Después de su fracaso como mediador humanitario en la crisis de la frontera Venezuela-Colombia, surgió la oportunidad inesperada de ser país anfitrión de la próxima COP25.
Dr. Eduardo Tarifeño Silva
Biólogo Marino, Ph.D.
Concepción 14 de octubre 2019.
Como todos en su cargo, el Presidente Piñera aspirar a dejar una huella de su gestión que transcienda hacia las generaciones futuras, aspirando lograr el ansiado nivel político de Estadista tanto dentro como fuera del país. Lamentablemente, la situación interna no ha sido lo que su gobierno esperaba ni menos lo que se había prometido durante la campaña electoral (“Vendrán tiempos mejores”). Pero en el frente externo, han surgido algunas oportunidades no contempladas en las promesas del gobierno durante la campaña electoral, que han sido hábilmente adoptadas en beneficio de lograr el estatus de aquellos gobernantes que se preocupa de los pequeños detalles con acciones contingentes, pero sin perder una mirada de largo plazo.
Esta oportunidad es el tema del Crisis Global (Calentamiento Global) que afecta a toda la Tierra como ecosistema global que sustenta a la población humana. Después de su fracaso como mediador humanitario en la crisis de la frontera Venezuela-Colombia, surgió la oportunidad inesperada de ser país anfitrión de la próxima COP25 que tiene como objetivo fundamental lograr los acuerdos internacionales necesarios para limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 1,5 °C, situación que se ve muy difícil por la tasa de incremento anual de temperaturas globales que ha superado todos los pronósticos científicos.
La decisión del Presidente de Brasil Bolsonaro de desistir de la organización de la COP25, por no estar de acuerdo con los informes científicos que detallan la crisis ambiental por el Calentamiento Global que repercute en lo económico y social que recién empieza, le permitió al Presidente Piñera oportunistamente tomar la bandera de la defensa del medio ambiente que promueve la comunidad de gobernanzas internacionales.
Pero, ¿en qué condiciones está el Presidente Piñera para liderar la COP25? ¿Cuál es la situación medio ambiental interna del país cuya solución sino inmediata, por lo menos en el corto plazo, está siendo exigida cada día con más fuerza por diversos sectores de Chile?
Es conocido que los focos de problemas ambientales nacionales se han incrementado en los últimos años(e.g., área costera de Quintero-Puchuncaví como zona de sacrificio, crisis por la gran sequía desde la IV a la VI regiones, explotación de acuíferos naturales y napas subterráneas por la industria minera, degradación de los glaciares andinos por actividades minera, etc) situación que requieren de toma de decisiones basada en antecedentes científicos-técnicos actualizados y objetivos, pero con un mirada de bien común. Los anuncios de cierre de plantas termoeléctricas para el 2030 con el propósito de “descarbonizar el país” que fue divulgada como prueba de la preocupación ambiental del gobierno, en realidad tienen explicación en la obsolescencia de dichas plantas, que no sólo las hace ineficientes en su producción de electricidad, sino que además muy poco o nada económicamente rentable. Lo mismo ocurre con la Refinería de Cobre de Ventana, una de las principales fuentes de contaminación atmosférica con emisión de gases que durante años afectaron todo el Valle de Puchuncaví terminando por matar toda la rica y tradicional agricultura del valle. El anuncio que el cierre de dicha refinería era por motivos ambientales, fue rápidamente opacado por información reservada que la planta operaba con un déficit de rentabilidad de 500 millones de dólares en los 10 últimos años. Entonces ¿Cuál es realmente la razón de fondo para tomar esta decisión?
Por otra parte, el tema de la crisis hídrica que afecta al país, tal vez la más grave de la que haya historia por las notables y prolongadas disminuciones de lluvias, pondrá como tema a discutir la prioridad en el uso de las fuentes hídricas (¿para consumo humano o consumo agrícola, o consumo de la minería?) pero también focalizará el tema en buscar alternativas para el reciclamiento de los efluentes primarios y secundarios resultantes del tratamiento de aguas servidas o usos alternativos de estos efluentes antes de ser evacuados al mar sin un adecuado tratamiento previo para reutilizar los millones de metros cúbicos que diariamente son lanzados al mar o ríos a lo largo de la costa chilena. En los años recientes, han surgido antecedentes científicos inobjetables que indican que en las zonas costeras que reciben descarga de efluentes por emisarios submarinos para evacuar aguas servidas (Punta Tenglo, Castro, Lota, Tome, Coronel) existen altos índices de contaminación fecal humana asociados con altas índices de hepatitis y enfermedades intestinales, mucho mayores a los promedios del resto del país. ¿Qué acciones concretas se propondrán para cambiar estos obsoletos sistemas de tratamientos sanitarios para las aguas servidas de origen domiciliario mediante la descarga de los efluentes contaminantes al ambiente marino costero? ¿Qué nuevos y más exigentes normas de descargas se exigirán a las empresas sanitarias que operan los emisarios submarinos?
Cabe recordar que a poco de iniciar su primer gobierno en 2010, el Presidente Piñera se saltó todos los procedimientos indicados en la débil legislación ambiental de la época, llamando directamente a los empresarios que impulsaban la construcción de la Central Termoeléctrica de Barrancones para detener dicho proyecto, que pretendía construir y operar dicha central cerca de Punta Choros (IV Región) que es un ecosistema marinos de gran relevancia. Frente a esta situación y las críticas que recibió por su accionar en temas ambientales, el Presidente Piñera comentó “la primera palabra la tienen los técnicos pero la última los políticos” (Ver caricatura adjunta publicada por La Tercera en 2010). ¿Es esta aseveración la que define la política ambiental del actual Gobierno?
Cabe recordar que la Constitución de 1980 indica en el Art. 19, numeral 8, específicamente: «el Estado asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente».
Es conocido el malestar de varios sectores empresariales por la posición del Gobierno calificada como ambigua, respecto a algunas disputas ambientales que han sido judicializadas debido a la oposición de grupos ciudadanos organizados frente a los impactos ambientales que muchos proyectos de grandes inversiones de capital (terminales portuarios, explotaciones mineras, salmoneras) se alejan de las aspiraciones de lograr un adecuado equilibrio entre el crecimiento económico, beneficio social y respeto por el medio ambiente con dichas inversiones. Un ejemplo es la ley que determinó que la pesca del recurso marino jibia puede ser sólo por el sector pesquero artesanal, discusión en la cual las empresas industriales pesqueras de la VIII Región habían esperado una mayor y efectiva oposición del Gobierno a esta iniciativa que surgió en la Cámara de Diputados.
No hay dudas que actualmente el Gobierno del Presidente Piñera están entre la “espada y la pared” en su política ambiental, al tratar por una parte de aparecer ante el mundo como un Presidente que no sólo le preocupa las consecuencias del Calentamiento Global sino que también aspira a tener un liderazgo de reconocimiento mundial en este tema; mientras que por otra, debe enfrentar las presiones y malestar del sector empresarial que espera que la legislación ambiental, por débil que sea, no represente una traba que impida la ejecución de proyectos de inversiones de alta rentabilidades en lo económico, pero a costa de impactos ambientales que además, muchas veces son subestimados.
