El Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, CODEFF, expresa su preocupación y total rechazo a la aprobación parlamentaria del proyecto presentado por el ministro de Agricultura, Antonio Walker, a la Ley de Presupuestos, que en definitiva acuerda que infraestructuras de gran envergadura puedan construirse sin requerir de estudios de impacto ambiental (EIA).
Una vez más vemos como el gobierno y los parlamentarios se alejan del clamor de la ciudadanía y que son incapaces de observar que la crisis social es también una crisis ambiental y que con este tipo de actuaciones lo único que generan es más repudio y desaprobación.
Nos parece que esta iniciativa es inconstitucional, pues la ley de presupuestos no es una ley donde se pueda modificar otras leyes y a su vez sienta un precedente nefasto con el cual se puede intervenir el ambiente y la naturaleza sin ningún estudio previo, siendo más bien una medida populista que una solución real a la problemática ambiental.
En el caso de la crisis hídrica, con esta iniciativa, se señala que “considerando la situación excepcional de escasez hídrica, la Comisión Nacional de Riego podrá permitir la postulación a concursos de la ley N° 18.450 de embalses de volumen superior a 50.000 metros cúbicos e inferiores a 300.000 metros cúbicos, sin importar la altura de su muro, sin que estos deban ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental establecido en la ley N° 19.300, que aprueba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y sus reglamentos».
Indicando además que “Los proyectos que no postulen a los concursos de CNR, pero que sean de la misma naturaleza que los antes mencionados, tendrán las mismas exenciones”.
Es decir, se podrán construir megaembalses sin estudios previos de la hidrología del sector, sin estudios de cómo el proyecto podría afectar a la biodiversidad y a las comunidades en el área de influencia, un verdadero retroceso en materia ambiental y peor aún sin garantizar que el agua sea para todos los que la necesitan y no solo para unos cuantos que la pueden ocupar en zonas muy alejadas al lugar donde se construirá el megaembalse. Esto es lo que realmente nos parece increíble, que para este tipo de proyectos no se haga cumplir la ley del SEIA.
Estamos a favor de una solución a la crisis hídrica, que es mucho más compleja que lo que se pretende mostrar y que involucra resolver de una vez por todas temas como la privatización del agua, la forma en que los grandes empresarios se han apoderado de este recurso así como acceso soberano al agua por las comunidades que hoy que la han perdido. Esto implica una reforma al código de aguas que ya lleva 8 años en el congreso.
Lo que la ciudadanía y las organizaciones ambientales están demandando en materia del agua es leyes que garanticen acceso libre de todos los chilenos a este recurso, leyes que protejan las fuentes de agua como los glaciares, una política y acciones claras de adaptación al cambio climático y escases hídrica, asegurar la salud de los ecosistemas en relación al agua, etc.
Solicitamos a las autoridades del poder ejecutivo y legislativo retiren estas indicaciones a la Ley de Presupuesto y que en conjunto con la ciudadanía, la comunidad científica y las organizaciones de la civilidad busquen soluciones reales y transversales a la actual crisis ambiental por la que atraviesa nuestro país.
Reiteramos que se debe reconocer que la crisis social es también una crisis ambiental.
