Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como FAO se calcula que los pueblos indígenas “Constituyen el 5 por ciento de la población mundial, sin embargo, los pueblos indígenas son los guardianes esenciales del medio ambiente. Los territorios indígenas tradicionales abarcan el 22 por ciento de la superficie terrestre del mundo, pero el 80 por ciento de la biodiversidad del planeta”[1].
Por José Luis Vargas, Periodista Colectivo Mapuexpress
Esta cifra, demuestra el rol fundamental que cumplen los pueblos indígenas en la conservación del medioambiente y la biodiversidad en el mundo, invitándonos a reflexionar y mirar con otra perspectiva los sucesivos procesos de defensa territorial que deben emprender los pueblos indígenas toda vez que empresas extractivas o de otra índole, buscan invertir e instalarse en sus territorios para la obtención de ganancias económicas.
Lo señalado anteriormente, refleja la difícil situación que deben enfrentar numerosos pueblos indígenas, a lo largo y ancho del planeta y particularmente, un número importante de comunidades mapuche ubicadas en el sur de Chile (entre las regiones del Bio Bio y Los Lagos), que se ven sometidas a esta problemática y por consecuencia, tener que movilizarse para hacer visibles situaciones de atropello e intervención del extractivismo sobre sus tierras, siendo criminalizados en sus legítimos procesos defensa territorial.
Es el caso de Alberto Curamil, dirigente mapuche que recientemente recibió el prestigioso Premio Ambiental Goldman, conocido como el “Nobel ambiental” y que se ha entregado a activistas ambientales comunitarios a nivel mundial desde 1989. Este dirigente mapuche, que lideró las movilizaciones para frenar dos proyectos hidroeléctricos en la Araucanía, se encuentra en prisión desde agosto de 2018, acusado de haber participado de un asalto en Galvarino. El caso de Alberto Curamil, es similar al de otros dirigentes mapuche que en por defender su derecho al territorio, han sido perseguidos por la justicia chilena, por delitos de los que después resultan absueltos.
Por otro lado, desde hace algunos días, ha causado alarma pública -siendo tema de interés nacional- la información de que, producto de un error humano en las operaciones de la empresa sanitaria Essal en la ciudad Osorno, se vertieron 1100 litros de petróleo que contaminaron los estanques y posterior sistema de suministro de agua potable de esta ciudad, dejando como saldo; el desabastecimiento y los eventuales riesgos sobre la salud que podría significar el consumo de agua contaminada, sobre este centro urbano que con 140 mil habitantes, es una de las más importantes y poblados de la región de Los Lagos en el sur de Chile. A esto se suma, que la situación se encuentra fuera de control y ya habría alcanzado el río Rahue, principal afluente de la ciudad[2], según se ha consignado en medios de comunicación.
De forma paralela a esta situación y a no mucha distancia (poco más de 40 kilómetros) de la ciudad de Osorno, en la comuna de Rio Bueno, se vive otra situación compleja y que también guarda relación con el agua, las empresas y las comunidades. Es el caso de las comunidades mapuche huilliche, que desde el domingo 30 de junio, en la zona de Pilmaiquén, lideradas por la Machi Millaray Huichalaf, autoridad espiritual del pueblo mapuche-huilliche, vienen realizando una férrea defensa para impedir la construcción de proyectos hidroeléctricos en el rio Pilmaiquén, defensa que ya lleva más de una década y es sumamente significativa, pues el río Pilmaiquén, posee una inmensa riqueza, desde el punto de vista cultural y espiritual, al ser un espacio territorial sagrado para las comunidades mapuche, pues además posee la calidad de complejo ceremonial, es decir está compuesto por varios sitios de importancia cultural (cementerio, cancha de rogativa, morada) interconectados entre sí, por tanto la afectación que se haga de uno de estos espacios, puede dañar de forma directa al otro, rompiendo el equilibrio de estos lugares, por ende, la privatización del agua para fines hidroeléctricos significa una tremenda amenaza para las comunidades de la zona y nos invita a reflexionar sobre la importancia que tiene el cuidado del agua en la sociedad.
A este complejo ceremonial “concurren regularmente y desde tiempos inmemoriales las comunidades de un extenso territorio para realizar ceremonias y rogativas”,sostiene la machi Millaray, en un escrito difundido por el sitio Mapuexpress donde detalla el impacto que causarían los dos proyectos hidroeléctricos (Central Osorno y Central Los Lagos) que buscan emplazarse en la zona, con sus respectivas consecuencias para las prácticas religiosas de comunidades mapuche de Rio Bueno y los alrededores[3].
Las centrales hidroeléctricas que se pretenden instalar en el territorio defendido por las comunidades mapuche huilliche de la zona del Pilmaiquén, pertenecen actualmente a la empresa estatal noruega Starkraft y ya cuentan con los permisos ambientales otorgados por el Servicio de Evaluación Ambiental para poder construirse, según detalla el documento difundido por la autoridad mapuche, Millaray Huichalaf, “Las centrales hidroeléctricas Los Lagos y Osorno fueron evaluadas de forma separada, sin considerar los impactos sinérgicos y acumulativos, a pesar de que ambos proyectos se encuentran separados por 11,6 km en línea recta aproximadamente, utilizan las aguas del mismo río y se superponen sus áreas de influencia respecto a los impactos socio-culturales, en la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos”, consiga el escrito que da cuenta de la grave omisión de los servicios ambientales al no considerar la integralidad del complejo religioso que protegen las comunidades mapuche.
De lo expresado en los párrafos anteriores, los hechos ocurridos en Osorno recientemente y las cifras que dan cuenta de la importancia de las comunidades indígenas en el resguardo de la biodiversidad, se desprenden una serie de interrogantes y reflexiones relativas al control, en términos de propiedad y cuidado del agua, en tanto elemento vital para la población: ¿son las empresas o las comunidades las llamadas a administrar de la mejor forma este “recurso”? ¿cuál va ser la actuación (en términos de sanciones y reparación por los daños) de los organismos públicos y del mismo Estado, con respecto al caso la contaminación del suministro de agua potable ocurrido en Osorno, cuya responsabilidad recae en la empresa Essal? ¿actuará el Estado con la misma severidad frente a la empresa, al igual lo hace frente a la movilización de comunidades, que son criminalizadas por defender afluentes hídricos confrontando intereses de empresas privadas?
Esto también nos invita a cambiar la mirada con la que la sociedad estigmatiza, la justicia y medios de comunicación criminalizan, las reivindicaciones y procesos de defensa territorial mapuche y otros actores sociales que apuntan a preservar un elemento vital como el agua que es un bien nacional de uso público, a contramano de los efectos negativos que se han producido a causa de los errores cometidos durante las operaciones de la empresa sanitaria Essal en Osorno, en un contexto en el que la concentración de los derechos de agua pertenece mayoritariamente a empresas privadas con nefastas consecuencias como la escasez y desabastecimiento sobre comunidades indígenas y locales, producto de la acción forestal y minera entre otros.
REFERENCIAS
[1] Véase artículo publicado en el sitio web oficial de la FAO [6 formas en que los pueblos indígenas ayudan al mundo a lograr el #HambreCero http://www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/1028079/]
[2] Véase Confirman que derrame de petróleo también alcanzó al río Rahue y osorninos reportan agua turbia en sus casas https://www.elmostrador.cl/dia/2019/07/13/osorno-essal-confirma-que-derrame-de-petroleo-tambien-alcanzo-al-rio-rahue/
[3] Véase Machi de Lof en resistencia denuncia afectación a comunidades Williche por proyectos hidroeléctricos de estatal Noruega Statkraft en el sitio web http://www.mapuexpress.org/?p=27995
