La realidad sobre cientos de asesinatos en diversos territorios de Colombia se concentran mayoritariamente en el Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Putumayo, existiendo en el presente múltiples amenazas de muerte a líderes sociales, incluyendo a defensoras de derechos humanos, líderes indígenas y comunicadores sociales, varias de las cuales han sido perpetuadas por grupos sicarios y mercenarios paramilitares.
Cientos de dirigentes sociales han sido asesinados de manera selectiva en los últimos años en Colombia, miles han sido amenazados de muerte y decenas de desaparecidos y millones de desplazados, según han revelado diversos informes de derechos humanos en este último tiempo.
Según un informe de la Comisión Colombiana de Juristas, dado a conocer a inicios del 2019, los lugares de mayor concentración en asesinatos son: El departamento del Cauca con un 17,12 % del total de violaciones al derecho a la vida. Lo sigue Antioquia, con un 15,56 %. En tercer lugar se encuentra Norte de Santander, con el 7,39 %. En cuarto lugar, el departamento de Valle del Cauca, con el 7 %. En quinto lugar, Córdoba y Putumayo, y los siguen Nariño y Chocó. En estos ocho departamentos se concentra el 70,42 % de las violaciones al derecho a la vida de líderes sociales y defensores(as) de derechos humanos en Colombia.
El 23 de enero de 2019, un reporte informativo señalaba: Entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 en Colombia fueron asesinados 431 líderes sociales, según la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó este este viernes 10 de mayo sobre el preocupante aumento del número de líderes sociales asesinados en Colombia, ya que se han registrado 51 casos sólo en los primeros cuatro meses de 2019. «Estamos alarmados por el chocante número de activistas asesinados, acosados o amenazados en Colombia, y el hecho es que esta terrible tendencia parece empeorar», dijo el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rupert Colville, señaló a agencias.
Estudios de Indepaz y Somos Defensores en febrero del 2019, al menos el 95 % de los casos criminales quedan en impunidad. Esto sucede, en parte, porque “se enfrentan a los intereses económicos de una minoría que ha sido protegida por los estados” y que las industrias “se benefician de la ineficacia estatal para proveer seguridad a los defensores de derechos humanos”, indicó Érika Guevara, directora para América de Amnistía Internacional, quien comentó a la agencia Anadolu que “El gobierno de Iván Duque, pese a su retórica y las promesas, no tiene como una de sus prioridades la disminución de estos homicidios”.
En el estado colombiano se destaca un fuerte intervencionismo de grupos de poder militar, político y económico de Estados Unidos, como también de un violento asedio por parte de transnacionales extractivistas petroleros, mineros y de desarrollo energético, cuyos conflictos y masacres vienen arrastrándose por larga data, sindicándose como uno de los responsables de estos escenarios, al otrora general policial, ex Vice Presidente de Colombia, con formación e instrucción en el FBI y CIA, Oscar Naranjo, quien fue cercano a Uribe, Santos y ha pauteado al actual gobierno de Duque en las supuestas “rutas de paz”, dónde se han incrementado asesinatos a líderes sociales.
La premio nobel medio ambiental colombiana y lideresa del movimiento afrodescendiente, Francia Márquez, fue víctima hace algunos días de un atentado en el Departamento del Cauca, Colombia, cuando participaba en una reunión en compañía de otros voceros sociales. El ataque ejecutado por varios hombres, armados con pistolas y granadas, no dejó víctimas fatales pero si dos heridos, hecho que no es aislado, ya que en el último año las amenazas a líderes sociales aumentaron un 47 %. Marquez fue enfática en señalar “Nos quiere matar por defender el agua y el territorio”.
Por su parte, informes de organizaciones indígenas de Colombia dan cuenta que durante el periodo del actual Presidente Duque van decenas de indígenas asesinados, hechos que han tenido principalmente como epicentro el departamento de Cauca, existiendo a su vez numerosos casos de desapariciones y graves hechos de violencia contra la infancia.
Sicarios-mercenarios paramilitares e intereses transnacionales
Uno de los principales grupos mercenarios relacionados con asesinatos, amenazas y desapariciones, es el grupo paramilitar denominado Aguilas Negras, a quienes se les ha intentado de relacionar su cometido con el control territorial narcotraficante, sin embargo, los principales intereses en estas zonas de atrocidades ( Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Putumayo), son de empresas transnacionales vinculados al extractivismo petrolero, minero y desarrollo energético con mega centrales hidroeléctricas.
Águilas Negras ha sido sindicada como una organización de origen narcoparamilitar, término que fue utilizado en su momento de manera oficial para nombrar una serie de organizaciones criminales colombianas creadas como una nueva forma de paramilitarismo, teniendo entre sus miembros a quienes formaron parte de la desmovilización del grupo sicario Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyos blancos en amenazas y asesinatos en estos últimos años han sido principalmente a líderes sociales vinculados a la defensa de los territorios frente a intereses transnacionales extractivistas, existiendo varios indicios en ese sentido sobre la relación de paramilitares con multinacionales.
Desplazamientos forzados de población
En los últimos años a causa de la violencia, millones de personas se han trasladado a otros territorios del país, siendo Colombia uno de los países con mayores desplazados en el mundo. La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció el incremento de los desplazamientos masivos en el sur del departamento de Córdoba (norte), donde en los últimos días de mayo, más de 3.000 campesinos e indígenas resultaron afectados, de los cuales, 181 son niños y adolescentes.
Las institución indicó que el desplazamiento masivo al sur de Córdoba ocurrió en el municipio Puerto Libertador, así como en Ituango, municipio de Antioquia.
Según el organismo, entre el 1 de enero y el 21 de abril de este año, se han registrado en esta región al menos doce eventos de desplazamientos forzados.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó que los desplazamientos masivos de familias campesinas se han producido por amenazas de grupos criminales en la región.
Los oficios y diligencias por parte de organismos internacionales de Derechos Humanos son insuficientes. Del 28 de abril hasta el 2 de mayo, cientos de líderes y defensores de derechos humanos de diversos puntos de Colombia estuvieron en Bogotá en un refugio para visibilizar la enorme crisis humanitaria de seguridad que atraviesan los territorios, exigiendo al estado colombiano garantías para el respeto del derecho a la vida, justicia y paz social.
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