Expertos y técnicos, junto a muy bien pagados abogados, han participado en los previos procesos de zonificación prestos a realizar las observaciones que mejor se adecuen a sus intereses. Y de seguro tantos otros agentes económicos para quienes Aysén no es más que una despensa y, en muchos casos, un botín.
Patricio Segura Ortiz, Periodista.
22 de agosto de 2019
El 6 de septiembre, en menos de tres semanas, vence el plazo para hacer observaciones en el marco del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación Sustancial de la Zonificación de Uso del Borde Costero de la Región de Aysén. El oficio informando sobre este procedimiento fue emitido el 19 de julio pasado por la intendenta Geoconda Navarrete, luego de ser publicado la semana previa en El Diario Oficial.
Lo que se juega hoy no es menor.
La vigente zonificación del borde costero de Aysén data del año 2004, con la promulgación el decreto supremo 153 de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Sus resultados están más que a la vista: expansión de la industria salmonera hacia gran parte del litoral aisenino, permanencia en áreas bajo protección oficial como la Reserva Nacional Las Guaitecas y el mar interior del Parque Nacional Laguna San Rafael, impacto en la pesquería artesanal. Todo esto profundizó la contaminación por desechos plásticos y biológicos en un maritorio, su fondo y sus costas, hasta ese momento prístino, salmones en fuga que depredan la fauna nativa, que también es afectada por redes, instalaciones e incluso tiroteos. Impacto en la actividad turística asociada a la contemplación y los paisajes de los archipiélagos, y eutrofización a escala monumental, con un daño ecosistémico sin precedentes.
Virus ISA, caligus, uso masivo y tóxico de antibióticos que permanecen aún en los ecosistemas marinos son parte de un historial que más bien parece prontuario. Tan brutal que hasta el 8 de abril de 2020, y desde hace cinco años, está vigente la moratorio para nuevas concesiones acuícolas en las regiones de Los Lagos y Aysén por la crisis sanitaria que ocasionó la salmonicultura por sus malos manejos. Y, por qué no decirlo, por la ambición de un sector que se apropió del sur; sus habitantes y su naturaleza.
A la luz de estos graves hechos, públicos y notorios para todo aquel y aquella que se interese en el desarrollo de Aysén y, en particular, en la protección de su biodiversidad, uno esperaría que esta evaluación ambiental estratégica fuera tema en todo momento presente en la opinión pública. Expertos discutiendo, dialogando, controvirtiendo, sobre lo mejor para el futuro de Aysén, uno verdaderamente sustentable. Lamentablemente, no mucho de aquello hay.
Uno de los ejes de desarrollo de la región es el sector pesquero acuícola y el debate no contingente sino estratégico, de largo plazo, no se divisa. Existen actores ciudadanos que intentan organizarse para enfrentar el desafío, pero la complejidad de la discusión y la escasa difusión entre todos los involucrados (desconocimiento existe entre pescadores artesanales, comunidades del litoral, sector turístico, entre otros) han obstaculizado que este, al día de hoy, sea un potente y legítimo proceso participativo.
No es el caso de la industria, responsable de una de las mayores crisis sanitarias de las que el sur austral tenga memoria. Expertos y técnicos, junto a muy bien pagados abogados, han participado en los previos procesos de zonificación prestos a realizar las observaciones que mejor se adecuen a sus intereses. Y de seguro tantos otros agentes económicos para quienes Aysén no es más que una despensa y, en muchos casos, un botín.
Quedan pocos días. Menos de tres semanas para ingresar observaciones. Del resultado de este proceso depende si el mar de Aysén sigue teñido de salmón o recupera su verde y azul natural.
