No se entiende que un gobierno pretenda incorporar un plan de desarrollo ante la crisis actual, sin incorporar la defensa y la preservación ambiental de las regiones y hacer que la justicia ambiental vaya de la mano de la justicia social. Decisión que traerá grandes problemas en la próxima década.
Por Andrés Gillmore
Past-Director Corporación Costa Carrera; Aysén.
La semana pasada el gobierno dio a conocer su plan de acción para el 2019, luego de un extenso Consejo de Gabinete realizado en el regimiento de Quillota y por increíble que pueda parecer dado los tiempos que vivimos y con grandes problemáticas producidas por el cambio climático y el calentamiento global, no se habló de cuál será la relación de la propuesta de crecimiento con el medio ambiente.
Lo que se leyó en el entre líneas en la cuenta que realizó el Presidente Piñera fue que la única intención de parte del gobierno es crecer a como de lugar para elevar las cifras y los índices, demostrándonos una vez más que en la actualidad a La Moneda poco y nada le importa cómo se crezca, que lo importante es crear las mejores condiciones para la inversión extranjera, sin importar la relación de esas empresas con el medio ambiente y con las comunidades que habitan los territorios. Realidad que es muy preocupante para el mundo regional, que cada día se ve más complicado con la relación que tienen con las transnacionales extranjeras en lo que al resguardo territorial se refiere, y por lo tanto el presente y futuro están en peligro ante tal decisión. No se entiende que un gobierno pretenda incorporar un plan de desarrollo ante la crisis actual, sin incorporar la defensa y la preservación ambiental de las regiones y hacer que la justicia ambiental vaya de la mano de la justicia social. Decisión que traerá grandes problemas en la próxima década.
El reconocimiento constitucional de los derechos a vivir en un medio ambiente limpio se está vulnerando constantemente, ante las presiones de los grandes conglomerados económicos extranjeros que operan en Chile, traducidos en el abandono del enfoque antropocéntrico (que toma lo humano como base de sustentación), fundado en el derecho de relacionar la perspectiva biocéntrica (que la naturaleza debe respetarse), donde el objetivo no debe ser otro que proteger la vida del todo general ambiental, más que el de una especie en particular, incorporando estrategias de restauración integral de la naturaleza, mejorando la relación con las comunidades y teniendo como base la orientación biocéntrica para proteger el bienestar de los seres humanos en su relación con la naturaleza, tomando a la naturaleza como un objeto más que como un sujeto, sobre todo cuando los daños puedan afectar a los seres humanos y la sustentabilidad futura de las comunidades rurales.
La relación armónica con el medio ambiente en cualquier contexto, debe tener la capacidad de asegura el bienestar social, productivo y cultural y no puede ser visto como un fin en sí mismo como muchos piensan. Los derechos de vivir en un ambiente sano están dentro de los derechos básicos y por lo tanto deben tomarse con la seriedad y el profesionalismo que merecen al estar incorporados en la Constitución. Desde la perspectiva biocéntrica, no es suficiente reconocer a la naturaleza como un bien jurídico al servicio de los diversos intereses. Es preciso ir más allá y reconocerla como sujeto de derecho. Si bien los derechos de la naturaleza están relacionados con los seres humanos y parte integral de la naturaleza, con un valor independientemente de las representaciones subjetivas que se tengan sobre el medio ambiente.
La justicia ambiental debe ser intergeneracional y utilizar el principio precautorio con una visión política, proyectada en las generaciones futuras, que al utilizar los recursos naturales no estén comprometiendo las necesidades de las comunidades, a sabiendas que los derechos de la naturaleza están dentro del pacto social que pautéa a las sociedades y que deben incluir el medio ambiente como persona jurídica, puesto que no se trata de una ficción creada por el sistema jurídico, al tener una existencia concreta y saberse que de ella depende la vida de los territorios y por lo tanto se trata de una persona jurídica de Derecho Público.
La perspectiva biocéntrica desarrolla la igualdad entre todas las especies con independencia de los criterios de utilidad, estética o del valor que se le otorgue. Asumiendo que todos los organismos vivos tienen un papel preponderante que cumplir en los ciclos de vida y no supone simplemente una visión purista de la naturaleza como lo hacen los Ecologistas de Profundis, al proponer que la naturaleza debe estar por encima de los seres humanos y por encima de las actividades productivas. Lo que propone la armonía con la naturaleza, es entender las variables humanas y naturales, entendiendo como se relacionan entre si para crear la ansiada sustentabilidad, tomando los derechos de la naturaleza sin que sea relacionado como una prohibición del aprovechamiento del medio ambiente por parte de los medios productivos y si; como una propuesta para que las distintas especies incluyendo los seres humanos, no destruyan los ecosistemas, se extingan las especies y bajo esa base de sustentación crear sustentabilidad. Respetar los ciclos vitales y la capacidad natural de resiliencia cíclica que posee el mundo natural es de orden básico y por lo tanto es vital que se le respete como persona jurídica vigente, velando por sus derechos como lo establece la Constitución y permitir que cualquier persona natural o jurídica pueda acudir ante las autoridades para demandar el cumplimiento de la Constitución, para preservar y defender a la naturaleza como base del medioambiente.
La justicia ambiental cautela los derechos de las comunidades frente a los daños ambientales que afectan las diferentes formas de vivir; transformando a la ecología en una herramienta que permite asegurar a las especies y los ecosistemas, la capacidad de entender que no todo el daño ambiental afecta de forma inmediata y que puede hacerlo en el futuro, que existe un alto grado de imprevisibilidad cuando se modifican los ambientes naturales y cuando los mecanismos de sanción, compensación y reparación no son suficientes para asegurar la sobrevivencia de los territorios y se debe entender, que la alteración realizada en la naturaleza termina afectando a los seres humanos y su proyección de futuro.
El modelo económico neoliberal toma los acuerdos de libre comercio y transforma a los ciudadanos en meros consumidores y pone a la extrema globalización, como amarre que termina evitando las transformaciones democráticas que se necesitan para mejorar la relación con el medioambiente, ante la presión de los países desarrollados, que ven a los países subdesarrollados como Chile como fuente perpetua de recursos naturales. La falta de una adecuada participación en espacios de debate en estos temas consagrados en leyes y decretos, hacen que los resultados sean siempre un beneficio para los intereses creados y serios problemas para las comunidades. La participación ciudadana debe hacer valer sus derechos ambientales, para que los gobiernos de turno no los avasallen y no sean reprimidos para que prevalezcan los intereses creados de las grandes transnacionales que operan en el país.
