Los gobiernos en vez de defender a los pobladores ante las transnacionales y que como todos sabemos son muy poderosas económica y políticamente, hicieron todo lo contrario.
Por Andrés Gillmore.
Sociólogo
Asesor de proyectos sustentables en Aysén
Poblador de la Cuenca del lago General Carrera-Aysén
En 1994, se promulgó en Chile la Ley 19.300 sobre bases generales del Medio Ambiente y se siguió el modelo de la Ley Básica de protección ambiental del año 1993, elaborada para América Latina por Naciones Unidas, que formulaba criterios y las normas básicas para regular la gestión ambiental del Estado y las acciones que debian realizar las comunidades, para lograr la sustentabilidad ambiental del país y regularizar su proyección de futuro.
La fiscalización ambiental que sustentó la estructura del actual modelo, se diseñó manteniendo las competencias de los diferentes ministerios y los organismos sectoriales del estado, enfrentando el modelo a las diferentes metodologías de fiscalización ambiental y sin ningún control sobre los diferentes órganos del Estado. Que sumado a la gran dispersión de las regulaciones ambientales en los diversos instrumentos, sus funciones fueron sobrepuestas en los diferentes organismos del Estado y la falta de procedimientos para filtrar información entre las reparticiones públicas. Han sido estos los factores que en gran medida han obstaculizado lograr una fiscalización como corresponde y el cumplimiento cabal de la legislación ambiental en Chile.
En términos prácticos, las principales dificultades que están asociadas al modelo de fiscalización ambiental, se relacionan con el hecho que las capacidades de carga ambientales estuvieran localizadas en agencias sectoriales, que no cuentan con una mirada puramente ambiental. La duplicidad de las funciones, el incremento de los costos públicos relativos; multas bajas; ausencia de programas y metodologías que permitan desarrollar actividades de fiscalización ambiental apropiadas y de acuerdo con las diferentes realidades regionales; sumados a los incentivos puestos en las sanciones en vez del cumplimiento ambiental, trajo como consecuencia que la OCDE y CEPAL recomendaron al Estado de Chile lo siguiente:
• desarrollar y fortalecer las instituciones ambientales en los ámbitos nacional y regional
• desarrollar y fortalecer los marcos normativos para mejorar la salud ambiental y cumplir con los compromisos internacionales de Chile; examinar las diferentes formas de fortalecer la capacidad fiscalización de hecho y no solo teórico, con reformas institucionales, como por ejemplo el establecimiento de un órgano de inspección ambiental.
En el año 2010 se promulgó la Ley 20.417, que creó el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por recomendación de la OCDE y Cepal, para que se creará un órgano de fiscalización específico y la verdad sea dicha, que a pesar de todo y de todos se sigue contaminando como en el pasado en nuestro querido y amado Chile, por la falta de una fiscalización seria, profesional y responsable y esto ha sucedido más que nada, porque aquellos que tienen la obligación de fiscalizar no lo hacen y si lo hacen, lo hacen mal y con desgano por decirlo de una manera diplomática y eso en si mismo es tener una condena mortal y de por vida que nos mantendrá por siempre en el subdesarrollo.
El Derecho ambiental es lo que podría decirse un enmarañado de buenas intenciones, pero con muchas salidas legales para extender los procesos y seguir contaminando como siempre, qué significa que las transnacionales obtengan rendimientos económicos millonarios al no preocuparse por la normativa medio ambiental. Los procesos del Derecho ambiental son normativos y sistemáticos, con la finalidad de buscar el perfeccionamiento y responder a las diferentes realidades que suscitan los conflictos y obtener una oportuna implementación de respuestas en la gestión pública, ante una problemática que es muy diversa en los temas administrativos, mineros, forestal, salud, agrícola, turístico, pesquero y de residuos sólidos.
Uno de los mayores problemas que tenemos en Chile en materia ambiental en la actualidad, es que las fiscalizaciones no se llevan a cabo como corresponde por las instituciones que deberían hacerlo, que por lógica esta permitiendo que se contamine mucho más de la cuenta y que las grandes empresas corporativas abusen de la falta de fiscalización y de esa manera multiplicar sus rendimientos económicos a costa de las comunidades y de los territorios. Siempre se ha dicho que si se aplicara la ley ambiental como corresponde y los que deben fiscalizar lo hicieran, el problema estaría resuelto en gran medida.
Pasando a las realidades prácticas, tomando como base de sustentación la experiencia de la región de Aysén y sus múltiples conflictos ambientales, ante la intención de las transnacionales de intervenir su territorio; se puede apreciar que si no fuese por sus organizaciones civiles, hace rato que esta región patagonica estaría completamente intervenida por las transnacionales y contaminada a más no poder.
El primer intento por intervenirla se dio a inicios del siglo 20 en el año de 1918, cuando la Sociedad Explotadora del Baker, el equivalente a las transnacionales de la actualidad, se ganó la concesión de Aysén en Santiago. La idea era criar ganado y explotar el recurso maderero para exportar a Europa. La parte norte de la concesión, fue la cuenca del lago General Carrera que en ese entonces estaba habitada por colonos, que estaban asentados desde 1903 y la Sociedad Explotadora se vio enfrentada a estos pobladores y literalmente fueron corridos de esos dominios hacia el sur de la concesión por estos audaces y valientes hombres y mujeres, de lo que se denominó la Guerra de Chile chico, de lo que en ese entonces se llamaba Bajo Pisagua, en la actualidad Caleta Tortel en la costa del océano pacífico.
Los salmoneros en 1991 se apoderaron del litoral de Aysén, bajo el cobijo de una ardua batalla ambiental que se desarrolló en esos años ante el proyecto Alumysa, de la transnacional canadiense Anaconda, que quería instalar una planta procesadora de aluminio en la comuna de Puerto Aysén. El proyecto fue desechado durante el gobierno de Ricardo Lagos, bajo la premisa de defender el sello verde regional y no afectar con esa intervención la pristinidad de las aguas del litoral de Aysén para el incipiente desarrollo salmonero de esos años.
Posteriormente estos mismos salmoneros, fueron por la cuenca del lago General Carrera con la idea de tomar posesión del lago más grande de Chile y poner sus jaulas en estas maravillosas aguas. La intención tuvo un amplio rechazo por las organizaciones de la cuenca y liderados por la Corporación Costa Carrera (agrupación de empresarios turísticos y dueños de tierras de la cuenca) se le hizo frente al poderoso gremio salmonero. Luego de una ardua batalla de casi cinco años, se impidió la intervención salmonera de estas aguas, que además son compartidas con Argentina.
Dos años después se dio comienzo a otra gran batalla por la sustentabilidad de Aysén y de la cuenca del lago General Carrera, en contra de la transnacional HidroAysén y se dio comienzo a parar la intención de represar los ríos más emblemáticos del sur de Aysén, el Baker y el Pascua y se dio inicio a otra gran batalla ambiental por la sustentabilidad de Aysén y cuando nadie lo creía posible; una vez más la cuenca del lago General Carrera fue preservada para sus pobladores.
Todas estas grandes batallas tienen algunos denominadores en común, todas se ganaron y la defensa la dieron organismos privados y los pobladores. Los gobiernos en vez de defender a los pobladores ante las transnacionales y que como todos sabemos son muy poderosas económicamente y políticamente, hicieron todo lo contrario y a pesar de todo ello, los gobiernos no tuvieron otra alternativa que reconocer la imposibilidad de realizarlo, a pesar que las transnacionales hubiesen cumplido con todos los requisitos del diseño de la Ley Ambiental vigente. Que no es más que reconocer, que la Ley fue diseñada en el Congreso para beneficiar a las trasnacionales y omitir los derechos de los pobladores de las localidades rurales y eso en si mismo es un acto de una injusticia tal, que llama a la más profunda de las rebeldías.
HidroAysén es un ejemplo claro del pésimo diseño de la Ley Ambiental. Con la reforma que en teoría “descentralizaba” la decisión, que antes estaba sujeta a los designios de la CONAMA, se pasó con la reforma a que lo decidiera el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) en las mismas regiones, que fue una gran alternativa, lo que complicó y mucho, fue que este servicio estuviese compuesto por los Seremis de Gobierno y en vez de descentralizar, se centralizó aun más la decisión; ya que todos sabemos que los Seremis los dirige la Moneda y no se deben a las regiones y son simples buzones y se dio tal cual. HidroAysén fue aprobado por el SEA de Aysén.
A Pesar que este proyecto emblemático y que marcó antes y un después en temas de desarrollo ambiental y político: fue aprobado en todas las instancias oficiales. El primer gobierno de Sebastián Piñera, no tuvo el atrevimiento político de hacer que la decisión se concretara y dejó sin efecto la resolución, al comprobarse que el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) estaba manipulado y no quiso pasar a la historia, como el Pdte que destruyo la Patagonia de Aysén.
En Aysén como en el resto del país, los que tienen que fiscalizar no lo hacen y habló de las diferentes instituciones como por ejemplo Sernageomin en temas mineros y de los diputados en todo el gran espectro de temas ambientales; que como todos sabemos tienen como principal obligación la de fiscalizar para que se trabaje y se produzca como corresponde bajo los parámetros de la Ley de medio ambiente y entregar plenas garantías a los trabajadores y los territorios. En una región como Aysén, donde sus comunidades dependen sustancialmente de su calidad ambiental y escénica para desarrollarse con proyección de futuro, es básico y necesario resguardar el sello verde y la denominación de origen, con fiscalizaciones certeras y profesionales y que esten de acuerdo con la Constitución vigente.
Ninguna Ley por eficiente que sea y lo bien redactada que este, no puede soportar el desfase que aquellos que deben cumplir con sus funciones fiscalizadoras no lo realicen. De no hacerlo, los territorios sufren una intervención despiadada, desrespetando sus potencialidades naturales y la proyección de futuro de sus comunidades.
En la actualidad la Cuenca del Lago General Carrera ha entrado en una nueva gran batalla ambiental por sus derechos a ser un territorio libre de contaminación ante la minería y por ende, no tengo duda alguna, que una vez más saldremos adelante y venceremos los intereses de las transnacionales mineras, tal como lo hicimos ante las salmoneras y las represas, pero para ello necesitamos que todo Chile nos apoye. Salvar la cuenca del Carrera de las intenciones mineras, es una forma de hacer sustentabilidad a nivel nacional y planetaria.
