Katta Alonso, habitante de Ventanas Alto, Puchuncaví y presidenta de Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, junta con Cristina Lux y Alejandra Donoso, abogadas de la Defensoría Ambiental, están en Ginebra, Suiza esta semana para participar como representantes de la sociedad civil chilena en la Presesión #32 del tercer ciclo del Exámen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Por Casey Butcher
El EPU es un mecanismo del Consejo de Derecho Humanos (CDH) de la ONU establecido por la Asamblea General en 2005 para indagar cada 4 años en la situación de los derechos humanos en los 193 estados miembros de la ONU.1
“Las presesiones del EPU son instancias en que la sociedad civil puede comunicarse con las delegaciones permanentes de los países participantes de la ONU,” explica Cristina Lux. “Vinimos a hacer nuestras observaciones a las delegaciones para que éstas recomienden a Chile ciertas modificaciones y mejores estándares en materia de Derechos Humanos.
“En estas presesiones participan los Estados, los institutos nacionales de derechos humanos de los respectivos Estados y la sociedad civil. Es una instancia de diálogo entre todos los actores.
“Chile rinde el EPU el 22 de enero de 2019 y en esa instancia, donde no participa la sociedad civil, tiene que examinarse en materia de derechos humanos. Esto quiere decir,” continúa, “que los demás Estados le presentan ciertas observaciones y ciertas indicaciones que previamente han recolectado desde distintas fuentes, principalmente de parte de la sociedad civil, como también de observaciones que se han presentado en Exámenes Periódicos Universales anteriores.”
Es decir, durante estas presesiones actualmente en curso, la sociedad civil tiene la oportunidad de informar a las delegaciones acerca de vulneraciones de derechos humanos por parte de sus respectivos Estados y de relevar los temas de mayor importancia para sus comunidades para que, posteriormente, los delegados de los Estados hagan comentarios en base de lo que la sociedad civil les dice.
“En cuanto a medio ambiente, se ha hecho muy pocas observaciones en los dos EPU anteriores. De hecho, en el periodo anterior, sólo hubo dos: una referida más bien a derechos de las comunidades indígenas y una referida específicamente a la indemnización de víctimas de contaminación de fundiciones de cobre , que en Chile sería la de Codelco, ex-Enami. Esta indicación se encuentra en carácter de incumplida.
“Respecto a nuestra experiencia trabajando con las comunidades, hemos notado que se vulneran muchos derechos humanos, y como nosotras nos enfocamos en el área medio ambiental, nuestro principal referente en cuanto a la vulneración de derechos humanos son las zonas de sacrificio, y en específico la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví. Pero hablamos de Zonas de Sacrificio en general, porque los territorios se están organizando de esa manera y porque el contexto de los EPU nos pide tratar el tema de manera genérica.”
Lux presentó un discurso de 5 minutos ayer frente las delegaciones internacionales para complementar y enfatizar la importancia de las 66 observaciones que la sociedad civil chilena hizo al CDH este año, con énfasis particular en vulneraciones relacionadas a la contaminación industrial del medio ambiente.
“Durante 2017 y 2018, diversas comunidades de Chile se alzaron señalando que se encontraban en ‘zonas de sacrificio ambiental’ y que su situación no podía seguir siendo contenida con medidas pasajeras. Esto aparece explícitamente señalado en el informe anual del INDH de 2014, que identifica, al menos, como zonas de sacrificio las zonas de: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Coronel y la bahía de Quintero y Puchuncaví 2. Estas zonas reclaman por la contaminación del suelo, aire y agua dentro de sus comunidades y el deterioro de la salud de las personas,” declaró ante las delegaciones reunidas.
“Chile posee escasa normativa de calidad de aire y sus estándares están muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por otra parte, hay escasa normativa que regule la exposición a metales pesados, sometiendo a la población a un alto riesgo.
“Estos factores, sumados al otorgamiento desmedido de permisos de funcionamiento industrial en sectores aledaños a la población y a la falta de fiscalización de la autoridad, han contribuido a que muchas comunidades a lo largo de Chile sean altamente castigados ambientalmente.”
Alejandra Donoso enfatizó que, “Estamos presentando nuestras observaciones a los distintos Estados, basándonos principalmente en la situación de injusticia ambiental que viven las denominadas zonas de sacrificio, donde son vulnerados prácticamente todos los derechos humanos, pero principalmente el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica -por cierto- y el derecho a vivir en un medio ambiente sano.
“Estas vulneraciones a los derechos humanos marcan un contexto de injusticia ambiental que a estas alturas debiesen ser inaceptables en Chile y en el mundo. Es por este motivo que con mucha esperanza estamos en la ONU haciendo nuestras recomendaciones para que los otros Estados se hagan parte de esta situación, que reconozcan y entiendan las recomendaciones a Chile, porque no es posible seguir viviendo de esta manera. Queremos lograr que el Estado de Chile se haga cargo de la situación de vulneración de los derechos humanos a la que ha abandonado a la población que habita en las denominadas “zonas de sacrificio”, y para eso utilizaremos todas las herramientas que el ordenamiento jurídico nos presente. Esta es una de ellas.”
Por su parte, Katta Alonso, en su calidad de vocera de Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero y Puchuncaví en Resistencia, reflexionó, “Ya hicimos nuestra presentación, Cristina Lux nos representó súper bien. Esperamos que los diferentes países—sobre todo el nuestro— nos escuchen.
“Necesitamos una legislación especial para que no existan más zonas de sacrificio en Chile, para que nuestros niños y niñas puedan estar sanos por fin, para que podamos vivir en un medio ambiente libre y limpio de contaminación…
“Así es que tenemos una pequeña esperanza de que los países recomienden a Chile lo que realmente necesitamos. Ha sido una bonita experiencia, la gente ha sido muy respetuosa, así es que creo que todo el esfuerzo que hicimos valió la pena.”
Las tres mujeres seguirán unos días más en Ginebra para reunirse con la mayor cantidad de delegaciones y agrupaciones posible, construyendo así una red de apoyo para presionar al Estado de Chile de cumplir con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos. En particular, piden que el Estado de Chile iguale la normativa ambiental que rige en su territorio con la que recomienda la OMS para que no hayan más zonas de sacrificio en Chile y para que el largo trabajo de recuperar las zonas que ya han sido sacrificadas pueda comenzar.
2 INDH, Situación de los derechos humanos en Chile, Informe Anual 2014, capítulo “Derecho a un medio ambiente libre de contaminación: zonas de sacrificio e institucionalidad ambiental”, p.260.
