En la nueva Constitución es fundamental establecer que los recursos marinos son un bien público y como tal no pueden ser entregados como propiedad privada de carácter indefinida, por mucho que se planteen los llamados ‘derechos históricos.
Santiago de Chile, 6 de enero 2019. (Ecocéanos News).- La anulación de la “Ley Longueira” que privatizó los peces, la creación de un Ministerio del Mar, la promulgación de una nueva Ley de Pesca que opere por sobre los ministerios, y que los Comités Científicos-Tecnológicos sean los responsables de determinar las cuotas de pesca son algunas de las propuestas que científicos plantearon -en entrevista con Ecocéanos News-, respecto a los elementos que debe contener el debate constituyente para la creación de una nueva Constitución.
Para el Dr. Nicolo Gligo, académico del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, la “Ley Longueira”, cuya promesa al promulgarse fue solucionar los problemas de sobreexplotación, “no ha cumplido su objetivo, todo lo contrario, las presiones han seguido aumentando sobre el mar. Tenemos conocimiento científico para realizar las modificaciones, pero no hay voluntad política, además de muchos intereses en juego. La solución es adoptar medidas mucho más firmes, duras, regulaciones que ordenen los ecosistemas, que protegen el recurso”.
“Las leyes que rigen son ineficaces e ineficientes, no sirven de nada. La “Ley Longueira” tiene que ser anulada o cambiada a tal nivel que entregue otras herramientas, otros sistemas de control, otra asignación de cuotas. La actual ley favorece a unos pocos”.
El Dr. Eduardo Tarifeño, académico del Departamento de Zoología de la Universidad de Concepción y socio fundador de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar y de la Sociedad Chilena de Acuicultura, aseguró que la “Ley Longueira” es un caso curioso de contradicciones en su enfoque, dado que le entregó el “derecho de propiedad” de las principales pesquerías nacionales a las famosas “7 Familias Pesqueras”, pero además estableció a los “Comités Científico Técnicos” como instancias de análisis del estado de las pesquerías y aplicación de los Puntos Biológicos de Referencias para determinar las cuotas de pesca. Es decir, se dio mayor importancia a las opiniones científicas y técnicas, evitando que las decisiones fueran tomadas por el Consejo Nacional de Pesca, instancia donde se ejercían las presiones ilegales para obtener cuotas excesivas.
El investigador recuerda que cuando asumió el primer gobierno de Sebastián Piñera, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, acogió las recomendaciones de los profesionales de la Subpesca para caracterizar la situación de explotación de los recursos pesqueros en tres categorías: i) sobreexplotadas, ii) agotadas o colapsadas y iii) en plena explotación; lo que se llamó el “Semáforo de Fontaine” (rojo = agotadas o colapsadas; amarillo = sobreexplotadas: verde = en plena explotación).
El Dr. Eduardo Tarifeño añade que Fontaine fue inicialmente de la idea que las pesquerías más importantes debían ser licitadas y no entregadas por derechos históricos. Este punto de vista fue totalmente inaceptable para el sector pesquero industrial que usó todo su poder político-económico para solicitar la salida de Fontaine del cargo de ministro de Economía, siendo reemplazado por Pablo Longueira, quien con su conocida “muñeca política” logró alinear al sector pesquero industrial y gran parte de los artesanales, en apoyo a su propuesta de modificaciones a la ley de pesca, que se apodó como “Ley Longueira”. Es poco conocido que el eje y filosofía de la reformas de la ley de pesca fue elaborada en el Instituto de Libertad y Desarrollo, “think-tank” de la UDI, precisa el Dr. Tarifeño.
Ley Longueira: “El gato a cargo de la carnicería”
El Dr. Tarsicio Antezana, M.Sc. y Ph.D en Oceanografía de la Universidad de California, y Biólogo Marino de la Universidad de Chile, afirma que la “Ley Longueira” es la continuidad de un sistema de explotación que estaba concentrado en unas pocas empresas, con capacidad para manejar los mercados. Esta ley fue influenciada altamente por la empresa privada y los resultados son elocuentes: no ha habido recuperación de las pesquerías, no existe conocimiento y por tanto no es posible pronosticar qué ocurrirá el 2030 o en 5 años”.
El Presidente de la Asociación para la Defensa el Ambiente y la Cultura de Chiloé indica que se estableció judicialmente que desde su origen la “Ley Longueira” estuvo viciada por actos de corrupción de algunos parlamentarios. “Fue reconocida como una ley malparida, y es urgente poder anularla y partir de una base más rigurosa en cuanto al conocimiento del ecosistema que sustenta las pesquerías, con la conformación de grupos de investigación independientes, comités científicos, que asignen las cuotas”.
“La “Ley Longueira” deja al gato cuidando la carnicería, le entrega la propiedad de los recursos a las mismas empresas que por décadas han sobreexplotado los recursos, y son las responsables que se perdieran tres cuartas partes del Patrimonio Pesquero y de devastar la mayoría de las principales especies pelágicas y demersales de propiedad de todos los chilenos”.
Tarsicio Antezana interpela al gobierno y a los parlamentarios a reconocer que el sistema ha fallado. “Se ha acentuado la inequidad, de tal manera que hay que hacer un examen riguroso y objetivo. Me preocupa que no hay un ente lo suficientemente independiente de la industria, que pueda hacer las investigaciones que se requieren en forma objetiva y rigurosa. A partir de la “Ley Longueira”, la pesca artesanal ha sido diezmada, se ha ido eliminando esta cultura”.
Nueva Constitución por una pesca sustentable
Los investigadores fueron consultados por Ecocéanos News respecto a qué elementos deberían incorporarse en la nueva Constitución para enfrentar la sobreexplotación y generar una pesca sustentable.
Para Eduardo Tarifeño, en la nueva Constitución es fundamental establecer que los recursos marinos son un bien público y como tal no pueden ser entregados como propiedad privada de carácter indefinida, por mucho que se planteen los llamados “derechos históricos”. Otra parte, en las nuevas modificaciones de la Ley de Pesca y Acuicultura, se debería fortalecer la función de los Comités Científicos-Tecnológicos, entregando a estas instancias de análisis pesqueros la responsabilidad de determinar las cuotas de pesca; es decir, una decisión vinculante, y no sólo determinar el rango dentro del cual la Subpesca podría fijar las cuotas de pesca, como ocurre actualmente en la ley de pesca.
Por otra parte, se debería cambiar la política de explotar los recursos marinos con el concepto de “máximo rendimiento sostenido” como el límite de explotación, sino que evitar llegar a dicho límite que tiene una visión economicista, y por lo tanto las cuotas de pesca deben evitar llegar a dicho máximo. Asimismo, las cuotas deben ser fijadas considerando los Punto Biológicos de Referencia con el menor índice de riesgo posible y con enfoque ecosistémico, dado que todos los recursos pesqueros forman parte de complejas redes de interacciones de especies, poblaciones y comunidades marinas.
Para el Dr. Nicolo Gligo, “la nueva Constitución debiera considerar que el país requiere un ordenamiento de los territorios: terrestre y marítimo. Crear áreas de protección, definir cuál será preservada, sobreexplotada, mixta, etc. Se necesita una ley muy vinculante y que opere por sobre todos los ministerios”.
Asimismo, “se debe pensar el país que queremos, bajo una reorganización del territorio de manera armónica. En este momento, no tenemos armonía, la mayoría de nuestro territorio está en conflicto, lo que significa deterioro y pérdida de recursos. Chile cada vez tiene menos posibilidades de desarrollo”.
El académico de la Universidad de Chile agrega que para algunos sectores es fundamental el rol de las organizaciones de base por su conocimiento del territorio, pero sobre cierta soberanía para tratar de resistir los embates que muchas veces surgen para ser expoliados.
“Teóricamente los recursos renovables son permanentes, a diferencia de los no renovables. Tenemos un sistema que maneja muy mal los recursos, que los deteriora. Los recursos no renovables, como la minería, deberían tener un royalty mucho más fuerte para posibilitar su explotación”, precisa Nicolo Gligo.
El académico reafirma que «el modelo de desarrollo, que era considerado la panacea, está en crisis, y no sólo en Chile también en otros países como Colombia y Argentina. El sistema socialista tampoco resultó ser una solución, por lo tanto tenemos que crear un sistema que garantice el buen vivir. El actual sistema no da para más, el estallido social es causa del colapso del sistema”.
Nueva Constitución: eliminar el principio de subsidiariedad del Estado
Para el Dr. Tarsicio Antezana, “en la nueva Constitución no puede seguir manteniéndose el principio de la subsidiariedad, especialmente en el patrimonio marino el Estado debe asumir un rol. No puede ser que los privados sean subsidiados por el Estado para conocer el ecosistema y explotar los recursos».
Denuncia «indolencia» para abordar el estudio de los ecosistemas. «Cuando existe desconocimiento se debe aplicar el enfoque precautorio, que la propia ley de pesca establece, pero no se cumple. Tal es la ignorancia que a cualquier evento, como el colapso de los recursos, se le atribuye al cambio climático».
Desde Chiloé, el investigador advierte que los fondos de investigación científica y tecnológica son muy reducidos. Esto -advierte- resulta más grave aún en el caso del mar, que es extenso y con un ecosistema tan diverso. «Son muy pocos los buques oceanográficos en Chile. Al buque de la Armada habría que preguntarle ¿cuánto ha contribuido en el conocimiento de los procesos ecosistémicos que determinan el estado y cambios de las poblaciones y de los recursos?, pues es obligación del Estado conocer los ecosistemas”.
El Dr. Tarsicio Antezana critica que en Chile no exista un Ministerio del Mar. “En la falta de interés percibo cierta colusión entre el gobierno y la industria para permanecer en la ignorancia, y que opere la ley de la selva para manejar a su antojo el patrimonio marítimo”.
