En relación a un artículo publicado en la edición de este lunes 28 de octubre, en la página 5 del Diario La Tercera, y que afirmaba que fuentes de inteligencia habían detectado la participación de ciudadanos cubanos y venezolanos en manifestaciones violentas, La Tercera tuvo que salir a aclarar sus contenidos, luego que el Fiscal a cargo de la investigación señalara que no existen indicios al respecto.
El medio señala en una publicación aclaratoria de este 28 de octubre lo siguiente: “Desde la semana pasada, en el gobierno y en organismos policiales circulaba la información sobre la participación de extranjeros en desmanes, lo que fue transmitido en off the record en distintas reuniones por autoridades policiales y de gobierno”.
En otro punto, La Tercera agrega: “Fuentes de organismos de inteligencia policial hicieron llegar a La Tercera el domingo 27 de octubre una minuta de 8 puntos que reunía información proveniente de “fuentes abiertas y cerradas respecto de los atentados a la red del Metro que terminaron en ataques incendiarios el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de octubre”. Esa minuta, como publicó este lunes La Tercera, informaba que se había identificado a “una de las personas que participó en el primer atentado al Metro, gracias al análisis de imágenes, grabaciones y georreferenciación de celulares”, pero no entregaba el nombre de ningún sospechoso ni aludía a la presencia de extranjeros en los ataques al tren subterráneo”.
Si bien La Tercera sale a aclarar y pedir disculpas por sus publicaciones, no es capaz de revelar sus fuentes directas ni los nombres de los funcionarios de gobierno e inteligencia responsables de dichas informaciones, haciéndose parte de un nuevo acto de montaje.
Cabe señalar que a través de redes sociales se hizo trascender el involucramiento de extranjeros en ataques incendiarios en el Metro, mientras, paralelamente, el derechista venezolano, Juan Guaidó, denunciaba el 23 de octubre que Nicolás Maduro está detrás de las protestas en Chile y Ecuador, asegurando que “financia” a diferentes grupos para “infiltrar” las manifestaciones en la región, esto, mientras diversos fake news se instalaban por parte de detractores de las protestas en Chile.
Evidentemente, el Gobierno de Sebastián Piñera ha priorizado los servicios de inteligencia en diversas circunstancias, entre ellos: «Consejo Asesor de Inteligencia» (CAI), la caótica Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y en general los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) que desarrollan la “Fusión Center”, incluida las cuestionadas unidades de Carabineros, acostumbrados a prácticas de monitoreos, intervenciones, infiltraciones, montajes e incluso actos criminales, por ello, luego de las masivas evasiones del metro en Santiago, tuvo el barómetro suficiente para detectar la venida de un fuerte estallido social como consecuencia de un generalizado descontento en temas sociales – estructurales y en vez de hacerle frente a los cuestionamientos de fondo, desesperada y cobardemente se optó como reacción inmediata intensificar por una semana y media, los procedimientos del Manual de la Escuela Las Américas, aplicando el Toque de Queda, convirtiéndose en un gobierno de facto e implementando una serie de medidas represivas, de cizaña e intentos de quiebres a través de la cooptación, es decir:
Represión: Tendiente a generar amenazas, miedo y dolor, con el descontrol de agentes policiales estatales de tipo represivo, adoctrinados en ello (Grupos del GOPE de la Araucanía y Bio Bio se trasladaron a Santiago), para luego generar la intervención ilegal de militares, reabriendo con ello heridas del pasado, con asesinatos, miles de heridos, torturas, abusos y violaciones, con el propósito de inmovilizar a una buena parte de la población.
Hasta el 30 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó una actualización de cifras que ha recogido desde la noche del jueves 17 de octubre.
Hasta esa fecha se registraron 1.233 personas heridas atendidas en centros hospitalarios (** importante destacar que existe un alto número de atenciones fuera de centros clínicos y que van en aumento con las manifestaciones diarias en todo el País), entre ellas 68 niños, niñas y adolescentes. Esto se pudo recabar a través de la observación directa de los funcionarios del organismo en 50 hospitales a lo largo del país. De ellos, 343 han sido heridos por disparos de perdigones y 26 por balines de goma.
Asimismo, indicó que han presentado 138 acciones judiciales. Dentro de ellas cinco son por homicidio, 120 por torturas, de estas 18 son por violencia sexual; además de 13 amparos, entre otras causas. Se han registrado también, directamente por personal INDH, 4271 personas detenidas en comisarías.
Uno de los casos que destacan en el documento, es la denuncia de abuso sexual de un estudiante de Medicina en Pedro Aguirre Cerda, quien según el INDH, “fue detenido por personal de Carabineros, quienes además de insultarle y golpearle reiteradamente por ser homosexual, le imputaron un delito de robo en lugar no habitado”.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ofició el 26 de octubre al Servicio Médico Legal (SML) y a las fiscalías regionales Metropolitana Sur y Centro Norte para que aclaren la cifra oficial de personas fallecidas durante los últimos días en las protestas ocurridas en diferentes partes del país, para obtener la cifra exacta de personas fallecidas, especificando su edad, sexo, región y las causas de su deceso, ya que no ha habido claridad con respecto a los asesinatos, estimándose extraoficialmente en veintitantos casos.
El INDH hizo un llamado este 31 de octubre a las instituciones del Estado para que soliciten un peritaje internacional sobre los armamentos empleados por la policía para el control del orden público, que han provocado lesiones en cientos de personas durante las protestas, para tener certezas acerca de la composición de los objetos que se lanzan, ya sean balines, perdigones de goma o metálicos; y para conocer la composición, potencia, presión y cantidad de pólvora de las bombas lacrimógenas.
En la medida que van pasando los días de protestas y manifestaciones, las cifras han aumentado considerablemente, incluso, el 29 de octubre, un funcionario del INDH fue herido por siete balines percutados a manosalva, sumando ya tres integrantes heridos de esa institución.
Cizañas y banderas falsas: Lo del metro de Santiago y los atentados incendiarios evidencia una bandera falsa o bandera turbia. Instalaciones inmediatas en redes sociales y de prensa por grupos ligados a sectores militares hiper ideologizados comienzan a difundirse, entre ellos redes y medios informativos ligados a integrantes de Cien Aguilas, grupo donde participan entre otros, el ex vocero de Pinochet, Guillermo Garín ( Ex Vice Comandante en Jefe del Ejército ); el ex Brigadier Arturo Aranda; el ex ministro del Gobierno Militar, General en retiro y ex senador designado por Pinochet, Bruno Siebert. En este grupo participó el fallecido empresario alemán y de origen Nazi, Jürgen Paulmann.
Dentro de las Cien Aguilas, uno de sus integrantes, miembro honorario, es Rodrigo Eitel, ex vocero del brigadier Pedro Espinoza -condenado por el asesinato a Orlando Letelier y su participación en la Caravana de la Muerte, quien difundía a través de redes y medios de su cadena digital el 20 de octubre del presente año: “Chile se encuentra sometido a un ataque terrorista que sería coordinado y financiado desde el extranjero” (…) “El malestar social, el que se manifestó en diversas acciones ciudadanas, fue utilizado por un plan maestro organizado desde el extranjero, que busca desestabilizar las democracias sud americanas. El plan comenzó con Ecuador y luego se atacó Chile, en especial como acción de venganza contra las acciones del presidente Piñera contra el gobierno dictatorial del socialista Nicolás Maduro” (…) “Los daños son de gran embergadura y la intención era coordinar con infiltrados desde el extranjero, para coordinar con grupos delictuales financiados para generar organización destinada a quemar lugares emblemáticos, municipios, calles y paralizar el país, destruyendo la capacidad de movilización de la gente como la destrucción de toda instalación de supermercados para e al pueblo” (…) “Por redes sociales, ciudadanos de Ecuador hicieron llegar mensajes informando de estos operativos replicados desde Ecuador, a Chile”.
A pesar de las afirmaciones sobre responsabilidades en ataques incendiarios y de ser parte motora de este tipo de informaciones, Eitel, cercano a integrantes del Partido Republicano de Estados Unidos, según sus propias afirmaciones al Diario La Tercera el 10 de junio del 2019, por polémica del dominio partidorepublicano.cl con José Antonio Kast, quien además controla los pasquines diario Miami.com, Noticiario, Revista Oriente, Firstclass y Popstar, no ha sido llamado por la Fiscalía en las investigaciones judiciales sobre los atentados al metro, sujeto que además ha estado sindicado a otros hechos similares con respecto a montajes en causas Mapuche en el 2016, por incendios de empresas forestales en el centro y sur de Chile.
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Héctor Barros, Fiscal regional metropolitano sur a cargo de la investigación de los atentados al Metro, señaló a medios el 25 de octubre que «hemos encontrado que algunos lugares en los que se inició el fuego eran lugares bastante estratégicos para las estaciones de Metro, como donde están instalados los sistemas de electricidad». Dichos puntos «se instalan en lugares que estén protegidos» y «no son de libre alcance para todos los que transitan por la vía».
“Ni cubanos, ni venezolanos, ni alienígenas: Fiscal desmiente teoría difundida sobre atentados en el Metro”, el mismo Fiscal declaraba a medios que la Fiscalía Oriente no tiene antecedentes respecto de identidades ni nacionalidades específicas.
Sebastián Piñera el mismo 20 de octubre, comunicaba a la opinión pública que: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”. Asimismo, hizo un llamado a la unidad y a dejar “ambigüedades”, mientras los militares buscaban tomar control en diferentes localidades de Chile.
Las operaciones de bandera falsa son operaciones encubiertas llevadas a cabo por gobiernos, corporaciones y otras organizaciones, diseñadas para aparecer como si fueran llevadas a cabo por otras entidades. El nombre se deriva del concepto militar de izar colores falsos; esto quiere decir la bandera de un país diferente al propio.
Los ataques incendiarios se produjeron en zonas controlados por agentes represivos del estado, principal foco a “proteger” sin embargo al momento de los ataques incendiarios esto no sucedió. El presidente del sindicato del Metro señaló: “La mayoría de las estaciones del Metro se quemaron desde adentro por accesos restringidos”.
A las 00:15 horas del día sábado 19 de octubre, Sebastián Piñera comunicó la decisión de la intervención militar: “Haciendo uso de las facultades que me otorga la Constitución y la ley, he decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco, y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en la Región Metropolitana“, la que fue progresivamente extendida a diversas regiones del País con diversos toques de queda.
Banderas falsas se han utilizado en casos para violentar y estigmatizar causas del Pueblo Mapuche y ahora, para situarlas ante el estallido social a nivel País, pretendiendo situarlas desde sectores de la ultra derecha chilena a conflictos internacionales y a su vez, fijar enemigos internos para nuevos objetivos bélicos y represivos.
Diversas informaciones falsas se ha hecho circular a través de las redes sociales. Una de ella relacionada a la situación de los derechos humanos desde una cuenta falsa en Twitter de @albertoelizondo con siete seguidores sobre un supuesto informe emanado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que daba cuenta de “42 muertos, 12 mujeres violadas, 121 desaparecidos y miles de testimonios de tortura” en el país, la que fue retwiteada por una cuenta internacional aparentemente desde España @ChalecosAmarill el 22 de octubre, replicado por miles de personas, generando un estado de desinformación, temor y rabia, aparentemente para instaurar miedo y evitar que la población siga saliendo a las calles.
Dichas cifras fueron desmentidas por el INDH e hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía a ser responsables y a chequear la información que se difunde.
Cooptación y ofertones: El Gobierno ante la masiva evasión del metro y en los inicios del estallido social, buscó situarlo en un estado de vandalismo y delincuencia. Luego, al quedar sobrepasado por la masividad de las movilizaciones, buscó situarlas en alarmismos, actos conspirativos de enemigos y de guerra, mientras, sectores de ultraderecha instalaban en diversos ámbitos el montaje de la intervención extranjera.
Cada una de estas operaciones se fue cayendo, mientras paralelamente aparecía con representaciones de la institucionalidad como el presidente del senado, de la cámara de diputados y de la Corte Suprema, luego con cabecillas de partidos políticos del binominal, intentando dar señales de “estabilidad” y “orden estatal”, mientras, Chile comenzaba a vivir la mayor movilización de su historia contra un régimen político y económico, con millones de personas manifestándose de multisectoriales, cambiándose rápidamente la estrategia por parte de Sebastián Piñera, con urgencia, haciéndose parte y eco de las movilizaciones, apoyándola, mientras daba a conocer un paquete de ofertones sociales, con 20 medidas que son parte de la llamada Agenda Social, con las cuales el gobierno esperaba hacer frente a las demandas, indicado: «Hemos escuchado, fuerte y clara, la voz de la gente expresando pacíficamente sus problemas, sus dolores, sus carencias, sus sueños y sus esperanzas de una vida mejor», expresó.
Las ofertas sociales de Piñera no lograron mermar el estallido social en el País, en cada rincón, sumándose nuevas convocatorias de concentraciones y paros nacionales, generando consecutivamente otra señal como el cambio de Gabinete en 8 ministerios el lunes 28 de octubre, fracasando inmediatamente, mientra las protestas en Santiago han tratado de situarse frente al Palacio de la Moneda en medio de fuertes actos de violencia estatal.
Presidente y Ministros: Montajes, campañas anti mapuche y acciones criminales
Uno que quedó en el gabinete es Alberto Espina, ex senador por Malleco en la Región de la Araucanía, Ministro de Defensa de Piñera, quien fue uno de los operadores que encabezó en septiembre de 2008, denuncias sobre “vínculos entre las Farc con grupos extremistas mapuche de la región de la Araucanía”, cuya información “privilegiada” habría sido provista desde el mismo Gobierno de Uribe en Colombia en el 2006, como parte de una sistemática campaña que afloraba cada cierto tiempo desde sectores ligados a la ultra derecha chilena, con el propósito de desviar la atención de las reivindicaciones.
El propio Presidente Piñera fue parte de estas operaciones y campañas. En agosto del año 2009, como candidato, afirmaba que detrás de la violencia en el conflicto mapuche hay organizaciones terroristas extranjeras y llamaba a aplicar más ley antiterrorista y en agosto del año 2010 con su homónimo de Colombia, el ex presidente Juan Manuel Santos, dijeron a la prensa que habían acordado “cortar el ‘vínculo’” entre mapuches y las Farc”, lo que ha sido descartado en reiteradas ocasiones por instancias policiales y de inteligencia.
“Tenemos información confiable que nos hace presumir que detrás de estos incendios ha habido intencionalidad criminal y en consecuencia creemos que debemos combatir no sólo los incendios sino a criminales que presuntamente están detrás de estos incendios”, dijo Sebastián Piñera en su primer gobierno, en el marco de la muerte de siete brigadistas de forestal Mininco el 2012, mientras inmediatamente el ex Ministro HinzPeter y operadores políticos de su mismo bloque como el ex Diputado Edwards, el ex Senador Espina, actual Ministro y el ex Intendente Araucanía Molina, actual diputado, hacían entrever que detrás de esos hechos habían “causas mapuches”, mientras hacían desligar a la empresa forestal de todo tipo de responsabilidad en la ola de incendios que se registraban en el centro sur de Chile, mientras se tapaba la plaga de la avispa taladradora en las plantaciones de monocultivos y mientras ciertos operadores de justicia también apuntaba dardos a personas mapuches, hechos que en suma gatillaron una campaña racista contra el Pueblo Mapuche acusado de “asesinatos” y de “terrorismo”, mientras desde diversas organizaciones sociales acusaban de manipulación, ocultación de información y autoatentados.
Demás está decir la cercanía que el ex Presidente Piñera a los intereses de grupos empresariales forestales. El año 2006 vendía el 4% de las acciones de Antarchile y cuadruplicó su inversión en 6 años, holding perteneciente al grupo Angelini, quien posee más de un millón doscientas mil hectáreas de plantaciones forestales en el centro sur de Chile a través de Forestal Arauco – Celco. Piñera también intentó prorrogar a 20 años un decreto ley proveniente de la dictadura militar (DL 701) que además de Angelini ha beneficiado también al grupo Matte (CMPC – Forestal Mininco), con más de 750.000 hectáreas de plantaciones.
Piñera tiene un amplio prontuario de actos ilícitos y conspirativos, sumándose el involucramiento de su gobierno en operaciones contra el Pueblo Mapuche como fue “Operación Huracán” y “Operación Andes”, que gestaron abusos y persecuciones. En noviembre del 2018 es el asesinato de Camilo Catrillanca, lo que trascendió también internacionalmente ante la caída de montajes y una amplia protesta social.
En septiembre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó el informe final de la comisión investigadora del caso de Camilo Catrillanca, que establece la responsabilidad política directa del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla (que se mantiene en el cargo), en el crimen del comunero mapuche, ocurrido en noviembre de 2018.
En el texto, de 247 paginas, se detalla el rol que jugaron las distintas autoridades de gobierno en la muerte de Catrillanca, afirmándose que “las autoridades políticas bajo cuya dependencia se encuentran las fuerzas policiales tienen responsabilidad política. Ha quedado demostrado, por una parte, que la muerte de Camilo Catrillanca ha sido consecuencia de la intensificación voluntaria y consciente por parte del Gobierno, de una política de violencia institucional y criminalización del Pueblo Mapuche”.
Operación Huracán – Andes y el asesinato de Camilo Catrillanca
La “Operación Huracán”, acto desde una unidad de inteligencia de Carabineros, sectores políticos y ciertos operadores de justicia en el 2017, generó una amplia red de ilícitos, con cifras que van desde cientos a miles de teléfonos intervenidos, chat de watsap falsos, atentados montajes, aplicación de ley anti terrorista y seguidilla de criminalización a numerosas personas mapuche, todo, con el propósito de frenar reivindicaciones por derechos, principalmente sobre tierras ancestrales que involucra intereses de las empresas forestales y ciertos latifundistas de origen colonial.
La Operación Huracán no era aislada, era la antesala a la Operación Andes que intentaba llevarlo a un escenario internacional y transfronterizo (Chile – Argentina), con el involucramiento de los gobiernos de Chile y Argentina. Según investigación y publicación de Ciper Chile, las supuestas dos creaciones del “profesor” Álex Smith (Antorcha y Tubicación), la unidad de Inteligencia de Carabineros de La Araucanía preparaba el escenario para la “Operación Andes”, en la que aparecían ex miristas a cargo de un tráfico de armas desde Argentina hacia la Coordinadora Arauco Malleco en Chile. Estaba todo listo, los supuestos chat que probarían los delitos y los mapas con las ubicaciones precisas de los inculpados. Pero todo se vino abajo cuando la Fiscalía sospechó de las pruebas, luego del inicio del desmoronamiento de la operación Huracán. Todo fue una invención.
Las operaciones se cayeron y hubo una serie de acusaciones cruzadas que incluyeron intentos de manipulación de evidencia y montajes entre agentes de inteligencia de Carabineros y fiscales, con el gobierno de Piñera tratando de desmarcarse, tratando de aparecer como “víctimas” de esta unidad de Carabineros.
Cabe recordar que en septiembre del 2017, el Gobierno se hizo parte del montaje y comenzaba a hablar de tráfico de armas desde Argentina hacia las comunidades mapuche, razón por la cual el ex subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, trató con la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando viajó especialmente para ello a fines de ese mes.
Ante el asesinato de Camilo Catrillanca, quien ya estaba previamente en la mira según informes policiales de inteligencia, perpetuado por agentes del GOPE – Comando Jungla, Andrés Chadwick como Ministro del Interior, dijo a la prensa en noviembre del año pasado: “Estos son los hechos que han tenido su origen en un delito común, un asalto grave y violento contra cuatro mujeres, delito que nada tiene que ver con situaciones del conflicto mapuche. Es un delito común». Estos dichos fueron parte de las polémicas declaraciones del ministro a quien se exigió su salida, pero Piñera lo mantuvo hasta el estallido social de octubre del 2019.
El Gobierno ha sido parte de impulsar actos criminales, con prácticas de facto, donde el derecho a la vida de las personas y la integridad física y siquica no tiene importancia, siendo incapaz de asumir sus responsabilidades y en vez de atender las demandas de fondo de los diversos sectores del País, es capaz de ejecutar actos conspirativos contra los derechos humanos, haciendo uso y abuso de aparatos represores del estado, que en nada han evolucionado. ¿Habrán llegado a su fin?
Varios letreros mapuche en el marco de las movilizaciones de octubre señalan: “Ahora ya saben quienes son los terroristas”.
Por Alfredo Seguel
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