«También está Andrónico Luksic, que compró los predios aledaños a la localidad de Villa O’higgins y de Enrique Alcalde abogado (ex dueño del Diario La Nación) que ha comprado diversos predios desde el Manzano al Valle del Colonia. Podríamos sumar a la lista la hermana de Andrónico Luksic, Maria Paola, que literalmente ha comprado todos los predios aledaños a la localidad de Caleta Tortel»
Por Andrés Gillmore
Past-Director Corporación Costa Carrera
19 de julio de 2019
En los últimas décadas se ha podido constatar en la región de Aysén, la llegada de lo que podría denominarse la colonización posmoderna desde el año 1998 a la fecha, por personas, entes o transnacionales, que se han allegado a la región y muy especialmente a la denominada Cuenca del lago General Carrera. Territorio comprendido desde Bajada Ibáñez, que comienza a 75 KM al sur de Coyhaique hasta Caleta Tortel, en la costa con el océano pacífico y que no se reducen solamente a los casos del ecologista Douglas Tompkins, que compró Valle de Chacabuco (lo que es en la actualidad Parque Patagonia). También está Andrónico Luksic, que compró los predios aledaños a la localidad de Villa O’higgins y de Enrique Alcalde abogado (ex dueño del Diario La Nación) que ha comprado diversos predios desde el Manzano al Valle del Colonia.
Podríamos sumar a la lista la hermana de Andrónico Luksic, Maria Paola, que literalmente ha comprado todos los predios aledaños a la localidad de Caleta Tortel y el mismo Andrónico Luksic, comprando predios en el fiordo Mitchell, que es por donde esta diseñada la continuación de la Carretera Austral Sur en su conección bimodal con la región de Magallanes; intereses que posicionan a Enrique Alcalde y la familia Luksic como posibles dueños del sur profundo de Aysén, si tomamos en cuenta las compras que han estado realizando en los últimos años.
A esta lista de intereses creados, debemos considerar además una gran gama de transnacionales mineras y energéticas, que han estado intentado por todos los medios de apoderarse de los territorios del sur de Aysén, desrespetando los derechos de los pobladores, que proyectan una alianza estratégica entre empresarios chilenos con ciertas transnacionales extranjeras. Como sucedió con la intención de HidroAysén, que tuvo en ascuas a la región como un todo por casi una década, cuando pretendio intervenir los ríos más emblemáticos del sur de Aysén; el Baker y el Pascua.
No podemos olvidar tampoco, que en la actualidad se está dando inicio a otra gran batalla en la misma cuenca del lago General Carrera (que se defendió con todo ante HidroAysén) y más complicada aún, ante la intención de transnacionales mineras extranjeras de origen canadiense y australiano, que quieren intervenir la cuenca del lago General Carrera (compartida con Argentina y la segunda reserva de agua dulce del planeta) para transformarla en territorio minero, vulnerando los derechos de las comunidades que la habitan, a desarrollarse sustentablemente y con proyección de futuro.
La historia de Aysén ha sido siempre contada a medias, pocos son los que conocen verdaderamente su fundamento histórico, de lo que significó el esfuerzo de colonización y que desde siempre ha luchado en contra de los intereses creados de las grandes corporaciones privadas. Lo poco que se sabe a cabalidad por el resto de Chile, ha sido impuesto bajo una mirada poco representativa de lo que en verdad sucedió y el titánico esfuerzo realizado por estos hombres y mujeres por forjar su cultura y la forma de ser que los caracteriza desde los inicios del siglo 19 a la fecha. Obligándolos a tener que convivir con medias verdades, con ese burdo sentimiento de un falso patriotismo que ha opacado a la región desde ese Chile total, que se vende al mejor postor, produciendo un vacío que a esta altura del siglo 21 contamina y destruye cualquier opción de futuro, que ha dado como resultante, que estemos faltos de lo que significa históricamente la región de Aysén y la posibilidad cierta que tiene este territorio, de producir un desarrollo sustentable para sus pobladores, opacando la gran verdad: que Aysén tiene la posibilidad cierta de transformarse en una región sustentable como ninguna otra de Chile, siempre que se respete su denominación de origen, su sello verde y los derechos de los pobladores a vivir en sus tierras.
Los intereses creados llegados del centralismo, manipulan y presionan para obtener los territorios a como dé lugar; que es lo que está sucediendo con el caso de la octogenaria pobladora, Doña Maria Julia Torres, en el sector de río Mayer, en la comuna de O’higgins al sur de Aysén y la disputa que se ha dado por el legado que dejó el poblador Valduvino Torres Norambuena, padre de Julia Torres, en un predio de 1.607 hectáreas, con un avalúo fiscal de 800 millones de pesos (avalúo que no determina su precio comercial que normalmente es el doble o el triple) que ha contado con la intromisión indebida de la sociedad Agrícola Caiquen S.A. de Enrique Alcalde y de la Sociedad Las Margaritas S.A. de Andrónico Luksic, que han estado manipulando a una parte de los herederos para apropiarse del predio y si es posible pasar a llevar los intereses de Julia Torres, que habita y trabaja el predio desde que nacio en sus 320 hectáreas.
Por la sucesión de este predio de incalculable valor y no solo por sus cualidades ganaderas (que son óptimas para el sector) si no por su belleza escénica y ambiental. En el año 2005 se dio inició al proceso de posesión efectiva de parte de María Julia Torres en la ciudad de Coyhaique, bajo la venia del Registro Civil.
En el año 2010 se inscribe la posesión efectiva y sin saber el porque, en el año 2017 dos años fuera de plazo (el plazo legal es de 5 años) surge bajo cuerda la rectificación a la posesión efectiva, realizada por la sociedad Caiquen S.A. manipulando el proceso para acomodarlo a sus intereses, solicitando un pedido de casación y es aquí donde instituyó que está de hecho la presión indebida en el pedido de casación, que está claramente fuera de plazo; realizada por el abogado de Caiquen S.A, Mario Cancino, un abogado de Coyhaique. Como es lógico y dada la irregularidad del pedido de casación fuera de plazo, María Julia Torres no llega a un acuerdo con Caiquen S.A. y por medio de presiones indebidas se declara la subasta del predio como un todo, desrespetando los derechos de la heredera María Julia Torres en su hijuela de 320 hectáreas.
El Juez Repartidor instruido por el tribunal de letras del Baker en la localidad de Cochrane; es el señor Claudio Chacano Montiel. Juez de policía local de la comuna de Río Cisnes en el norte de Aysén a 800 KM de distancia, que por esas coincidencias de la vida, es primo-hermano de uno de los administradores de la sociedad Caiquen S.A. que dictamina que el predio se subastará el 28 de agosto del año 2019 en la localidad de Cochrane y que para acceder a la subasta, es necesario acreditar la suma de 80 millones; que representa una clara falta al debido proceso, pasando a llevar los derechos de Julia Torres y dejando en claro que los únicos que pueden acreditar tener 80 millones de pesos para optar a la subasta, son los dos empresarios mencionados o un representante de ellos.
Lo que se constata es que de una manera u otra, la intención de los verdaderos pujantes por el predio, Enrique Alcalde y posiblemente Andrónico Luksic, (aunque este último lo ha negado repetidas veces) tienen como objetivo apoderarse a como dé lugar del predio y muy especialmente de las 320 hectáreas de Julia Torres, conocido como el bajo; que es la parte más relevante del predio, dada la calidad de sus empastadas, su deslinde con el río Mayer, por su calidad escénica y ambiental, que ha despertado el interés de Alcalde y posiblemente de Luksic, para ir incrementando sus territorios al sur de Aysén y todo lo que ello significa.
Lo que deja ver esta situación en particular, es que esto se viene dando en territorio aysenino desde hace rato, de cómo los intereses creados de las grandes transnacionales y de ciertas empresas chilenas bajo la tutela de sus dueños, presionan a más no poder el sistema para apoderarse de territorios estratégicos y que en muchos casos se esten vulnerando los derechos de los pobladores, cometiendo irregularidades de forma y fondo para lograr esos objetivos, desde Estudios de Impactos ambientales (EIA) adulterados y manipulados como en el caso de las transnacionales mineras y energéticas. Hasta los casos civiles por la pose de la tierra, como en el caso de la señora Julia Torres.
Además, ateniéndose a los relatos de los pobladores de Villa Ohiggns, que explican que Andronico Luksic le ha puesto candado a todas las tranqueras, negando el acceso y el libre paso, obligando a los pobladores a tener que pedir permiso para transitar, por huellas que fueron usadas por siempre por los pobladores para transitar entre los predios. Es importante agregar, que las relaciones de Luksic con los pobladores no ha sido muy buena que digamos; tanto ha sido así, que un grupo de pobladores se rebelo ante las arbitrariedades a los que son sometidas por estos intereses, presionaron ante la autoridad para que se bajara el proyecto de conservación del Huemul en las 12 mil hectáreas fiscales que pretendia Luksic tomar pose por medio del proyecto.
12 mil hectáreas que si se concretara la intención de rematar el predio por las sociedades Caiquen S.A. y Las Margaritas S.A., quedarían encerradas entre los predios de Enrique Alcalde y Andronico Luksic y sin servidumbre de paso. Tampoco se puede obviar en esta trama, que Luksic además tiene los derechos del subsuelo de casi toda la comuna de Ohiggns (derechos mineros) que explican el porque de las actuaciones y los incentivos en forma y fondo de lo que pretenden estos dos empresarios chilenos.
El proceso está en la actualidad en manos de la Corte de Apelaciones de Coyhaique y esperamos que los derechos de Julia Torres sean respetados por sobre todas las cosas y que la Corte de Apelaciones tenga la capacidad de marcar un precedente para el desarrollo sustentable de los pobladores de Aysén. No es que se impida la llegada de capitales foráneos a Aysén y eso lo clarifico de ante mano; pero que no se cometan irregularidades para obtener esos objetivos y menos que manipulen la ley para obtenerlos, sin tomar en cuenta los derechos y el respeto que se debe tener con los pobladores de Aysén.
