El Gobierno de Chile es anfitrión este 2019 de la Conferencia de Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, (COP25) que se realizará entre el 2 y el 13 de diciembre, donde se busca promover la “climatización” en sectores públicos y privados ante los críticos efectos del calentamiento global, acelerado por las descontroladas explotaciones y contaminación de sectores industriales transnacionales extractivistas.
La realización de este encuentro se realiza en Chile en el marco de múltiples conflictos socio ambientales, en medio de una severa crisis hídrica y de la resistencia de amplios sectores defensores territoriales y de derechos humanos para que no se continúe interviniendo, explotando y depredando fuentes naturales en el País indispensables para la existencia, como también al freno de graves hechos de contaminación industrial en diferentes localidades.
Sin embargo este no es el único punto de fricción en Chile mientras se busca superar el Acuerdo de París en la COP25, el Gobierno se ha negado a firmar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional firmado por 17 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente, en algunos de ellos en proceso de ratificación e implementación.
El acuerdo se origina como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en 2012, y la Decisión de Santiago adoptada en 2014 por 24 países. Desde ese momento se realizó un proceso de negociación entre los 24 países interesados, a través de una comisión copresidida por las delegaciones de Chile y Costa Rica. Tras cuatro años de negociaciones, el Acuerdo Regional fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú.
Amnistía Internacional y organizaciones ambientalistas señalan: “En el año 2012 en la reunión de Río + 20 Chile impulsó el Acuerdo de Escazú, el único tratado regional vinculante para América Latina y el Caribe respecto a la protección del medio ambiente y el acceso a la justicia ambiental”.
Entre sus contenidos principales están:
● Garantizar la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales
● Garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano
● Derecho de acceso a la información ambiental
● Derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales
● Derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales
Organizaciones de Derechos Humanos y Medio Ambientales en el marco de una intervención urbana en Santiago, denunciaron: “Chile lideró la creación del acuerdo y a fin de año será anfitrión de la conferencia ambiental más grande del mundo, la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP25); sin embargo, hoy el gobierno se niega a firmarlo bajo el argumento de que en Chile se cumplen los planteamientos del Acuerdo de Escazú y esto no es así”.
En Chile existen 116 conflictos socioambientales (Mapa de conflictos socio ambientales INDH*) de los cuales, el 78% afectan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el 46% afecta el derecho a disfrutar de salud física y mental.
Amninistía Internacional y organizaciones ambientalistas destacas: “El Acuerdo de Escazú es un pacto sobre derechos humanos y medio ambiente. En su esencia está la protección de la vida y los derechos de las personas que defienden la naturaleza, derechos que deben ser resguardados para todas y todos quienes a lo largo de Chile y de América Latina deben enfrentarse en desigualdad de condiciones tanto a privados como a los mismos estados que deberían velar por su bienestar”.
Agrega: “Además, este es el primer acuerdo regional que busca garantizar la protección de los y las defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que los líderes socio-ambientales se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones. Sólo el año 2018 fueron asesinadas 164 personas defensoras del medio ambiente en las Américas (según el reporte Enemigos del Estado de Global Witness), mientras que en Chile están siendo investigados los casos de Macarena Valdés, Alejandro Castro, Juan Pablo Jiménez. Si bien el panorama es desolador, podemos tener mayores facultades de protección a nuestros líderes ambientales si se firma el Acuerdo de Escazú”.
Las organizaciones ambientalistas que han suscrito la declaración y de derechos humanos en Chile han señalado también en el marco de la manifestación: “Las argumentaciones expresadas para restarse de la firma de este tratado adolecen de serias inconsistencias puesto que, en lo que se refiere al cumplimiento de los derechos de acceso planteados en el Acuerdo de Escazú, si bien hay avances -al igual que en otros países-, todos y todas sabemos que todavía nos falta mucho por avanzar. Por lo demás, se trata de un acuerdo de piso, es decir se espera que desde ahí los países firmantes puedan avanzar y no retroceder, y que busca la implementación plena y efectiva del acceso a la información, participación y democracia ambiental.
Las organizaciones firmantes de la declaración: Codeff, Terram, Fima, Scac (sociedad civil por la acción climática), Cumbre de los Pueblos, Foro Paralelo Sociedad civil COP25 y Amnistía Internacional, hacen un llamado a que el gobierno de Chile sea coherente con sus compromisos y firme el Acuerdo de Escazú en la próxima Asamblea General de la ONU, este 26 de septiembre; para así recibir la COP 25 dando una verdadera señal de voluntad política, liderazgo y compromiso con el medio ambiente, los derechos humanos y las personas que lo defienden.
Fotografías: Ilsen Jara
