En Aysén, basta con recorrer el litoral para ver la tremenda contaminación salmonera y el sector de Mañihuales, donde opera la minera El Toqui, que ha contaminado por décadas el río con cianuro y mercurio. Sin embargo pese a la gravedad de los problemas socioambientales que han generado en las comunidades estos desarrollos, son presentados por el senador David Sandoval Plaza como “costos necesarios para el crecimiento”.
Por Andrés Gillmore.
Socio Fundador de Corporación Costa Carrera-Cuenca del Lago General Carrera Aysén y actual Past-Director
05 de noviembre de 2019
En Aysén en la actualidad existe un fuerte movimiento liderado por el senador regional UDI, David Sandoval Plaza, que quiere llevar a la región a un formato extractivista y consolidar los intereses creados que representa (Transnacionales) y que el norte de la región como un todo se dedique específicamente a la salmonicultura y que el sur se transforme en territorio minero. Intereses que van en total contraposición de los intereses de las comunidades, que se desarrollan en actividades sustentables como la pesca artesanal, agricultura, fruticultura, ganadería, viticultura y turismo de intereses especiales y que abogan históricamente por actividades sustentables.
Las comunidades de Aysén desde 1994 a la fecha, han estado defendiéndose enconadamente ante los intereses de las grandes transnacionales y muy especialmente en el sur de la cuenca del lago General Carrera que es la segunda reserva de agua dulce del planeta, donde la batalla ha sido ardua y desgastante para sus habitantes y organizaciones ciudadanas, que han tenido que defenderse con todo ante estos intereses extranjeros en la región. En la cuenca del lago General Carrera para no dejar pasar a las salmoneras, se trabajó desde 1996 en Corporación Costa Carrera y se concretó en el año 2000 que la cuenca del lago General Carrera fuese decretada como la primera Zona de Interés Turístico (ZOIT) de Chile. Posteriormente se entró en batalla en contra de las represas de HidroAysén y se logró el objetivo. Pero a pesar de todo y de todos, en la actualidad el sur de Aysén esta entrando en la tercera gran batalla por la sustentabilidad de sus comunidades en contra de las mineras extranjeras, que pretenden intervenir este territorio.
El actual gobierno de Sebastián Piñera, de manera autoritaria, improcedente y burlando la ley de los Parques Nacionales y las Reservas, el invierno pasado por medio del ministro de Bienes Nacionales Felipe Ward y del senador David Sandoval Plaza (UDI) desafectaron 3.660 hectáreas del Parque Nacional Patagonia en el sector de Chile-Chico en la cuenca del lago General Carrera, para entregarlos a minera Los Domos de origen Australiano, en una actuación improcedente y fuera de orden, que en caso de concretarse hipoteca la proyección de futuro de las comunidades de la cuenca, al afectar la denominación de origen y el sello verde que ostenta Patagonia-Aysén, de un sello que a costado sangre sudor y lágrimas desarrollar en las comunidades, mantenerlo y proyectarlo a nivel planetario y que han debido forjar su futuro ante feroces adversarios como son las transnacionales y sus amigos lobistas, políticos y gobiernos en general.
El extractivismo en Chile se restringe a simplemente garantizar las condiciones básicas a las transnacionales, en temas tales como: flexibilización laboral, ambiental, tributaria, movimientos de capital y por lo tanto, las políticas públicas se adecuan a las necesidades del capital de las transnacionales, estableciéndose como objetivo principal el crecimiento de la economía, que no tienen nada que ver con desarrollo. La participación del Estado en la renta generada por las actividades extractivas es baja con respecto al valor de la producción generada. Sin embargo, en el conjunto de la estructura de los ingresos públicos, suele ser significativa, por lo cual, se busca su incremento por extensión, es decir, aumentando la producción a como de lugar y con esta lógica, disminuyendo la presión del Estado y incrementando los ingresos con un gran costo social ante la afluencia de grandes inversiones de capital, que tienden a generar temporalmente el incremento de los ingresos públicos, de un fenómeno que consolidan las prácticas rentistas y donde los ingresos estatales pasan a depender de los recaudos derivados de las actividades extractivas y el gasto público se convierte en un simple instrumento político, que da lugar a asignaciones totalmente discrecionales por parte de las transnacionales, favoreciendo intereses internacionales y donde el papel protagonista lo asumen las empresas transnacionales y no el Estado como deberia ser, estableciendo relaciones espurias entre empresas, gobiernos y políticos totalmente asimétricas, donde las primeras imponen sus condiciones, aprovechando las tremendas necesidades que tienen los países subdesarrollados como Chile, reflejados en las debilidades estructurales: tales como la escasez de capital, los temores a desajustes en la balanza de pagos, no poder enfrentar los problemas fiscales y el temido desempleo.
Debido al carácter que adopta el extractivismo, es objeto de muchas críticas al prevalecer las barreras que coartan los beneficios que deberían generarse en el conjunto de la economía, para alcanzar un desarrollo económico desprovisto de equidad y sin una estrategia adecuada en este sentido. De ahí la preocupación de los alcances negativos de este modelo de explotación de los recursos naturales y sobre todo si consideramos las condiciones actuales del país, de las regiones y de Aysén como un todo.
El extractivismo minero y salmonero que pretende desarrollar el grupo liderado por el senador David Sandoval Plaza en Aysén, son actividades reconocidas mundialmente como actividades con grandes impactos ambientales en los ecosistemas donde intervienen. Basta con recorrer Chile de norte a sur para darse cuenta de los feroces impactos sociales y ambientales en las comunidades territoriales. En Aysén, basta con recorrer el litoral para ver la tremenda contaminación salmonera y el sector de Mañihuales, donde opera la minera El Toqui, que ha contaminado por décadas el río con cianuro y mercurio. Sin embargo pese a la gravedad de los problemas socioambientales que han generado en las comunidades estos desarrollos, son presentados por el senador David Sandoval Plaza como “costos necesarios para el crecimiento” y por los gobiernos de turno, imponiendo un concepto que precariza sistemáticamente el empleo, vulnera los territorios, los ecosistemas y la vida de quienes habitan las regiones y que en la actualidad es una forma del pasado en el mundo del futuro.
Se postula académicamente en los países miembros de la OCDE, que el modelo extractivista es inviable en el mediano plazo y que al ser desarrollado por empresas transnacionales que poco y nada le interesa el país que intervienen y donde el único objetivo es lucrar a como de lugar y codiciosamente, sin importarles la contaminación, la destrucción que proponen en las comunidades aledañas de los territorio, al presentar niveles de producción sin ningún sustento ambiental y social, disociado totalmente de la realidad material de la naturaleza; donde el fin último, no es otro que el beneficio económico de las transnacionales, traspasando las graves conflictividades socio ambientales las comunidades, violando la Justicia Ambiental y la misma constitución vigente, desarrollando problemas ambientales de gran complejidad y muy difíciles de superar, encontrándonos con un extractivismo chileno, incapaz de entregar un bienestar duradero a la sociedad en general y especialmente a las comunidades intervenidas, al reproducir una tremenda inequidad y relegando a las generaciones futuras a tener que enfrentar situaciones críticas a nivel ambiental y social imposibles de superar dado nuestro subdesarrollo.
