan las cosas bien y de manera científica-profesional, con decisiones sustentadas no en una intención ideológica de la política de grandes negocios y se decida bajo parámetros claros de sustentabilidad y objetivos con proyección de futuro, por decisiones tomadas por gente calificada, con vasta experiencia en hacer las cosas bien en este sentido y tomen en cuenta la denominación de origen y el sello verde que es la característica básica del Aysén de todos y que no puede ser destruido por falsos y egoístas intereses.
